El Ayuntamiento de Madrid "sale de la vía administrativa y entra en la vía penal" elevando a la Fiscalía a una docena de locales de ocio, en principio, por un delito de insolvencia punible después de años de acumular multas, sanciones y quejas, incluso órdenes de cierre, por exceso de ruido o de aforo. El Gobierno local busca con este cambio imponerse a las "tretas administrativas y jurídicas" que impiden en ocasiones ejecutar las sanciones.
La portavoz del Gobierno local, Rita Maestre, ha anunciado este jueves el primer resultado de una comisión creada para analizar la situación de locales de ocio que acumulan sanciones, quejas e incluso órdenes de cierre, que "tardan años" en ejecutarse al tramitarse por la vía administrativa.
Ahora se abandona ese camino y se toma la vía penal con el objetivo de ganar rapidez en las ejecuciones. Así las cosas, el expediente de cada local sancionado será trasladado a la Fiscalía. Se acompañará de los pertinentes informes de Policía Municial, Agencia Tributaria y Área de Medio Ambiente, entre otros. Si hay caso, se seguirá adelante con la tramitación. Entonces, el Ayuntamiento se personará como acusación particular.
De momento, hay 12 casos abiertos, aunque, según Maestre, existe un "número elevado de locales que se encuentran en una situación similar".
El Ejecutivo local busca imponerse a las "tretas administrativas y jurídicas" empleadas por "auténticos entramados empresariales con una enorme capacidad para buscar atajos de la Administración" con los que se declaran insolventes en los procesos sancionadores.
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