Airbnb se expande en Madrid sin regulación específica

Airbnb o Niumba son algunas de las plataformas web que permiten a anfitriones y viajeros intercambiar servicios entre ellos. La posibilidad de alquilar tu propia casa, la visibilidad que ofrece a los profesionales del sector y las ventajas de hacer turismo como si fueras un habitante más de la ciudad han hecho que esta modalidad de alojamiento crezca como la espuma en la mayoría de las ciudades. Y Madrid no es una excepción, aunque tampoco llega a ser como Barcelona, donde el peso turístico es mayor y donde su alcaldesa, Ada Colau, está siguiendo una vigilancia estricta de las irregularidades.

En Madrid hay 13.000 anuncios en Airbnb, según los datos de la compañía, y capacidad para acoger a 10.000 personas simultáneamente, según las estimaciones del Ayuntamiento. Por el momento, el Consistorio ha abierto cuatro expedientes a cuatro edificios con 96 apartamentos en total, dos expedientes a otro edificio con 57 apartamentos y un último expediente para comprobar si hay actividad ilegal en el edificio. Todos estos expedientes se deben a las normas municipales de disciplina urbanística, que regulan solo los casos de apartamentos turísticos no de viviendas. Y es que los apartamentos turísticos tienen que conseguir licencia de actividad y cumplir una serie de requisitos de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, como tener un acceso exclusivo en el edificio, al ser considerados uso terciario hostelero.

Las viviendas turísticas, por su parte, se engloban en el uso residencial y quedan excluidas de cualquier control urbanístico, según explica el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, sí tienen que cumplir con el decreto regional de apartamentos y viviendas turísticas, de 2014, que obliga a darlos de alta en el Registro de la Comunidad de Madrid y cumplir unos requisitos. Es aquí donde surge uno de los problemas, ya que, según los apartamentos y viviendas de uso turístico tienen que ser cedidos "en su totalidad" y por un "periodo mínimo de tres meses continuados durante el año natural", algo que choca con las nuevas prácticas nacidas de la mano de Airbnb y otros portales de economía colaborativa. La diferencia entre apartamentos y viviendas turísticas radica, según la normativa regional, en que los primeros están integrados en "unidades de alojamiento complejas".

Una norma difícil de cumplir

Según la compañía, en Madrid el 75 por ciento de los anfitriones comparte la casa en la que vive y casi la mitad reconoce que este dinero le permite seguir viviendo en su hogar. Estas personas alquilar habitaciones libres o bien su casa cuando ellos están fuera de la ciudad, algo que no encaja con la regulación en la Comunidad. De hecho, según la empresa nacida en San Francisco, "el problema de la regulación en Madrid es que no diferencia entre profesionales y no profesionales". Airbnb ha pedido a las autoridades y los agentes sociales en Madrid "unas reglas claras y simples que permitan compartir la casa en la se vive", algo que ya sucede en París, Londres, Ámsterdam o Milán, donde alquilar la propia casa está amparado por un marca legal y reconocido como una actividad no profesional.

La Comunidad está preparando una nueva regulación para adaptarse a la nueva situación, más después de que fuera anulado el límite mínimo de cinco días de alquiler que había impuesto para viviendas y apartamentos turísticos. En enero, el director general de Turismo de la Comunidad, Carlos Chaguaceda, anunció la apertura de los primeros expedientes por incumplimientos de la regulación aprobada en 2014, pero el Gobierno regional no ha vuelto a facilitar datos pese a la solicitud de Madridiario. Uno de los requisitos para ajustarse a la normativa es estar inscrito en el registro de viviendas y apartamentos turísticos.

El Ayuntamiento, por su parte, considera que por el momento "la ocupación hostelera en Madrid no es un problema, pero sí ha detectado un incremento en el distrito Centro donde está especialmente vigilante". Además, está realizando un estudio exhaustivo sobre la situación, cuyas conclusiones estarán listas a lo largo de septiembre. A la luz de la información obtenida, el Consistorio decidirá si realiza cambios en su normativa. En cualquier caso, el Ayuntamiento señala que está "preocupado por que se mantega un equilibrio entre las personas que cuentan con el alquiler de una habitación en su domicilio para poder tener unos ingresos extra y aquellos apartamentos que generan un trasiego constante de turistas con estancias cortas y durante todo el año". Según fuentes municipales, esta última situación "acaba expulsando el alquiler tradicional y provocando la gentrificación de la ciudad". No obstante, por el momento, la web especializada en alquileres residenciales Idealista mantiene que no haber apreciado ningún cambio en el mercado del alquiler en el centro de Madrid con la irrupción de Airbnb.

Descanso de los vecinos
Los vecinos también tienen sus exigencias a la hora de regular Airbnb. Saturnino Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Las Cavas, explica que hay un crecimiento de las viviendas turísticas en el centro y que provocan problemas de ruido. "Cada vez hay más vecinos en el barrio que se van porque no pueden descansar", y al problema de los bares y terrazas ahora se suman los inquilinos de Airbnb, que provocan "más jaleo". "Hay vecinos que se van del barrio por el ruido y ponen su casa en Airbnb. Es una pescadilla que se muerde la cola", señala. Una de las exigencias que hacen es que las viviendas que se alquilan para turistas tengan una placa acreditativa de que están registradas ante la Comunidad de Madrid para asegurarse de están reguladas y cumplen los requisitos.

La Asociación de Empesarios de Hospedaje apunta que los vecinos que viven en una zona residencial tienen que soportar el trasiego constante de turistas en pisos de su edificio en lo que consideran que es una actividad económica fuera de la regulación. Por este motivo, acusan de Airbnb de competencia desleal y exigen a las autoridades que se les pidan los mismos requisitos de seguridad y calidad como los que ellos tienen que cumplir, como tener seguro de responsabilidad civil, recepción con telefóno o colchones y cortinas ignífugas.

Airbnb, por su parte, rechaza esta acusación. Recuerda que son meros intermediarios y que son los usuarios los que tienen que cumplir la normativa local, algo que recuerdan a los anfitriones. Por otra parte, rechazan que se pueda asociar la idea de un turismo problemático con alojar a un viajero en tu propia casa o con a la existencia de apartamentos turísitcos. "El alojamiento per se no atrae a malos turistas, sino que existen otros factores que pueden contribuir a ello, como la propia política de promoción de las zonas o la abundacia de transporte", sostiene la compañía. Además, apunta que en Madrid la media de edad de los viajeros que se alojan a través de Airbnb es de 48 años, mayor que la media mundial, situada en 40. "El problema no es que haya profesionales en la plataforma, que es abierta, sino que la legislación no ampara a las personas normales que quieren compartir la casa en la que viven. Para que haya más particulares es necesario que estos tengan una regulación clara y sencilla que les ampare", plantea Airbnb.