Cuatro años para una revolución sanitaria con efecto limitado

La sanidad madrileña ha tenido dos responsables esta legislatura: Juan José Güemes y Javier Fernández-Lasquetty. El primero inició una cruzada en defensa de la gestión privada y contra los liberados sindicales que provocó manifestaciones de protesta (y hasta conatos de agresión) cada vez que él mismo o Esperanza Aguirre ponían un pie en un centro sanitario. Eso, además de varias huelgas y un goteo constante de manifestaciones. El segundo, mucho más discreto, recogió la herencia del anterior y la aplicó con menos ruido pero siguiendo el mismo camino.

Así, el Gobierno de Esperanza Aguirre arrancó la legislatura inaugurando los ocho hospitales construidos y adjudicados a empresas privadas. Uno de ellos, el de Majadahonda, fue en realidad el traslado del Puerta de Hierro. La conflictividad marcó su puesta en funcionamiento. Sindicatos y pacientes denunciaron falta de medios y de personal. La oposición, a su vez, advirtió que, con la apertura de estos centros, se cerraban camas y se trasladaban médicos, personal y equipos de los grandes hospitales del centro de Madrid, en lugar de incrementarse los recursos. Al estar concebidos como hospitales de proximidad, los pacientes con patologías más graves siguieron siendo trasladados a sus hospitales de toda la vida para tratarse. Esperanza Aguirre recalcó que, por primera vez, los madrileños tendrían habitaciones individuales. En febrero de 2011 estos hospitales ya atendían el 30% de los partos, el 26% de las urgencias y el 18% de las intervenciones quirúrgicas. Los pacientes han valorado sus servicios con un notable bajo.

Durante el presente curso, la Comunidad ha iniciado las obras de los hospitales de Móstoles, Torrejón y Collado Villalba, que figuraban en su programa electoral pero que no han sido acabados a tiempo. Estos suponen un paso más en la voluntad del PP de dar entrada a lo privado en lo público y de convertir al paciente en cliente, ya que, en estos, incluso los médicos son contratados por la empresa privada propietaria del hospital. El Ejecutivo también ha logrado abrir al uso civil el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, por lo que ha renunciado a construir el prometido hospital de Carabanchel pese a que Manuel Lamela firmó ese compromiso por escrito. Los hospitales de La Paz (bloque quirúrgico e Instituto de Genética), el Doce de Octubre, el Clínico, el Príncipe de Asturias de Alcalá, El Escorial, Fuenlabrada (Centro de Investigaciones Oncológicas) y Móstoles (Urgencias y Hospital de Día) se han beneficiado de importantes planes de mejora, aunque varias de estas obras se han llevado a cabo con retraso sobre lo previsto. Las reformas contaron con el asesoramiento de empresas privadas.

En cuanto a la gestión sanitaria, el presupuesto para la Sanidad madrileña no ha dejado de crecer. Pese a ello, el dinero destinado a Atención Primaria, la puerta de entrada al sistema, descendió en 2010 un 4,2%, según denunció el PSOE. El informe especial elaborado por 'la Caixa' advertía recientemente que la inversión por habitante sigue estando por debajo de la media nacional (1.103 euros frente a 1.208), lo cual constituye, a su juicio, un riesgo para la calidad del sistema. La gestión de las citas telefónicas, la informática sanitaria y los laboratorios centrales también han sido adjudicados a empresas, pero estas no han aportado una ventaja competitiva que llegue al paciente. La receta electrónica y la cita electrónica, después de numerosos problemas, continúan sin ser implantadas.

Esperar casi siempre
Las situaciones que preocupan a los pacientes han cambiado muy poco en cuatro años. Operarse en 30 días solo es posible según el cálculo de la Comunidad, que establece el tiempo de espera no desde la prescripción de la operación, sino desde la visita al anestesista. Según el último balance asistencial (2010), la media de días de espera para operarse ha descendido de 11,7 a 10,7, muy lejos de las cifras que daba la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) en 2008. Según las mismas, la media de demora era en realidad de 5 meses y solo el 46,1% de los pacientes era intervenido en menos de un mes.

Las demoras hoy dependen de la especialidad, al igual que ocurre con la lista de espera diagnóstica. El objetivo era situar esta última en cuarenta días, pero la realización de pruebas, de nuevo, se alarga durante semanas y depende del tipo de dolencia. Obtener cita para el médico de cabecera, la enfermera o el pediatra de Atención Primaria en el día es misión imposible en la mayoría de los centros de salud de la región, llegándose a registrar esperas de uno y dos días de media. Una vez en consulta, sea en Primaria o Especializada, la espera será de entre media hora y una hora. En Urgencias, y a pesar de que la superficie dedicada a las mismas ha pasado de 37.000 m2 (2003) a 72.240m2 (2011), la frecuentación y las colas siguen siendo excesivas, como reconoce la propia Consejería.

No pocos profesionales de los tres niveles se declaran saturados, más aún en los centros de salud, la puerta de entrada al sistema y donde los médicos lidian con frecuencia con más de 50 pacientes diarios. Para solucionar el colapso en las pruebas de diagnóstico, la Comunidad ha aumentado el número de pacientes que son enviados a hospitales privados.

En 2009, el consejero Güemes fijaba 2010 como el año clave para la sanidad madrileña. La revolución, aseguró, provendría de la ley de libertad de elección y área única que tantos enfrentamientos sindicales le había costado. Javier Fernández-Lasquetty recogió el testigo y fue el encargado de poner en marcha una ley que permitiría a todos los madrileños elegir ser tratados por cualquier médico, enfermera, pediatra o especialista de cualquier centro en la Comunidad. A día de hoy, Sanidad ha recibido 273.911 peticiones de cambio en Primaria y se han tramitado 869.839 citas en Atención Especializada (el 7,54% del total). Para una población de 6,5 millones de habitantes, la medida no ha tenido una repercusión social significativa, aunque el Gobierno recalca su apuesta por una libertad de elección que ya existía, aunque circunscrita al área sanitaria donde viviera el paciente.

En 2010, Fernández-Lasquetty presentó la Evaluación de la Satisfacción de Usuarios de los servicios de Asistencia Sanitaria Pública de la Comunidad de Madrid. Según esta encuesta, los madrileños calificaban con un notable alto la atención recibida en la sanidad pública. Pacientes y políticos coinciden en que la Comunidad de Madrid cuenta con los mejores profesionales y con centros punteros en todo el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, el modelo de atención y la participación de la empresa privada en busca de beneficios siguen siendo cuestionados.