El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, afirmó este lunes que las horas dedicadas por los liberados sindicales en la Sanidad pública suman 1,4 millones en un año, lo que supone el trabajo de 918 personas a tiempo completo, "que cuestan 30 millones de euros al año a las arcas públicas, 5 euros por cada madrileño".

Por ello, durante su conferencia en el Foro Nueva Economía, indicó que ha propuesto a los sindicatos que reduzcan el número de liberados sindicales, ya que suponen "un coste difícil de asumir", y se mostró convencido que agentes sociales representados en la Mesa Sectorial de Sanidad responderán afirmativamente a esta propuesta .

 Por otro lado, Güemes volvió a arremeter contra las protestas de los sindicatos UGT y CCOO y no dudó en señalar que el Partido Socialista (PSOE) está detrás de las mismas. Como ejemplo, señaló que cuando fue a inaugurar el hospital de Parla llamó al entonces alcalde y hoy secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, y este le dijo "que encontraría lío". "A mí los insultos y amenazas ni me ofenden ni me intimidan pero creo que hay otra forma de hacer política", agregó, que indicó que el discurso de los sindicatos es "falso y demagógico" cuando acusan al Gobierno de la Comunidad de privatizar la sanidad.

 En este sentido, el consejero inició el discurso con una cita de la máxima responsable de la Federación de la Sanidad de CCOO, que afirmaba que el debate sobre la iniciativa de financiación privada "es un debate que no afecta a la esencia de la protección sanitaria". "Lo que importa no es quién gestiona los servicios sanitarios, sino cómo se mantiene mejor la protección sanitaria universal", continuó.

"Colaboración público-privada"
Güemes recordó que en la "arraigada cultura" de colaboración público-privada del Sistema Nacional de Salud conviven sistemas de aseguramiento y prestación de servicios sanitarios tan dispares como la mutualidad de funcionarios del Estado o entidades colaboradoras. En su opinión, hay docenas de ejemplos de gestión privada que constituyen ejemplos de buenas prácticas en la sanidad pública.

Además, indicó que los nuevos hospitales de la Comunidad han aliviado la presión asistencial del resto de los centros sanitarios.

Pacto por la Sanidad
El consejero defendió que se produzca un debate serio y constructivo sobre el futuro de la sanidad pública liderado por el Gobierno central, "que podía desembocar en un acuerdo similar al Pacto de Toledo". El acuerdo debería, dijo Güemes, apuntalar la sostenibilidad del sistema sanitario, garantizar la suficiencia financiera, profundizar en la racionalización del gasto, abordar la escasez de recursos humanos, impulsar la docencia y la investigación y velar por la cohesión del Sistema Nacional de Salud tras la transferencia de su gestión a las comunidades autónomas. "Todos ellos son desafíos tan conocidos como urgentes, pero su abordaje hoy está impedido por la demagogia, que nos aleja de la posibilidad de hacer el debate sosegado y riguroso que merece la sanidad pública", indicó.

Respecto a los retos en el futuro de la Sanidad, Güemes señaló que la libre elección de médico de familia, pediatra de primaria, enfermera de primaria y atención especializada comenzará a implantarse a comienzos del año que viene y anunció que se limitaría a un máximo de 40 días —15 si a juicio del médico hay riesgo de una enfermedad grave— la demora para la consulta por el especialista y pruebas diagnósticas.

En cuanto a la atención primaria, reconoció que existen algunos problemas, por lo que deben perseguir el objetivo de más capacidad de gestión, "en relación con los resultados y los objetivos". Por otro lado, Güemes repitió en varias ocasiones el problema que supone la falta de personal especializado en sanidad en la región, "ya que un tercio de los profesionales se jubilarán en los próximos diez años", por lo que apostó por abrir más facultades de Medicina.

Por otro lado, Güemes expresó su preocupación por que los 150.000 millones de euros del plan de rescate económico del Gobierno central "sin control ni transparencia" son una "bomba de relojería" en manos del Ejecutivo nacional.