Posteriormente, Rato ha insistido en la "exclusión del Banco de España" en la operación de rescate de Bankia, tanto a la hora de decidir el aprovisionamiento en las reuniones a las que no acudió, como en la posterior inyección de capital, solicitada por el nuevo equipo del actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri, como consecuencia de la reformulación de las cuentas.
En este sentido, ha recordado que el entonces gobernador aludió a que se le había "exigido silencio", y que la inyección de 19.000 millones no tuvo en cuenta su opinión --a pesar de que "por ley tiene que decidir sobre los bancos", ha dicho--. Esta cifra, ha recordado, también contravino la opinión de Oliver Wyman, firma auditora contratada por el Gobierno de Rajoy para evaluar el estado de la banca.
"(Este informe) Solo respaldaba 19.000 millones en el escenario más estresado, y en un plazo de tres años", ha subrayado, recordando que, en su comparecencia ante la comisión de investigación, el entonces subgobernador Javier Aríztegui aludió a ese informe diciendo que, de toda la banca, únicamente había que aprovisionar 4.000 millones de crédito inmobiliario renegociado.
La reformulación de las cuentas
"Deloitte no firmaba las cuentas. Tenía, por contrato y por ley, que dar su opinión. No la dio, pero la había dado informalmente", ha aseverado, asegurando que el 19 de abril señaló en un documento que "no tenía ninguna salvedad". "Si hubiera dado su opinión, que estaba obligado por ley, y que nadie se le ha exigido, y por contrato, la reformulación probablemente no se hubiera podido hacer", ha apostillado.
Esta reformulación, ha insistido, fue ilegal, y ha asegurado que así lo consideran todas las partes de la causa abierta por la Audiencia Nacional. "El juez, el fiscal, el FROB, los peritos, los peritos privados... Todos coinciden en que la reformulación es ilegal. Hasta el FROB, que es el primer accionista de Bankia", ha aseverado.
Así, ha explicado que el agujero patrimonial de casi 3.000 millones no debían haberse contabilizado, según las normas internacionales y españolas de contabilidad, ya que eran consecuencia de cifras o efectos económicos posteriores a unas cuentas ya cerradas.
Crítica a Deloitte
A renglón seguido, ha cargado contra Deloitte por no ratificar formalmente las cuentas, a pesar de dar opinión favorable de manera informal, y después dar la luz verde a la refomulación. "No cumplió su obligación legal y contractual de dar su opinión sobre el 2011 y, sin embargo, da su opinión favorable de unas cuentas en la que todo el mundo coincide, hasta el primer accionista de Bankia, que son ilegales", ha manifestado.
Por último, ha negado tener responsabilidad alguna del rescate de la entidad, traspasándola a los diputados, por controlar la acción del Gobierno, a los nuevos gestores de la entidad tras su salida, y al propio Ejecutivo, recordando también que Guindos afirmó ante el Congreso que daría a los nuevos gestores lo que pidieron y que el propio Goirigolzarri amenazó con dimitir si no se inyectaban esos 19.000 millones.
"Ustedes (en referencia a los diputados) son responsables de esos 19.000 millones. Yo no los pedí. Yo los que pedí fueron 4.600 millones que me dio el FROB. Se pidieron por responsables nuevos de Bankia, al Gobierno, sin contar con la opinión del Banco de España, en base a una reformulación que ahora dicen que es ilegal. ¿No es este el Parlamento? ¿No son los que controlan al Gobierno? Pues lo tienen todo ahí", ha declarado.
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