Con el objetivo de superar los 15 millones y medio de visitantes registrados en la región el pasado 2025, la Comunidad de Madrid ha decidido modificar su Ley de Ordenación del Turismo, una norma con más de 25 años de antigüedad, par dar cobertura legal a nuevas modalidades de alojamiento en boga, tales como las hosterías, popularmente conocidas como hostels, o áreas de acogida y pernocta para autocaravanas y vehículos cámperes.
Para estos últimos, el texto establece que los espacios de terreno deberán estar "debidamente delimitados, dotas y acondicionados" para "efectuar tareas de mantenimiento propias de estos vehículos, tales como vaciado y limpieza de depósitos, suministro de agua y electricidad y facilitar a las personas que viajan en ellas el descanso y en su caso la pernoctación".
Además, queda patente que "en estas áreas estará permitida la apertura de toldos, mesas, sillas, así como la nivelación del vehículo y la apertura de ventanas superando el perímetro del mismo, siempre que se haga dentro de los límites de la misma parcela". Por otro lado, aclara, continuará expresamente prohibida la acampada libre en la Comunidad.
Sanciones, libertad de precios y seguros
Entre las principales novedades del Proyecto de Ley validado este mismo miércoles en el marco de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado el propio portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García, figura también la modificación del régimen sancionador para "adaptarlo al texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores, Usuarios y otras leyes complementarias".
Al hilo, "por ejemplo", ha argumentado a renglón seguido el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, se recoge "la incorporación de los servicios de viajes combinados y servicios de viajes vinculados", cuyo incumplimiento es considerado como "falta grave", sin que ello suponga "ningún cambio en cuanto a las cuantías de las sanciones".
En paralelo, el nuevo texto aspira a atraer más inversión privada mediante el "fomento del uso de la declaración responsable para agilizar -trámites- y eliminar burocracia a todas aquellas empresas turísticas que ya se han implantado o que desean implantarse en la Comunidad".
Otro punto clave en el articulado, coherente además con los principios ideológicos del Gobierno, la incorporación "expresa" del principio de libertad de precios en la actividad turística. Tales precios deberán exhibirse al público "mediante carteles perfectamente visibles o legibles (...), a través de un soporte escrito y en los canales de difusión online si se tuvieran".
En materia de seguros, se contempla asimismo la obligatoriedad de contar con seguro de responsabilidad civil profesional, u otra garantía equivalente, para la prestación de todo tipo de actividades y servicios turísticos.
Sin limitaciones para los pisos turísticos
Fuera como fuese, y no es novedad, puesto que ya había sido anticipado por los de Isabel Díaz Ayuso, el proyecto de ley no prevé en caso alguno limitar la expansión de pisos turísticos, una de las principales reivindicaciones de la oposición y entidades sociales de corte progresista.
En la actualidad el sector turístico representa ya el 8,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la región: 28.569 millones de euros, el "máximo histórico".
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