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ENTREVISTA

La UAX y Thomson Reuters Aranzadi editan 'La reforma constitucional: propuestas y desafíos'.
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La UAX y Thomson Reuters Aranzadi editan 'La reforma constitucional: propuestas y desafíos'. (Foto: Javier Bernardo)

Javier López de Goicoechea Zabala: "La reforma territorial da un vértigo terrible a todos los partidos"

viernes 15 de junio de 2018, 12:45h

Doctor en Filosofía y en Derecho, Javier López de Goicoechea Zabala es profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio. Como tal ha coordinado el libro 'La reforma constitucional: propuestas y desafíos', que, editado por la propia UAX y Thomson Reuters Aranzadi, acaba de ser presentado. En un momento de intensa vida política en España, la publicación de la obra coincide, además, con el 40 aniversario de la Carta Magna.

¿Por qué nace este libro?

Es fruto de un proyecto de investigación que iniciamos los profesores de Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio hace tres años. Ya habíamos realizado un estudio hace diez años sobre la Constitución. En aquel tiempo se trataba de hacer un balance y marcar unas perspectivas de futuro del texto constitucional. Posteriormente, coincidiendo con el 40 aniversario de la Carta Magna, decidimos hacer un segundo repaso a cómo estaba la cuestión con todos los problemas de los últimos tiempos para enfrentarnos, no ya a un balance, sino a una propuesta de reforma.

¿Por qué es necesaria una reforma de la Carta Magna?

La sociedad actual, dinámica y compleja, ha evolucionado muchísimo en estos 40 años. La sociedad española del siglo XXI no es la de los años 70, cuando se fragua el texto constitucional. Esto no es malo. Al contrario; sería terrorífico que no hubiera avanzado. En ese cambio profundo es necesaria la adecuación de las leyes a los nuevos tiempos. No hay que tener miedo, y sí muy presente, además, que hay muchas cosas que hace 40 años sencillamente no existían.

"Hay muchas cosas que hace 40 años sencillamente no existían"

¿Considera que puede haber cierto miedo o vértigo a cambiar la Constitución en España?

Sin duda, y es por la cuestión territorial, el gran problema que tenemos. Ni siquiera la Corona hoy es un problema. No. El gran problema es el territorio. La configuración de lo que somos como país y como Estado. Por los acontecimientos políticos de los últimos meses, es obvio que adentrarse en una reforma territorial de España da un vértigo terrible a todos los partidos y a toda la sociedad española. Habilitar consensos tan amplios como los que exige esta cuestión es complicado. Pero si hace 40 años, en una situación más complicada que la actual, se hizo, ahora también puede haber un nuevo consenso. A fin de cuentas, cuando salta la cuestión territorial es porque las mamparas de este gran buque que es España están crujiendo. Podemos taparnos los oídos y no escuchar nada o afrontar con normalidad que hay que reformar dicho buque para que pueda seguir en marcha con total normalidad.

"Uno puede taparse los ojos y los oídos, pero está claro que hay unas costuras que se están deshilachando"

¿Es el momento oportuno para abordar dicha reforma?

No todas las reformas tienen el mismo cauce formal. Hay algunas muy simplificadas para las que no son necesarias mayorías especiales; incluso algunas podrían hacerse con lo que se llama mutación constitucional a través de los cambios legislativos. Pero hay otras de fondo que sí exigen una reforma agravada, que implica la disolución del Parlamento, un referéndum y una nueva constitución de la Cámara. Para eso están los políticos: para formalizar las fases y las fechas de manera que no se interrumpa la vida parlamentaria, social y política. Si hay voluntad y mayoría suficiente, se puede hacer de manera pactada, pausada y perfectamente diseñada. Es complicado saber si hay mayorías suficientes, sobre todo en el tema territorial, pero tenemos que ser conscientes de lo que ocurre, y no solo en Cataluña; ya a principios de los años 2000 sucedió algo similar en el País Vasco. Uno puede taparse los ojos y los oídos, pero está claro que hay unas costuras que se están deshilachando. Afrontarlas es el deber de toda la sociedad, pero sobre todo de los partidos políticos. Si no quieren hacer nada, no les vamos a obligar, pero es un buen momento para, igual que pasó en el 78 con una situación política muy dura, intentar un acuerdo. Entonces lo consiguieron partidos y personas con maneras de pensar muy distintas. ¿Por qué no puede haber ahora un consenso de mínimos para reformular lo que somos como país y como Estado? Hay que intentar integrar las voces secesionistas o críticas.

¿La llegada del PSOE al Palacio de la Moncloa puede facilitar esa reforma?

El PSOE siempre ha tenido dos almas. Por un lado, se debe a sus votantes, digamos, del resto de España, que son muy críticos con cualquier tipo de reforma que implique una especie de plus para las llamadas nacionalidades históricas. Por otro lado, tiene otro alma mucho más proclive a esa diferenciación. Siempre recuerdo que es la Constitución la que asentó la diferenciación entre nacionalidades históricas y regiones. Desde una perspectiva histórico-crítica, cuando se habla de nacionalidad diferenciada de región, se atiende a que hay núcleos dentro de este pacto que es el Estado español donde se reconoce una cierta nacionalidad cultural. Si no, que alguien me explique qué significa nacionalidad. Nacionalidad es lo que los clásicos en el XIX denominaron nación cultural. Sin referencias de Estado, pero son naciones culturales que aparecen en la Constitución. Por motivos diferentes, en estos 40 años se ha diluido esa diferenciación entre nacionalidad histórica y regiones, el famoso café para todos, la LOAPA del año 81, y luego se ha convertido en una especie de mercado competencial por ver quién atrapa más competencias al Estado. Creo que eso ha sido un error porque dicha diferenciación aparece en la Constitución, en el artículo 2, que dice que el Estado se compone de nacionalidades y regiones. Una nacionalidad no es más que una nación cultural que pertenece a un Estado. Ese elemento, que se completa con la adicional primera de los derechos históricos, tiene una gran oportunidad de desarrollo.


¿El futuro de España pasa por un Estado federal?

Personalmente, creo que el federalismo tal cual no saciaría las demandas del País Vasco y Cataluña, pues hay un elemento de distinción formal que quieren mantener. Un federalismo simétrico no serviría de cauce para sofocar los problemas secesionistas. Un federalismo asimétrico quizás sería más respetuoso con lo que los nacionalistas vascos y catalanes desean. Por ahí tendría que ir la cosa... Además, el artículo 2 plantea que España es una unidad esencial. Considero que hay que superar ese concepto e ir hacia una unión. No es lo mismo definir España como una unidad que como una unión. En la introducción del libro decimos que la Constitución es el pacto social por excelencia. Las comunidades más tendentes al nacionalismo y secesionismo tienen que contribuir al pacto constitucional, que es esencialmente político. Hay que hacer que esas comunidades se integren en lo pactado con lealtad y solidaridad con todas las demás.

Plantea modificar el artículo 16, referente a la libertad religiosa. ¿Qué propone y por qué?

La libertad religiosa está amplísimamente garantizada en nuestro país para todas las confesiones, pero la sociedad de 2018 ha cambiado muchísimo con respecto a la de los años 70. España se ha secularizado de una manera muy rápida y esto obliga a integrar el principio de cooperación con las confesiones. Entonces la Iglesia católica tenía una preponderancia importantísima. Además, se firma un acuerdo internacional con la Santa Sede. Hoy, en un país muy secularizado, es necesario tener mucho más en cuenta el principio de no discriminación entre confesiones para ir hacia un modelo más garantista para todas. Y, sobre todo, hay que adecuar y delimitar hasta dónde pueden llegar los acuerdos con las confesiones en un Estado laico.

"No hay que formar para hoy, sino para el futuro. No es fácil, pero hay que intentarlo"

También proponen reformas en materia educativa...

Como profesores universitarios, vemos cómo llegan los alumnos a 1º de carrera, con una formación aceptable pero a veces también con unas fallas importantes. Eso se debe al cambio constante de modelo educativo. Deberíamos tender a modelos estabulados donde demos un amplio margen de desarrollo a las leyes que, bajo un pacto consensuado, dejen tranquilo al sistema educativo. El desarrollo de una ley educativa no se puede ver a corto plazo. Por eso hay que hacerla bien y sobre todo pensar en qué tipo de estudiante queremos en el futuro. Qué tipo de estudiante necesita la sociedad y revisar los planes de estudio. Hay que mirar lejos, determinar qué es lo que la sociedad demanda y qué necesidades formativas y educativas tiene un chaval de, por ejemplo, 8 o 10 años. Hay que asentar una reforma educativa, no desde parámetros políticos, sino desde la perspectiva de favorecer a generaciones enteras, dotarles de una formación a futuro. No hay que formar para hoy, sino para el futuro. No es fácil, pero hay que intentarlo. Eso requiere un pacto educativo que hasta ahora no ha sido imposible. Es una lástima.

La Corona, lo decía antes, no es hoy un problema, pero es una de las reformas que hay que abordar.

En lo que se refiere a la sucesión con preferencia del varón es algo que en el momento en que se hagan las demás reformas se va a 'colar', como se suele decir, para normalizarnos con respecto al principio de igualdad y no discriminación. Tenemos la suerte de que nuestras infantas son niñas, pero podían haber sido niños. Tenemos un problema de inadecuación profunda en la sucesión de la Corona en el marco de la no discriminación de la mujer. Cuando se abra el melón constitucional una de las reformas que va a entrar será, por supuesto, esta adecuación lógica.

En el ámbito político, y en un momento en el que las mayorías absolutas parecen algo del pasado, proponen modificar el artículo 99 para recortar los tiempos y evitar que España, llegado el caso, vuelva a estar tanto tiempo en funciones como en 2015.

Nuestro país ha vivido 40 años en una situación democráticamente cómoda porque el bipartidismo permite una estabilidad bastante grande. Pero esto, con la aparición de los nuevos partidos, ya no es así, lo que obliga a conformar alianzas complicadas. Dado el nuevo marco político que parece que se instaura en España, convendría dotar de instrumentos, sobre todo de tiempos, que eviten que pueda volver a estar tanto tiempo en standby para conformar un Gobierno. Una vez más, se trata de adecuar la Constitución a la realidad social española.

Una sociedad, la española, que también proclama su derecho a la vivienda, recogido en la Carta Magna...

El derecho a la vivienda se dice muy fácil, pero es muy complicado llevarlo a cabo. Evidentemente, todo el mundo quiere una vivienda digna. ¿Cómo implementar esto de una manera razonable con los Presupuestos tan tasados que tenemos desde la UE? La clave es convertir el derecho a la vivienda en un derecho subjetivo de la persona. A partir de ahí, alimentar políticas que ya en algún momento se han determinado, como fomentar el alquiler para que todo el mundo tenga acceso. Pero también son necesarios elementos de técnica jurídica para que la Administración pueda dotarse de un 'parque' inmobiliario que pueda revertir a las personas con menos capacidad adquisitiva. Se trata de no quedarse en una declaración casi poética de que todos tenemos derecho a una vivienda digna.

"Que el CGPJ esté sometido a cuotas políticas es muy grave"

¿Y en cuanto a la separación de poderes?

Es uno de los grandes problemas de España. Es normal que haya una correlación entre el ejecutivo y el legislativo, pero la piedra de bóveda es el poder judicial. Hay una propuesta de reforma de la configuración del Consejo General del Poder Judicial para intentar despolitizarlo en base a que sus componentes sean jueces, magistrados o juristas, y no cuotas de los partidos políticos. Que el CGPJ esté sometido a cuotas políticas es muy grave. Si el poder judicial es autónomo, tenemos que dejar que sean ellos quienes configuren su propio cuerpo orgánico. Si les introducimos un 'marcapasos' político por la configuración de bloques, estamos incrustando el ámbito político en el judicial.

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