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¿Excelencia, libre elección e igualdad en la educación pública?

viernes 21 de abril de 2017, 18:17h

Hace algunas semanas, diferentes medios se hicieron eco de un conflicto surgido en un centro educativo público de Leganés; nos referimos a lo sucedido en el IES Arquitecto Peridis: la participación activa tanto del director como de la jefe de estudios en la lamentable campaña del autobús homófobo de “Hazte oír", motivó que, desde diversos sectores de la comunidad educativa, se convocaran actos de repulsa y concentraciones frente al centro. Estos actos, promovidos por las propias familias del centro –y no por partidos políticos ni agrupaciones ajenas, como se ha pretendido hacer creer– no son sólo motivados por la repulsa al apoyo recibido por el grupo ultraconservador, sino también un modo de denuncia de otras tantas coacciones que han sufrido en múltiples ocasiones, tal y como han manifestado el alumnado y el equipo docente.

Ejemplos concretos de esto han sido la prohibición de ejercer el derecho a la concentración del día 8 de marzo –convocada de 12.00 a 12.30 en los centros de trabajo–, el intento de disuasión para utilizar el 016 donde se puede denunciar y pedir ayuda contra la violencia de género, o las coacciones soterradas en las convocatorias de huelgas educativas de los últimos meses.

Evidencia todo ello no sólo una demostración de fuerza y de falta de empatía, algo inaudito en quienes forman parte de un equipo directivo de un instituto público (en general, de cualquier cargo público), sino algo mucho más grave: es, sin duda, una postura antidemocrática, de hostigamiento y hostilidad hacia quienes sostienen posiciones diversas, toda una declaración de intenciones, que supedita los intereses de la comunidad educativa de un centro a una ideología personal, contraria a la diversidad, la inclusividad y la pluralidad de un centro educativo y de nuestra sociedad.

No son pocas las cuestiones que podríamos plantear al hilo del tema: ¿pueden mantenerse en la directiva de un centro educativo público cargos que se significan políticamente en posiciones ultraconservadoras? ¿No va esto mismo en contra de los derechos más básicos de las personas? ¿No está detrás de todo ello el querer posicionar un centro en una ideología concreta, más allá de la opinión de la comunidad educativa, y por encima de la autonomía que han de tener los centros? Creemos que todo ello guarda una inequívoca relación.

La función directiva, en el marco de la LOMCE, se ha visto reforzada: las direcciones de los centros han sido dotadas de una mayor autonomía y, en opinión de directores y directoras de centros, todo ello se encamina a profesionalizar esta figura. Si bien es necesario decir que en gran medida las direcciones de los centros funcionan de manera democrática, atendiendo opiniones y escuchando al claustro y al Consejo Escolar, no es menos cierto que, como es el caso, la ley concede un margen mayor, algo que quizás en este caso ha servido para justificar actos lamentables en contra de la diversidad y la pluralidad como el que describimos, y, por ende, para hostigar y castigar toda acción crítica contra las autoridades educativas: nos referimos, claro está, a todo lo que la Marea Verde educativa promueve y convoca en defensa de la educación pública.

No menos significativas son también las demás cuestiones que nos planteábamos, a saber, el apoyo de los derechos básicos y la posición ideológica de un centro. Y, como muestra, citaremos lo sucedido hace unos cuantos cursos, cuando se intentó implantar en el centro el Bachillerato de Excelencia, algo que, en opinión de la gran mayoría de los sectores educativos, atenta contra la igualdad y la equidad que son la seña de identidad de la escuela pública. Esta modalidad de Bachillerato encamina a los centros en una dirección concreta, la supuesta excelencia educativa frente a la igualdad de oportunidades para todas y todos, elemento que debería de ser la base real de un sistema educativo de calidad.

Nuestro sistema educativo puede presumir de tener un magnífico cuerpo de profesionales, personas preparadas, implicadas y luchadoras, frente a la política restrictiva, unilateral y errática que se practica desde hace muchos años por parte de los distintos gobiernos centrales y autonómicos en este país. Diariamente, profesoras y profesores, alumnas y alumnos, madres, padres, familias, luchan por garantizar un acceso a la educación digno e igualitario, sin distinciones. Hechos como estos, y otros que no han tenido repercusión pública, no hacen más que empañar todo este denodado esfuerzo: estas posiciones, parciales y sectarias, no deberían sostenerse desde ningún cargo público, y, muchísimo menos, desde la dirección de un centro que acoge multitud de sensibilidades, porque ¿acaso estas actitudes no repercuten en el desarrollo de la actividad normal del centro?

Sería comprensible que, ante los hechos, desde la Consejería se hubiera apartado al director de su puesto, pero, a día de hoy, nada ha sucedido. Y los silencios, normalmente, gritan mucho más de lo que callan.

Artículo escrito en colaboración con:

Patricia Santos Guzmán. Profesora de Secundaria y Bachillerato, y miembro de la Casa de la Educación de Leganés.

Eva Martínez Borrega. Politóloga, estudiante de máster en la UCM y concejala de Leganemos.

Beatriz Galiana Blanco

Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid

Doctora en Energía Solar por la UPM. Profesora del Departamento de Física en la UC3M y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.

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