España continúa dando pasos firmes en su proceso de transición energética. En los últimos meses, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya ha dado luz verde a unos 182 macroproyectos de instalaciones solares y eólicas, de los cuales, 161 eran fotovoltaicas.
En los últimos años, España ha apostado por acelerar de forma abrupta la transición energética y aprovechar su potencial como productor de energía solar, que hasta día de hoy ha sido desperdiciado. Sin embargo, esta avalancha de proyectos no está teniendo en cuenta varios puntos clave, poniendo en peligro la naturaleza, el patrimonio histórico y cultural y los montes.
Tan solo en el sur y este de la provincia de Madrid, norte de Toledo y Guadalajara se han tramitado más de 50 proyectos, con una superficie aproximada de más de 10.000 hectáreas en menos de dos años. A los que hay que sumar aquellos proyectos que están en tramitación autonómica y otros que ya han sido instalados, sobre todo en Castilla La-Mancha.
Una avalancha sin capacidad de reacción para los vecinos de las localidades, agentes sociales, organizaciones ecologistas e, incluso, ayuntamientos. Por esta razón, 40 entidades sociales y vecinales de las zonas afectadas se reunieron en la localidad madrileña Morata de Tajuña con la finalidad de “compartir estratégicas y unir fuerzas ante la avalancha de plantas fotovoltaicas de más de 10.000 hectáreas que amenaza el medio rural y la biodiversidad”. En el encuentro, han acordado iniciar una campaña de información ciudadana, así como llevar mociones a los plenos de los municipales, estudiar en profundidad los daños e impactos que se generan a nivel ambiental, paisajístico y sobre la salud de las personas, y si fuera necesario, utilizar la vía penal para los casos más nocivos.
“Es un tsunami completo de proyectos que van a abarcar prácticamente todo el sur-este de Madrid, incluso las comunidades autónomas limítrofes como Castilla La Mancha”, apunta José María Sendarrubia, participante de la reunión y miembro de la Asociación Vecinal de Mejorada del Campo, uno de los municipios afectados “peor planificado” y que ya cuenta con la declaración de impacto ambiental positiva y los trámites administractivos.
“Sí a las placas fotovoltaicas, pero no así”. La construcción de este “ejército de placas” está prevista a escasos metros de una zona urbanizada, “eliminado el paisaje agrario de gran valor, tanto productivo como paisajístico, en una zona donde se combinan los cultivos de cereal y olivares con multitud de almendros en flor”. Aunque el caso de Mejorada del Campo no es el único, en el barrio de la Montaña de Aranjuez o de Cobeja sus vecinos también se encuentran “de golpe y porrazo” con un ‘desierto de placas solares’.
Un hecho, que según las asociaciones vecinales y entidades ecologistas, han ocultado en los respectivos estudios de impacto ambiental. Asimismo, las líneas eléctricas diseñadas pasan “muy cerca de muchas viviendas, es especialmente preocupante la proliferación de líneas en los entornos de Morata de Tajuña y Loeches, que albergan las principales subestaciones eléctricas”.
“Los vecinos se van a encontrar de golpe y porrazo con un paisaje conquistado por miles de placas solares, eliminando el paisaje agrario de gran valor, tanto productivo como paisajístico, en una zona donde se combinan cultivos de cereal, olivares, con multitud de almendros en flor”, analiza Sendarrubia.
Además, hay que tener en cuenta que muchos habitantes de estos municipios se dedican al sector primario y deberán cesar su actividad con la instalación de estas energías renovables. “Hay que recordar que muchos no son propietarios de los terrenos que cultivan, sino arrendatarios y se van a quedar sin el medio en el que desarrollan su actividad”, señalan en un manifiesto publicado tras la reunión.
Por otro lado, las actividades encaminadas al ocio en tiempo libre como senderismo, cicloturismo, la observación de la naturaleza, la actividad cinegética pueden desaparecer de estos territorios, aparejando un descenso de otras actividades como la hostelería y ocasionando un “empeoramiento económico”
Denuncian que todo este proceso se esté produciendo con el pretexto de la crisis climática, que ha permitido que la Unión Europea y el Gobierno de España “estén desregulando los procedimientos ambientales más básicos”, pues la obligación de hacer una ‘Declaración de Impacto Ambiental’ después de un proceso de participación pública en el que se vean sometidos a información y análisis los proyectos por parte de la sociedad, “se han reducido o minimizado”. “Un Gobierno que tuviera realmente sensibilidad social ya debería retirar estos proyectos y tramitarlos de manera ordenada y con participación activa por los principales agentes sociales”, recalcan.
Un modelo que favorece los intereses especulativos de las grandes corporaciones
Tanto a las entidades ecologistas como a las asociaciones de vecinos afectadas les parece “desconcertante” que un Gobierno que se autodefine como el más progresista de la historia de España “se postule favorable a los intereses más especulativos de las grandes corporaciones energéticas”.
Consideran que se trata de un modelo impuesto por las multinacionales que cotizan en las bolsas internacionales que no permite el autoconsumo, al ser “muy costoso” y con “muchas trabas”: “Nuestro Gobierno, en vez de favorecer decididamente que la población tenga acceso al autoabastecimiento, está favoreciendo este despropósito que mantiene el privilegio del control de la energía para unos pocos empresarios poderosos”.
Sistemas de producción energética a nivel local y consumo local
Para Sendarrubia, estas construcciones deberían ir más encaminadas a resolver un problema ambiental y no a generar ingresos. Por ello, cree que la solución pasaría por instalar placas fotovoltaicas en los edificios municipales o comunidades energéticas donde los vecinos se pudieran acoger para crear un consumo más cercano. “Si cada edificio municipal va dando servicio a toda la manzana colindante, ya puedes tener casi toda la cobertura del municipio”, afirma.
Los vecinos aseguran estar desprotegidos e “indefensos” al tener “poca capacidad de maniobra” en unas instalaciones “impuestas” sin valorar otras opciones como la instalación de las placas en polígonos industriales.
Desequilibrio territorial
Durante la reunión mantenida en Morata de Tajuña se vislumbró otro problema: todas las instalaciones nocivas están instaladas en el sur de Madrid y solicitan que se proceda de manera homogénea en todo el territorio madrileño y no solo “en función de la renta per cápita de los vecinos de los municipios”.“Una vez más el norte poderosos impone al sur pobre lo que tiene que tener en sus pueblos. No estamos en contra de la energía renovable, pero es llamativo que no hay ningún proyecto aprobado en las zonas ricas de Madrid, como por ejemplo, La Moraleja, Pozuelo de Alarcón o Boadilla del Monte, que son lugares en los que más consumo por vivienda hay”, apostillas.
En el perímetro proyectado y sus inmediaciones se encuentran las principales canteras y graveras de la región, cementeras (Morata de Tajuña, varias en comarca de La Sagra, Toledo), los vertederos de basuras más grandes (Pinto, Valdemingomez, Alcalá), varias subestaciones eléctricas (Morata, Loeches, Aranjuez), centrales térmicas (Azeca, Toledo), centrales nucleares en proceso de desmantelamiento (Zorita, Guadalajara), grandes polígonos dedicados a la Logística y todo ello en una comarca que todavía mantiene importantes valores naturales y ambientales que deben ser preservados.
Las entidades ecologistas piden la retirada inmediata de estos proyectos y una moratoria en el desarrollo de estas energías, además esperan que se inicie un nuevo procedimiento donde de manera escalonada se informen de todos y cada una de estas infraestructuras con la participación de la ciudadanía.
La actividad reivindicativa seguirá en los próximos días con nuevas reuniones vecinales, con representantes políticos y de la Administración Pública y otras acciones ciudadanas. Por ejemplo, la Asociación de Mejorada del Campo tiene previsto celebrar el próximo 28 de febrero una mesa redonda informativa donde informarán sobre los riesgos de estas instalaciones y en la que participará el presidente de la FRAVM, Enrique Villalobos; María José Castro, presidenta de la Comunidad de Villaflores; Manuel Blasco, ambientólogo de Ecologistas en Acción y el propio Sendarrubia.
El manifiesto, que puedes consultar en este enlace, ha sido respaldado por los siguientes grupos ecologistas y colectivos sociales: ALIENTE en Guadalajara. ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono) ARBA AlcoSanse. ARBA Bajo Jarama, ARBA Colmenar del Arroyo, ARBA Guadalix de la Sierra, ARBA Toledo, Asociación Ecologista Avutarda Diente de Sable, Asamblea para la Defensa del Río Tajo de Aranjuez, Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Asociación por la Urbanización del Barrio de la Montaña, Asociación SOS Aurelia de Ontígola, Asociación de Vecinos y Vecinas Morata de Tajuña, CNT Aranjuez, FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid), GRAMA, Humedal. Plataforma x El Bosque y Medio Ambiente, Jarama Vivo, Ecologistas en Acción Espartal-Valdemoro, Ecologistas en Acción de Guadalajara, Ecologistas en Acción del Valle del Tajuña, Escuela Popular Parla PARVA – ARBA, Paracuellos Salvemos los Campos, Solidaridad Obrera.
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