Sentencia

El Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid ha declarado nula la decisión que adoptó el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de denegar al cofundador de Podemos y profesor de ese centro, Juan Carlos Monedero, su solicitud de compatibilidad para la realización de actividades de consultoría política y economía.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que revocaba la inaplicación del X Convenio Colectivo de RTVM (Radio Televisión Madrid) y que declaraba la "nulidad e ineficacia" de las decisiones adoptadas por la empresa.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 22 ha procedido a anular una sanción decretada por el Ayuntamiento de Madrid a un conductor que se impuso por el sistema conocido como semáforos foto-rojo.

La Junta de Gobierno de Madrid, presidida por Manuela Carmena, ha decidido en la sesión de este jueves no interponer recursos contra la sentencia del Madrid Arena, que declara la responsabilidad civil del Ayuntamiento por los hechos ocurridos hace cuatro años y que se saldaron con la muerte de cinco jóvenes.

El empresario Miguel Ángel Flores no entrará de forma inmediata en prisión, tal y como lo había solicitado la Fiscalía de Madrid y las acusaciones particulares en una vistilla celebrada en la mañana de este martes en la Audiencia Provincial de Madrid, han informado fuentes jurídicas.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 4 años de cárcel al empresario Miguel Ángel Flores por la muerte de cinco jóvenes, Belén, Cristina, Katia, Belén y María Teresa, en la fiesta que organizó el 1 de noviembre de 2012 en el pabellón municipal Madrid Arena. Asimismo, se absuelve al exjefe exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo y a los doctores Viñals, facultativos de la fiesta, de responsabilidad en la tragedia.

La Sección Septima de la Audiencia Provincial de Madrid notificará este martes en persona la sentencia a los catorce acusados del caso Madrid Arena, han informado fuentes jurídicas.

La Junta de Compensación de Valdebebas ha valorado positivamente la sentencia del Tribunal Supremo sobre los planes parciales urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento y el Consejo de Gobierno en 2008 y 2009 al entender que aporta "garantías jurídicas" para este desarrollo urbanístico.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Madrid ha validado el plan de pagos del Ayuntamiento de San Martín de la Vega para hacer frente a la sentencia de 2015 que condenó a la corporación a devolver 5,5 millones de euros al Parque Warner y podrá fraccionar el abono de esa cantidad hasta 2027.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Getafe ha declarado firme la sentencia que absolvió a los ocho sindicalistas conocidos como los 'ocho de Airbus', a los que se les pedía más de 60 años de cárcel por su participación en los altercados durante la huelga general de 2010 a las puertas de esta empresa.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado las condenas de entre 1 año y 4 años y 7 meses de cárcel impuestas a cinco personas por estafa en la compra de pisos sociales del IVIMA en Madrid, acusados de hacer figurar a falsos adjudicatarios en lugar de los verdaderos, que eran personas fallecidas o ausentes.

La Audiencia Nacional considera "regular" la readmisión de los trabajadores de Coca-Cola Iberian Partners en Fuenlabrada (Madrid), ya que estima que en la readmisión de los trabajadores en la planta madrileña se mantienen "milimétricamente" las categorías profesionales, los salarios y horarios que tenían antes de que la fábrica se convirtiera en centro logístico. En el auto, la sala contextualiza la readmisión de los trabajadores acordada por la propia Audiencia Nacional en su sentencia de junio del año pasado.

El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid ha declarado culpable el concurso de Fórum Filatélico S. A. y ha declarado afectados por la calificación de culpabilidad a Francisco Briones Nieto, Agustín Fernández Rodríguez, Miguel Ángel Hijón Santos, Francisco José López Gilarte, Juan Macía Mercadé y José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, a los que condena a pagar cada uno de ellos mancomunadamente a los acreedores concursales y de la masa el 16,6 por ciento de la totalidad de los créditos que no puedan obtener de la liquidación de la masa activa, una cantidad que asciende a más de 2.200 millones de euros.

La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) ha mostrado su decepción después de que el Tribunal Supremo haya confirmado que no serán indemnizados por el laboratorio farmacéutico que desarrolló el fármaco, y anuncia que recurrirán el caso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia).

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 33 de Madrid ha reconocido que la Administración educativa madrileña abone el 100 por cien de las retribuciones de una trabajadora que había estado en incapacidad temporal, estimando el recurso planteado por la afectada, afiliada de CCOO.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 17 de Madrid ha reconocido a una profesora interina de la Comunidad de Madrid, que también es presidenta de la Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora (AMPIC) su derecho a que se le abone el año completo al igual que a los funcionarios de carrera, ya que ha desarrollado igual trabajo en tiempo y dedicación, según informa el SUT.

El Tribunal Supremo ha condenado a la Comunidad de Madrid a abonar a la Universidad Politécnica de Madrid un total de 76,4 millones de euros por incumplimiento de los planes de financiación e inversiones de las universidades públicas.

Tras recibir el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo mediante la que se declaró nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Coca-Cola presentado en enero de 2014, fuentes de la empresa han manifestado que analizarán "con detalle el pronunciamiento del alto tribunal e iniciaremos, en dialogo con los representantes de los trabajadores, la ejecución ordenada de la sentencia", y reiteran su "respeto" al fallo.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla asegura que el nuevo Plan de Urbanismo (PGOU), que está pendiente de su aprobación definitiva por parte de la Comunidad de Madrid, "legalizará" la situación creada en la localidad tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan del año 2001.