El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha subrayado la aparición de un comisionista al que la EMVS "pagó diligentemente 2 millones de euros" aunque "no hay constancia en el expediente de una mediación efectiva en la operación aunque si la hay de una factura y del pago. Tampoco pasó por el consejo de administración. Se pagaron de manera irregular, lo dice la Cámara de Cuentas".
En la documentación facilitada aparece un contrato firmado entre la UTE y el entonces responsable de la EMVS, Pablo Olangua. Asimismo se incluye una factura con el concepto general "honorarios de asesoramiento e intermediación inmobiliaria en la venta de un portafolio de 18 promociones residenciales de la EMVS a las mercantiles Fidere Gestión de Vivienda y Fidere Vivienda". Tras la comisión Carlos Sánchez Mato ha explicado que Ítaca realizó una "labor de intermediación general y que de manera sorprendente mutó para convertirse en una factura sin expresión de en qué intervinieron en la operación".
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid están estudiando si los concejales del PP Pablo Cavero y Borja Carabante han podido cometer una infracción administrativa al no comparecer en la comisión municipal de investigación. Minutos después de que acabase la primera sesión de la comisión de investigación, Sánchez Mato, ha defendido que el Ayuntamiento tiene que ejercer su "autonomía local y su capacidad de acción administrativa". "No tenemos el mismo poder coercitivo para hacerles venir a una comisión de investigación que puede tener el Parlamento estatal pero sí tenemos la capacidad de actuación administrativa y estamos estudiando cómo actuar en consecuencia", ha declarado a la prensa. A la pregunta de si podría hacerse mediante una infracción administrativa, el delegado ha contestado que podría ir "por esa vía".
La portavoz socialista en la comisión, Mercedes González, incidió en que "nos ha quedado claro por qué el Partido Popular de Esperanza Aguirre, la que nunca se calla menos hoy, ha decidido no dar explicaciones sobre la venta del patrimonio de los más pobres de esta ciudad a un fondo buitre y es porque no tienen defensa posible. Hoy cuando tienen la oportunidad de hacerlo, esconden la cabeza. Debe ser que no le venía bien que se supiese la verdad de la gestión del PP al frente de la EMVS. Los madrileños que más necesitaban una casa, se quedaron sin ella".
González ha recordado las palabras de Ana Botella, en el pleno del 29 de abril de 2014, en las que la ex regidora sostuvo rotundamente: "Para los inquilinos, lo único que ha cambiado es su casero (..) ¿Y de qué problemas habla?", señaló entonces en respuesta a una pregunta del Grupo Municipal Socialista. "Cambió el casero y cambió todo lo demás: a los inquilinos -familias con necesidad de apoyo social- se les subió la cuota repentinamente hasta un 41 por ciento y se les redujo el tiempo de vigencia de los contratos. Muchos de ellos no pudieron pagarlo. Se les ofreció comprar los pisos a un precio imposible para sus bolsillos –entre 100.000 y 200.000 euros- una cantidad muy superior al precio ofrecido a Fidere, de unos 70.000 euros. "Los hechos son absolutamente claros -añadió González- y señalan que desde el Ayuntamiento de Madrid y desde la Comunidad de Madrid se hizo un traje a medida para vender el patrimonio de los más pobres de esta ciudad".
Según informó el PSOE en un comunicado, la connivencia entre ambas administraciones del Partido Popular estribó en que el Ayuntamiento no pidió la preceptiva autorización para la venta a la Comunidad de Madrid hasta el 25 de julio de 2013, dos días después de que el Gobierno regional hubiera aprobado la modificación del artículo 18 del reglamento de viviendas protegidas. La noticia de la enajenación del patrimonio municipal había sido publicada por un periódico a principio de mayo del mismo año. "Este es un cambio que permite salvar la operación, que además abrió la posibilidad de que el fondo inversor adquirente pudiese desde el primer momento vender tanto las viviendas protegidas en alquiler, como las viviendas protegidas en alquiler con opción a compra, sin tener que esperar 5 años desde su calificación definitiva. El nuevo propietario podía vender o alquilar como mejor le cuadrase", añadió la concejala.
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