Los madrileños son atendidos hoy por casi 15.000 médicos pertenecientes a una red pública que está compuesta por 32 hospitales, 32 centros de especialidades y 415 centros de atención primaria. Cada una de las 11 áreas sanitarias en que está dividida la región cuenta con su hospital y centro de especialidades de referencia, a lo que hay que sumar los hospitales de apoyo y la posibilidad de derivar al enfermo a otros centros. Es por ello por lo que, sin que sirva de precedente, PP, PSOE, IU, sindicatos, usuarios y asociaciones en defensa de la sanidad pública coinciden al decir que “es la mejor sanidad pública de España y una de las mejores de Europa”. “O al menos lo era hasta Aguirre y Güemes”, añaden los colectivos denominados "antiprivatización".

La primera polémica surge al hablar del número de camas. Entre sanidad pública y privada, Madrid contaba en 2007 con 20.300 camas, es decir, un ratio de 3’5 por cada mil habitantes, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 8 y 10. Sindicatos y oposición aseguran que se conformaría si se llegara a 5 camas por cada mil habitantes. Con los ocho  nuevos hospitales (Aranjuez, Coslada, Parla, Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Arganda, Valdemoro y Vallecas) la Consejería de Sanidad asegura que se han creado 1.900 nuevas camas "en habitaciones individuales" y se ha duplicado la superficie de Urgencias si se cuenta también la reforma de los hospitales tradicionales que está en marcha.

Lucas Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, asegura, sin embargo, que “según los datos que nos da la propia Consejería” sólo se ha abierto alrededor de 1.300 camas, mientras que los hospitales tradicionales han cerrado del orden de 1.200 por la reasignación de población a los nuevos. A día de hoy, según datos recopilados por UGT, la ganancia real de camas sería de 39, puesto que los centros inaugurados “no funcionan al 100% porque tienen áreas inacabadas o bien porque carecen de medios para atender todas las camas creadas”.

Carmen López Ruiz, secretaria de Politicas Sectoriales de este sindicato, detalla que el Gregorio Marañón ha perdido 277 camas; el Virgen de la Torre, 18; hasta 82 ha perdido La Princesa y 52 el Hospital de La Paz. Getafe cuenta con 117 camas menos, y el Ramón y Cajal y el Severo Ochoa de Leganés disponen de 17 y 20 camas menos respectivamente. Lucas Fernández añade que, cuando se ejecuten los nuevos planes funcionales de los hospitales tradicionales, la pérdida de camas será aún mayor. Manuel Rodríguez, responsable de la Federación Regional de Sanidad de CC.OO., estima que cuando esto se produzca y los nuevos centros funcionen a su capacidad real, la ganancia real “será de sólo 300 camas”.

Nuevo mapa con ocho hospitales
Los ocho hospitales de reciente creación han reconfigurado el mapa sanitario de la región, que desde los años 70 estaba dominado por los grandes centros de la corona metropolitana (La Paz, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, etcétera). Juan José Güemes destaca a Madridiario que, "mientras el PSOE cerró nueve hospitales, los gobiernos del PP han abierto diez” desde 1998 y los han llevado a los municipios, contando  los de Alcorcón y Fuenlabrada. Bajo el mandato de Esperanza Aguirre se han construido 56 nuevos centros de salud, más 55 que se acometerán en esta legislatura.

El socialista Lucas Fernández responde al consejero que de los nueve cierres mencionados (Hospital de la Cruz Roja, Instituto Provincial de Rehabilitación, Instituto Nacional de Oncología, la Clínica de la Marina, Hospital de la Alcaldesa de El Escorial, Hospital Primo de Rivera, Clínica del Trabajo, Clínica Ibiza y Hospital del Generalísimo) sólo cinco fueron efectivos. El resto fueron traslados o reordenaciones y algunos “son sólo mentiras”. “¿Acaso no funciona hoy el Hospital de la Cruz Roja? Cualquiera puede ir a él. Además, abrimos los hospitales de Leganés y Getafe, y entonces no había la demanda ni la población que hay hoy en Madrid”, afirma.

La inversión sanitaria “sin precedentes” realizada por el Gobierno regional habría sido “imposible” para Güemes sin la intervención de las constructoras, que han encontrado un cauce de rentabilidad fuera del sector tradicional, en crisis. Caridad García, portavoz de Sanidad de IU, recuerda la jornada celebrada en el hotel Ritz y afirma que el “negocio y el engaño” son las únicas pautas que han regido los nuevos hospitales: “Los impuestos están sirviendo para financiar empresas privadas, pero eso no se le cuenta al ciudadano. ¿De qué sirven más hospitales y Urgencias si no hay medios para atenderlas?”. Lucas Fernández apunta además los "fallos garrafales" que tienen los nuevos centros en su diseño, funcionalidad y puesta en marcha, fruto, según él, "de haber sido realizados por un aficionado que no sabe nada de Sanidad".

Externalizaciones
El sistema elegido por la Consejería consiste en que las arcas regionales pagan a las constructoras un canon por paciente atendido en los nuevos hospitales y un ‘alquiler’ durante 30 años que incluye el coste de la infraestructura y la prestación de los servicios no sanitarios, gestionados por subcontratas. Su apertura ha supuesto la gestión privada y la centralización de los servicios de informática, pruebas radiológicas y análisis clínicos, sistema que se extenderá a los viejos hospitales. Para evitar fallos o vicios en la atención al paciente, Juan José Güemes asegura que se sigue un “estricto control” de la calidad asistencial que reciben quienes son atendidos en los centros.

Oposición y sindicatos recuerdan los fallos divulgados en las últimas semanas y aseguran que “con 300 millones de euros el Gobierno de Esperanza Aguirre podría haber construido lo que costará 3.000 millones a los madrileños". A ello se suman, según Juan Carlos Molina, secretario general de Sanidad de CGT Madrid,  los “graves problemas” y “enorme descoordinación” que provoca tener dos direcciones en un solo hospital con intereses “totalmente contrapuestos”: la del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud, dependiente de la Consejería) y la de la adjudicataria. PSOE e IU alertan que ‘rescatar’ estas infraestructuras después de 30 años de concesión, como está firmado, necesitará de una inversión “multimillonaria” para actualizar los centros, como ya ocurrió con el modelo “fracasado” de Reino Unido o de Alzira en Valencia.