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Yolanda Ibarrola, consejera de Justicia.
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Yolanda Ibarrola, consejera de Justicia. (Foto: Kike Rincón)

La Comunidad, dispuesta a convertir el rumano o el árabe en 'idiomas judiciales'

domingo 14 de octubre de 2018, 09:00h

El rumano o el árabe son dos de las lenguas más demandadas en los servicios de traducción e interpretación que ofrece la Consejería de Justicia en los procesos judiciales de la región. Eso sí, ambos son ofrecidos por una empresa externalizada, al contrario que el chino o el árabe. Ante esta situación, el director general de Justicia abre la puerta a ampliar la cartera de idiomas públicos una vez finalizado el plazo de concesión en 2020.

La Justicia es universal y, como tal, el idioma de procedencia no debería ser ningún impedimento para llegar a ella. Para asegurarse de que esto es así, la Comunidad de Madrid cuenta con un servicio que ofrece a todo juez de la región la posibilidad de contar con un intérprete o un traductor durante el proceso judicial.

En este sentido, es el magistrado de turno quien cuenta con la potestad para decidir si hace falta o no este servicio que la Consejería oferta con un modelo mixto.

Una vez que los órganos judiciales plantean su solicitud, el área dirigido por Yolanda Ibarrola comprueba si puede atenderla con personal propio o si se lo encarga a una empresa adjudicataria.

Durante 2017, los idiomas más demandados en servicios de interpretación fueron el rumano (2.107), el árabe (1.143), el chino (953), el inglés (702) o el búlgaro (538) y, en traducción, el español (295), el inglés (190) o el alemán (124).

Unas cifras que se han mantenido constantes en los últimos años y que pueden provocar un cambio en los idiomas que tiene en cartera pública la Consejería. En la actualidad, se prestan, sin recurrir a la externalización, los idiomas como el árabe, el francés o el chino, pero no el rumano o el búlgaro, que copan las listas de peticiones.

Así, su incorporación es una posibilidad que la Consejería abordará una vez termine la actual concesión a la empresa adjudicataria Seprotec, que cuenta con un contrato por un importe de 1,3 milliones de euros que finaliza en 2020.

Entonces, tal y como explica el director general de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración Justicia, Pedro Irigoyen, “se estudiarán las necesidades para optimizar los servicios públicos” en el nuevo pliego, que podría incorporar ambos dialectos.

Eso sí, lo que no se pretende modificar es la forma en la que se asegura la calidad de los servicios. Fuentes de la Consejería explican que el año pasado se realizaron casi 8.800 servicios en más de 65 lenguas (incluidas el fula, el sango o el tigriña) y “solo” se recibieron cuatro quejas, un número “residual” que no justifica, dicen, las quejas trasladadas por magistrados a las que dio voz la Cadena Ser hace unas semanas.

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