El Ayuntamiento presentará en un plazo de diez días a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad la petición para declarar la "nulidad radical" del acto de venta de viviendas, un enrevesado procedimiento al que se puede acceder sin límite de tiempo y siempre por causas tasadas por la ley. Dichas causas, en este caso, residen en la "inexistencia de un procedimiento legalmente establecido" para la enajenación dado que lo que hubo, en palabras de Higueras, fue una mera "apariencia de procedimiento".
Así lo ha anunciado este lunes la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, también presidenta de la EMVS, tras recibir las conclusiones del informe jurídico realizado por el bufete de abogados Alemany, Escalona & De Fuentes, que, tras estudiar la documentación, ha encontrado indicios de delito y ha analizado todos los procesos que se pueden iniciar para revertir la decisión.
La petición se basará en las conclusiones del informe de fiscalización de operaciones de enajenaciones de patrimonio inmobiliario de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid y controles realizados por las instituciones competentes en los ejercicios 2012 y 2013 de la Cámara de Cuentas, que se hizo público en el mes de junio. La edil ha puntualizado que solicitarían, con el proceso en el Tribunal de Cuentas como telón de fondo, la responsabilidad contable de todos los responsables de esa enajenación, no sólo la del consejero delegado de la empresa.
El citado informe concluye que la venta se llevó a cabo "sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación, ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar", siendo Fidere el que fijó el precio de la venta y que fue aceptado por la EMVS.
Según el informe de la Cámara de Cuentas, la venta se realizó por un precio de 128,5 millones de euros, una cifra "inferior al valor contable de aquéllas que es de 159.375.025,53 euros". Además, no se aplicó la normativa del Reglamento de Adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 2008 y modificado el 30 de octubre de 2012, sino que la venta se rigió por al artículo 18 del Reglamento de Viviendas de Protección Pública de la Comunidad de Madrid.
Posible quebranto para la EMVS
El informe deja claro que la gestión y la administración que se realizó de los inmuebles no fue ajustada a los intereses de la empresa municipal "por el posible quebranto que esa política de ventas puede haber originado al patrimonio de la EMVS y por derivación al del Ayuntamiento de Madrid, de cuyos fines e interesas sociales la EMVS se aparta al enajenar estas viviendas a entidades jurídicas".
El Consistorio pone en el foco al "consejo de administración, donde hubo consejeros que se opusieron a la venta y a los que no les alcanzará la responsabilidad", en la junta general de accionistas, "que la forman la Junta de Gobierno y que ésta tuvo mucho que decir". Si al final el Tribunal de Cuentas decreta que hay alcance contable, el Ayuntamiento solicitará que se resarza el daño contable y en este punto se "podrían embargar los bienes de las personas imputadas".
El Ayuntamiento presentará en un plazo de diez días a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad la petición para declarar la "nulidad radical" del acto de venta de viviendas, un enrevesado procedimiento al que se puede acceder sin límite de tiempo y siempre por causas tasadas por la ley. Dichas causas, en este caso, residen en la "inexistencia de un procedimiento legalmente establecido" para la enajenación dado que lo que hubo, en palabras de Higueras, fue una mera "apariencia de procedimiento". La delegada es "optimista" con el hecho de que la Comunidad otorgue esa nulidad radical una vez que estudie las alegaciones y las irregularidades encontradas por la Cámara de Cuentas en su informe definitivo. "Está en sus manos que se pueda llegar adelante", ha expuesto.
En caso de que la comisión jurídica asesora regional decretara la 'nulidad radical' esto afectaría a la preparación de la venta de las viviendas y a la adjudicación de las mismas. En ese momento, el Ayuntamiento iniciaría un proceso judicial para que los tribunales declararán nula la contratación y la resolución por la que se vendieron las 18 promociones de vivienda social protegida. Higueras espera también que el Tribunal de Cuentas, a la vista de las conclusiones de este informe, se decida a iniciar un proceso por responsabilidad contable en el que el Ayuntamiento mostraría toda su colaboración.
Regulación estadounidense
Otra de las medidas que el Ayuntamiento se plantea emprender estará en función de si la asociación de afectados por la venta de las viviendas insta a la reapertura de las diligencias penales archivadas provisionalmente. En ese caso, el Gobierno municipal se personará ante el Juzgado número 38 para apoyar a los querellantes. Si no se produjese, el Consistorio pondrá todos los antecedentes en conocimiento del Ministerio Fiscal y la instaría para que ejercitara la acción penal.
Por último, el Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de acudir a la regulación americana contra los sobornos. Higueras señaló que "los fondos que adquirieron en su día las viviendas a través de Fidere son fondos americanos Magic Real State y Blackstone, y por lo tanto creemos que cabe una actuación en este sentido. La ley norteamericana persigue la corrupción en el exterior y tiene alcance extraterritorial en la lucha contra este delito, es decir que persigue la corrupción de las empresas americanas más allá de los límites de su nación. Esta acción se podría instar por vía penal o vía administrativa lo que en este momento se está estudiando".
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