El juez Eloy Velasco decretó una fianza de 400.000 euros para que Francisco Granados abandonara la cárcel pero la familia ha reunido apenas 120.000 euros.
El exsecretario general del PP madrileño y presunto cabecilla de la trama Púnica,
Francisco Granados, ve "irrealizable" reunir
ni tan siquiera 120.000 euros de los
400.000 impuestos por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de fianza para abandonar la prisión y por ello pide que les permita la tasación de tres fincas en la localidad de Valdemoro.
En el escrito remitido por su defensa al Juzgado Central de Instrucción número 6, su abogado
expone que su madre y su hermano carecen de los medios económicos suficientes para llegar a reunir la cantidad ofrecida en un primer momento e insiste en que solo puede constituir fianza hipotecaria con
tres bienes familiares.
Se refiere a la casa que su madre posee en Valdemoro; el piso de su hermano en Madrid; y un terreno rústico de 8.646 metros cuadrados heredado de su padre y con el que comparte propiedad del 50 por ciento con su hermano. En el escrito remitido este martes, su letrado aclara que la vivienda actual del exsecretario general del PP de Madrid fue adquirida por un importe de 550.000 euros que abonó mediante dos cheques -uno por importe de 197.654 euros y otro de 242.346 euros- y una transferencia desde la cuenta bancaria de su hermano Alfonso Granados, por valor de 110.000 euros.
Estos fondos los consiguió con la compra y posterior venta de tres inmuebles en Madrid capital entre los años 2000 y 2011 y que le reportó un beneficio total de 284.100 euros, según explica el letrado que solicita a la Audiencia Nacional la tasación de tres fincas de Valdemoro en el menor tiempo posible.
Disminuye el riesgo de fugaEl magistrado instructor de la trama, Eloy Velasco, decretó la libertad bajo fianza el pasado 17 de mayo para Granados, en la prisión de
Estremera desde octubre de 2014. El juez argumentó en su auto que había disminuido el riesgo de fuga y la posibilidad de que del exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid pudiera influir en la destrucción y desaparición de pruebas.
La última vez que la defensa de Granados pidió su libertad fue el pasado 8 de mayo alegando que sus hijas adolescentes le necesitan y que el investigado carece de otros ingresos que no sean del trabajo de su mujer, reducidos a una "ridícula cantidad" al verse perjudicada por la situación procesal de su marido.