La periodista y presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Victoria Prego, ha señalado este sábado que la imputación tanto del director de La Razón, Francisco Marhuenda, como del presidente del periódico, Mauricio Casals, como investigados por presuntas coacciones a la presidenta madrileña Cristina Cifuentes para evitar que denunciara las irregularidades en el Canal de Isabel II, "no tiene ningún recorrido, porque se trata de una conversación (con Edmundo Rodríguez Sobrino) que el juez ha querido investigar, algo que está muy bien".
Asimismo, ha asegurado que "no ha habido ninguna amenaza" sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, de quien ha dicho además que ha sido ella misma la que ha señalado que "no se ha sentido chantajeada", según la declaración prestada por escrito al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que recoge La Razón.
Según fuentes del diario, parte afectada en el caso, Cifuentes negó en el cuestionario remitido el pasado miércoles al juez que Marhuenda o Casals hubieran ejercido presión sobre ella. Esta tesis es la mantenida "en líneas generales", dice el medio, por su directora de comunicación, Marisa González y por el Consejero de Presidencia, Ángel Garrido.
"Eso es un episodio que no tiene ningún recorrido", ha reiterado Prego, en respuesta a los periodistas sobre el asunto momentos antes de iniciarse en Mérida el acto inaugural de la Asamblea General de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).
Capacidad de influencia
El auto del juez Velasco resalta la "capacidad de influencia" de Rodríguez Sobrino sobre "directivos" del diario -sin citar ningún nombre en concreto- para "tratar de detener" las gestiones que estaba haciendo el Gobierno de Cifuentes para denunciar la actividad de Inassa.
Velasco también indica que esa "influencia" de Rodríguez Sobrino, como consejero delegado de la empresa que edita el periódico, se detectó "en fechas coincidentes" con la denuncia que presentó Garrido sobre la adquisición de la empresa brasileña Emissao.
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