ordenanza de transparencia

La nueva ordenanza de Transparencia obliga a los concejales de los cuatro partidos del Ayuntamiento de Madrid a publicar desde este jueves su agenda y los regalos recibidos.

El Partido Popular es el único grupo municipal que no publica la agenda de sus concejales en la página web del Ayuntamiento de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de su página web, publicará desde este martes todos los expedientes de 'Planeamiento Urbanístico' de la ciudad vigentes a fecha de hoy, según ha informado el Consistorio. El total de expedientes que los ciudadanos podrán consultar por internet son 1.674, una cifra que subirá a medida que se produzcan nuevas aprobaciones. Esta iniciativa se enmarca dentro de la reciente Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles en el Pleno de Cibeles su primera ordenanza de Transparencia, creada desde cero por Ahora Madrid, que llama a situar a la capital en la "vanguardia" de la transparencia, en palabras del delegado de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, Pablo Soto, un texto que incluye un registro obligatorio de lobbies y que pone coto a las 'puertas giratorias". La ordenanza, con hasta ocho acuerdos transaccionales en el Pleno, ha salido adelante con el apoyo de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP.

La ordenanza de Transparencia, la primera en el Ayuntamiento de Madrid de este tipo y el primer texto normativo del mandato de Ahora Madrid, podría ver la luz este miércoles en el pleno de Cibeles, incluido el esperado registro de 'lobbies'.

La ordenanza de Transparencia, la primera en el Ayuntamiento de Madrid de este tipo y el primer texto normativo del mandato de Ahora Madrid, ha salido adelante en la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto con el dictamen favorable apoyado por Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. Por su parte, el Partido Popular se ha abstenido.

La novedosa ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid -podría aprobarse en el primer semestre de 2016 y estar en marcha de manera efectiva a finales de ese año- incluye multas de entre 750 y 3.000 euros, la opción de resolver un contrato si las empresas no cumplen sus obligaciones en materia de transparencia, sanciones disciplinarias para los funcionarios que podrían llegar hasta la inhabilitación, controlará las 'puertas giratorias' e incluirá un registro de lobbies.