Madrid vive una semana convulsa en el ámbito de la atención social, tras la visita del Papa León XIV a la capital. Primero fueron las informaciones sobre la retirada de enseres sin previo aviso a quienes duermen en la calle. Más tarde, llegaron las acusaciones sobre una supuesta intensificación de estos operativos en los días previos a la visita del Pontífice. Y ahora, quienes trabajan cada día con esa realidad han decidido dar un paso adelante y denunciar públicamente que existe una degradación del servicio que afecta a quienes lo sostienen.
La plantilla de Madrid en Calle, encargada de la atención directa a personas sin hogar en la capital, ha protagonizado este miércoles una concentración frente a la sede del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, dirigida por José Fernández, ubicado en el Paseo de la Chopera. Allí, trabajadores del equipo de calle, respaldados por los sindicatos Co.bas y CNT, denunciaron lo que consideran un progresivo deterioro de sus condiciones laborales y alertaron de que esa situación repercute directamente en la calidad de la atención que reciben las personas más vulnerables de la ciudad.
La movilización se produjo después de varios días en los que el foco mediático se había centrado en la actuación municipal respecto a las personas sin hogar.
La recogida de enseres
La controversia comenzó tras conocerse la preocupación de varios profesionales de los equipos de calle por una instrución que, según denunciaron, les impedía avisar con antelación a las personas sin hogar cuando se iban a activar protocolos de limpieza en los lugares donde viven, tal y como adelantó el diario El País.
Antes de este protocolo verbal, los trabajadores comunicaban de forma previa estas actuaciones para que las personas afectadas pudieran recoger su documentación, medicación, ropa o cualquier otro objeto personal. Sin embargo, varios profesionales trasladaron al Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid que esa práctica había dejado de permitirse.
En el escrito remitido al Colegio profesional se advertía de que esta situación podía generar "indefensión", provocar la pérdida de pertenencias esenciales y romper los procesos de intervención social construidos durante meses o incluso años.
Adolfo Rodríguez, presidente del Colegio de Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid, ha confirmado a Madridiario que los trabajadores del equipo de calle de la ciudad sí que trasladaron la situación a la coorporación profesional y que son conocedores de que existe ese, como lo denomina la oposición, "protocolo de la vergüenza".
"Queda una reunión en la que hablaríamos sobre esa instrucción y el comité ético y el responsable de deontología del colegio profesional harán un dictamen si valora que los educadores sociales no tienen que cumplir esa directriz", expone Rodríguez.
Para el Colegio de Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid, la "atención siempre tiene que estar centrada en la persona", por lo tanto, consideran que "siempre hay que mirar el bienestar de las personas" y ese protocolo verbal "no cumple con ello".
Las denuncias sobre la retirada de enseres a personas sin hogar también ha provocado una dura reacción por parte de la oposición municipal. Tanto Más Madrid como el PSOE han exigido explicaciones al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida tras las informaciones que apuntan a que las personas que viven en la calle habrían dejado de recibir avisos previos antes de la activación de los protocolos de limpieza.
La concejala de Más Madrid, Cuca Sánchez, acudió a la concentración de los equipos de calle para trasladar su apoyo a los trabajadores y acusó al Ayuntamiento de haber puesto en marcha unas instrucciones que, a su juicio, vulneran la dignidad de las personas sin hogar. "Lo que le exigimos al delegado del área es que retire esas instrucciones que, por supuesto, existen porque fueron los propios trabajadores quienes acudieron al Colegio de Educadores Sociales para consultar si eran éticas o no", defendió.
Para Sánchez, esta medida "es un trato cruel e inhumano" hacia las personas sin hogar, una población vulnerable a que se les "está quitando sus pertenencias". "Les quitan su documentación, sus medicamentos o las fotografias de sus seres queridos, porque ellos no tienen un armario donde guardarlo. Ellos lo dejan en la calle con la confianza de que el Ayuntamiento se lo va a respetar y llegan y se encuentran con que todo eso no está", recalca. Asimismo, la concejala exige a José Fernández que pida perdón a los trabajadores por llamarles "mentirosos" al denunciar esta situación.
La edil de Más Madrid criticó la gestión realizada durante la visita del Papa León XIV a la capital. Según sostuvo, el Ayuntamiento habría intentado "limpiar" determinadas zonas de la ciudad ocultando una realidad incómoda en lugar de ofrecer soluciones habitacionales. "Las personas sin hogar tienen el mismo derecho a vivir en esta ciudad que el resto de vecinos", afirmó, al tiempo que reclamó más plazas de alojamiento y mejores condiciones en los recursos municipales destinados a este colectivo.
En términos similares se expresó la concejala socialista Meritxell Tizón, quien calificó estos operativos como "protocolos de la vergüenza". La representante del PSOE advirtió que las limpiezas realizadas sin aviso previo no solo provocan la pérdida de pertenencias fundamentales, sino que además destruyen el trabajo de intervención social desarrollado durante meses por los equipos de calle. "Se pierde la confianza que los profesionales llevan mucho tiempo construyendo y las personas afectadas terminan desplazándose a otros lugares, dificultando todavía más cualquier proceso de acompañamiento social. Es una decisión cruel e inhumana", advirtió.
Tizón también mostró su preocupación por los testimonios que apuntan a una intensificación de estas actuaciones durante las semanas previas a la visita papal y avanzó que el Grupo Municipal Socialista está recopilando información para esclarecer lo ocurrido. "Estamos analizando toda la documentación y no descartamos ninguna iniciativa política ni posibles acciones judiciales si se confirma que se han vulnerado derechos fundamentales", señaló. Para la edil socialista, retirar pertenencias sin previo aviso a personas que ya se encuentran en una situación extrema de vulnerabilidad constituye una actuación "absolutamente injusta" que proyecta una imagen muy negativa de la ciudad y de sus políticas sociales.
El Ayuntamiento, por su parte, mantiene que no existe ninguna directriz destinada a retirar pertenencias de personas sin hogar y sostiene que estos protocolos únicamente se activan cuando concurren problemas de salubridad o degradación del espacio público, garantizando siempre la presencia de servicios sociales durante las intervenciones.
Eliminar enseres y más limpieza en zonas frecuentadas por personas sin hogar
A la eliminación de enseres de la vía pública hay que añadir otra polémica. Según algunos testimonios de trabajadores de Samur Social a la Cadena Ser, durante las semanas previas al viaje del Pontifíce, los operarios de limpieza aumentaron de forma notable en aquellas zonas frecuentadas por las personas sin hogar.
Tal y como exponen estos testimonios, actuaciones que se desarrollaban de manera puntual pasaron a realizarse prácticamente a diario con la visita del Papa León XIV. Todo ello fue desmentido por el Ayuntamiento, que negó cualquier actuación extraordinaria vinculada con la visita papal. De hecho, este medio digital consultó al respecto al área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad tras conocer las críticas en ese sentido de una asociación religiosa que se trasladó al centro de Madrid para dar comida a las personas sin hogar e invitarlas a asistir a la misa de Cibeles oficiada por el Papa, con el fin de que pudieran pasar la mañana en su compañía.
La plantilla sale a la calle: "El deterioro del servicio tiene responsables"
Bajo este paraguas y con la preocupación creciente por la gestión municipal de las personas sin hogar, los trabajadores de Madrid en Calle decidieron llevar sus propias reivindicaciones a las puertas del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
La concentración formó parte de una serie de movilizaciones con las que la plantilla pretende denunciar lo que consideran un progresivo empeoramiento de sus condiciones laborales y la falta de voluntad negociadora tanto por parte de la empresa adjudicataria del servicio, Grupo 5, como por el propio Ayuntamiento de Madrid.
"Nos encontramos con una empresa que incumple acuerdos que tenemos firmados y que, cuando reclamamos su cumplimiento, nos obliga a acudir a los tribunales. Y, al mismo tiempo, tenemos al Ayuntamiento que continúa elaborando pliegos de contratación a la baja, donde hay trabajadores realizando funciones que no están reconocidas en sus categorías profesionales", explicó a Madridiario uno de los delegados sindicales durante la protesta.
Los representantes de los trabajadores denuncian que la situación afecta a una plantilla de 58 personas integrada por auxiliares, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, mediadores, personal administrativo y conductores que desempeñan su labor en contacto directo con algunas de las realidades más complejas de la ciudad. Según relataron, algunas categorías profesionales perciben sueldos próximos al Salario Mínimo Interprofesional pese a asumir responsabilidades que consideran muy superiores a las reconocidas en los contratos públicos que regulan el servicio.
A ello se suma la ausencia de una valoración específica de los riesgos piscosociales que afrontan durante su trabajo diario y la falta de reconocimiento de funciones como la conducción de vehículos municipales para trasladar a usuarios o compañeros en distitnos puntos de la ciudad. "Estamos conduciendo vehículos oficiales, realizando traslados de personas en situaciones muy delicadas y asumiendo responsabilidades que después no se reconocen ni económica ni profesionalmente", denunciaron.
Fuentes del Ayuntamiento de Madrid rebajan el alcance de las críticas y recuerdan que los trabajadores de Madrid en Calle mantienen una relación laboral directa con la empresa adjudicataria del servicio, Grupo 5, y no con la administración municipal. Desde el Consistorio sostienen que las condiciones laborales de la plantilla están reguladas por el convenio colectivo correspondiente y que cualquier negociación sobre salarios, permisos o mejoras laborales debe producirse entre la empresa y la representación sindical.
Respecto a la reclamación de complementos vinculados a la peligrosidad o al riesgo inherente al puesto de trabajo, las mismas fuentes consideran que la argumentación presentada por los sindicatos resulta cuestionable. Desde el área de Políticas Sociales rechazan que la atención a personas en situación de exclusión social pueda utilizarse como justificación para atribuir una especial peligrosidad al servicio y advierten de que ese planteamiento podría contribuir a reforzar estereotipos negativos sobre un colectivo especialmente vulnerable. "La única justificación que aportan es que atienden a población en riesgo de exclusión social, lo que supone una estigmatización profundamente injusta de estas personas", sostienen desde el Ayuntamiento.
Los propios trabajadores respaldan este argumento remarcando que las personas sin hogar no son agrevisas, pero reconocen que sí existen situaciones de riesgo y, por lo tanto, es lógico pedir ese plus de peligrosidad.
Ordenadores compartidos y trabajar sentados en papeleras
Los trabajadores aseguran que la sede de Madrid en Calle lleva años resultado insuficiente para albergar a toda la plantilla y que la incorporación de nuevo personal ha agravado todavía más la situación.
"Tenemos un ordenador para cada dos personas", explica uno de los trabajadores que estuvo presente en las protestas y que lleva en la empresa desde 2004. Además de compartir ordenador, la sobrecarga administrativa tampoco ayuda. Cada intervención debe registrarse en distintos sistemas informáticos, lo que multiplica el tiempo dedicado a tareas burucráticas y reduce el disponible para la atención directa."Se nos exige una enorme cantidad de trabajo administrativo y, al mismo tiempo, no contamos con los medios suficientes para realizarlo", confiesa uno de los delegados sindicales.
Pero la falta de material no acaba ahí. Según aseguran, no hay espacio para todos los trabajadores, lo que ha llegado a situaciones que consideran impropias de un servicio público esencial: "Hay compañeros que tienen que sentarse encima de una papelera porque no disponen de una silla para trabajar". "Es una especie de call center. Tú llegas ahí y si hay un puesto libre, te pones a trabajar, y sino búscate la vida", añaden.
A pesar de contar con poco espacio, los sindicatos denuncian que las solicitudes de adaptación horaria para atender a menores o teletrabajo son rechazadas de manera sistemática, incluso cuando el servicio podría mantenerse cubierto: "Lo único que se ofrece es reducir jornada y salario. Estamos hablando de un área de Gobierno que lleva la plabra igualdad en su nombre, pero la conciliación en nuestros equipos no existe", señalaron.
La plantilla reclama mejoras en materia de prevención de riesgos laborales y medidas específicas para trabajadores especialmente vulnerables, como las mujeres embarazadas. Aseguran que desempeñan su labor en contextos complejos, donde son frecuentes las situaciones de tensión y vulnerabilidad social, sin que esas circunstancias estén suficientemente reconocidas por la empresa ni la administración.
Durante la concentración, algunos trabajadores también denunciaron la falta de continuidad en la atención social durante fines de semana y festivos. Según explicaron, tras la reorganización de servicios producida en los últimos años, los equipos de calle ya no pueden realizar el seguimiento de determinados casos especialmente vulnerables fuera de los días laborables con la misma flexibilidad que anteriormente. Una situación que, a su juicio, dificulta el acompañamiento de personas con problemas graves de salud mental, adicciones o situaciones de especial vulnerabilidad.
Los sindicatos piden la implantación del teletrabajo
La falta de espacio en la sede de Madrid en Calle se podría solucionar con el teletrabajo para las tareas de carácter administrativo. Sin embargo, esta propuesta ha sido "rechazada". Los representantes sindicales niegan que se trate de una petición de teletrabajo generalizado para quienes intervienen en la calle, pero sí reclaman un plan piloto para aquellos profesionales que desarrollan tareas burocráticas desde la sede.
Los trabajadores consideran una contradicción que otros servicios municipales dispongan de esta modalidad mientras se rechaza cualquier alternativa a la plantilla. No obstante, desde el área de Políticas Sociales reconocen haber tenido conocimiento de la petición de implantar fórmulas de trabajo a distancia para determinadas funciones administrativas, una propuesta que el Ayuntamiento considera incompatible con la naturaleza del servicio. Según explican, Madrid en Calle es un recurso de proximidad cuya principal función consiste en generar vínculos de confianza con las personas que viven en la calle, acompañarlas y facilitar su acceso a recursos sociales y residenciales. "Se trata de un servicio de atención directa y cercanía, por lo que el teletrabajo resulta difícilmente compatible con sus objetivos", señalan fuentes municipales.
A pesar de sus condiciones laborales, los trabajadores siguen poniendo el foco en el servicio y reclaman también más plazas en los albergues para las personas sin hogar: "Tenemos una lista de espera enorme, Hay gente con un año y medio o incluso tres para acceder a una plaza de alojamiento".
"Quieren sembrar miedo"
Durante la protesta, los sindicatos difundieron un comunicado en el que acusaron tanto a Grupo 5 como al Ayuntamiento de responder a las reivindicaciones laborales mediante presiones y obstáculos a la organización colectiva. "En lugar de escuchar nuestras demandas y buscar soluciones, tratan de intimidar a la plantilla, boicotear la acción sindical y presionar a quienes participamos en la lucha colectiva", denunciaron.
El escrito sostiene que cada reclamación realizada por los trabajadores ha sido respondida con nuevas dificultades."Quieren sembrar miedo para frenar la organización, pero se equivocan. Cada intento de represión, cada amenaza y cada obstáculo que ponen a nuestra lucha demuestra que nuestras reivindicaciones son justas y que nuestra organización les preocupa", recoge el comunicado.
Los representantes sindicales sostienen que la degradación de las condiciones laborales termina repercutiendo directamente en la atención a las personas sin hogar. "Cuando faltan medios, cuando las plantillas están saturadas o cuando se pierden profesionales porque no pueden seguir trabajando en estas condiciones, quienes terminan pagando las consecuencias son las personas más vulnerables de la ciudad", defendieron.
Por ello, advierten de que las movilizaciones continuarán si no se abre una negociación real con la empresa y con el Ayuntamiento para abordar unas reivindicaciones que consideran imprescindibles para garantizar la calidad del servicio.
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