Las medidas que llevaba consigo la ley de transexualidad que aprobó la Asamblea en marzo de hace dos años siguen sin cumplirse. Arcópoli y Cogam se reunieron ayer con el Defensor del Pueblo para entregarle toda la documentación que acredita que la Comunidad está incumpliendo la ley "de forma reiterada por voluntad política".
Hace ya casi dos años, el 17 de marzo de 2016, la Asamblea de Madrid aprobaba la ley de transexualidad "más avanzada de España" con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP. Este texto salía adelante después de que la oposición tumbase el proyecto defendido por la presidenta Cristina Cifuentes varios meses antes y presentase uno propio.
Entonces, la diputada socialista Carla Antonelli, envuelta en una visible emoción, exponía que ese era el "comienzo de algo nuevo: el principio del fin de las discriminaciones históricas a este colectivo". Pero ese principio todavía no ha llegado. Más de seiscientos días después, la diputada y los colectivos Arcópoli y Cogam han denunciado ante el Defensor del Pueblo que esta ley es "papel mojado".
La propia Antonelli explica, en declaraciones a Madridiario, que el Gobierno está llevando a cabo "una huelga de brazos caídos" con excusas "falsas", como la falta de competencias. El caso, asegura, es que otras comunidades autónomas, como Valencia o Baleares, han copiado el texto aprobado aquí y lo están cumpliendo "a rajatabla". Por lo tanto, ve claro que es una "cuestión ideológica" a la que plantarán cara porque esa ley "se va a cumplir sí o sí".
Incumplimiento "general" de la ley
Este texto introducía aspectos como la creación de un DNI 'transitorio' y la garantía del acceso a los bancos de óvulos y semen y a las técnicas de reproducción asistida, así como la congelación de tejido gonadal y células reproductivas para su futura recuperación por personas transexuales.
De la misma forma, también incluía en el currículum educativo contenidos sobre la identidad de género y el respeto a la diversidad, con posibilidad de convertirse en asignaturas más adelante.
Medidas que han quedado en nada. Abril Sotelo, vocal de transexualidad de Arcópoli, coincide con Antonelli en que es un problema "de voluntad política" e incide en que, a día de hoy, "ni se ha elaborado el reglamento educativo, ni se está expidiendo la documentación administrativa" -como los carnets de identidad- y, además, se está negando el tratamiento médico a personas del colectivo.
En el escrito remitido, se señalan directamente puntos como la "descentralización sanitaria, la no creación y conformación del Comité Consultivo, la no congelación de tejido gonadal antes de iniciar un tratamiento hormonal o la no creación de programa marco para personas trans en grave riesgo de exclusión".
La Comunidad, sin autocrítica
Por su parte, el Gobierno regional trata de aligerar el peso de estas críticas. El portavoz de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, replicó este martes que el Ejecutivo sí ha empezado a aplicar algunas de las medidas contempladas en este articulado. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el popular detalló ante la prensa que ha realizado medio centenar de "acciones formativas" en 2017 que han alcanzado a 11.000 madrileños y citó la puesta en marcha de "protocolos" en centros educativos y en el servicio de Emergencias 112.
Garrido, eso sí, admitió que aún quedan puntos por implementar y puso su agenda a disposición de la oficina del Defensor del Pueblo para cerrar una reunión con su titular en funciones, Francisco Fernández Marugán. "Estaremos encantados de recibirle", agregó.
El 'número dos' de la presidenta -que incluso ensalzó el "trabajo francamente digno" de Antonelli- aprovechó así para reivindicar una vez más el derecho del Gobierno Cifuentes a pastar bajo la sombra de la bandera arcoíris. El PP madrileño busca desde el inicio de la Legislatura reposicionarse como punta de lanza 'gayfriendly' en el partido nacional y dejar atrás su pasado más reciente en las antípodas ultraconservadoras. "Estamos concienciados", insistió Garrido.
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