Hasta 3.000 euros por mal uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida

El foco político y mediático de la nueva Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid se ha fijado, desde hace meses, en la cuestión de ‘Madrid Central’. La polémica surgida a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de tumbar definitivamente el proyecto inicial, ideado por el ejecutivo de Manuela Carmena, ha traído consigo un reguero de disputas, declaraciones cruzadas y opiniones para todos los gustos.

Las últimas novedades en cuanto a esta ordenanza pasan por la intención del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, de acelerar el proceso de presentación de enmiendas y, cuanto antes, convocar un pleno extraordinario que permita sacar adelante el proyecto con el apoyo del resto de grupos con representación en el Consistorio. No se habla de otra cosa. No parece haber nada más importante.

Ajenas a toda esta polémica, se encuentran el resto de las medidas que recoge la nueva ordenanza. Entre ellas, la que se refiere a un colectivo especialmente vulnerable como es el de las personas con movilidad reducida. Hay un asunto que les preocupa especialmente: el uso indebido de las tarjetas de aparcamiento, tales como utilizar una autorización cuyo propietario ya ha fallecido o no encontrarse el beneficiario presente en el interior del vehículo cuando esta se emplea.

Una vez sea aprobada la nueva ordenanza, este tipo de comportamientos supondrán, al margen de la retirada de la tarjeta y la imposibilidad de recuperarla por un periodo de hasta dos años, sanciones económicas que oscilan entre los 300 y los 3.000 euros en función de si es considerada una falta leve o grave o de si el infractor es reincidente.

"Se está haciendo un uso indebido de tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida ya fallecidas por familias que aún no han devuelto la tarjeta", aseguran a Madridiario desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA Cocemfe Madrid). No obstante, matizan, "la gran mayoría de las familias hacen un uso adecuado".

FAMMA hace un llamamiento a todas aquellas personas que hacen un uso inadecuado de la tarjeta, "para que no abusen de estás medidas de discriminación positiva que sirven exclusivamente para facilitar la integración de las personas con discapacidad". El objetivo no es otro que reducir las prácticas incívicas, pues "suponen un gran riesgo para las personas con discapacidad, al verse obligadas a aparcar en otras plazas no habilitadas y a circular por la calzada".

No salen las cuentas

En la actualidad existen 13.884 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en la capital, según apuntan desde el consistorio. De acuerdo con el presidente de FAMMA, Javier Font, no son suficientes. "La ley establece que debería haber una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida por cada 40 ordinarias. Esto no se cumple en la ciudad de Madrid. Además, últimamente estamos viendo como se aumentan otros espacios para las terrazas de los bares o para el aparcamiento de bicicletas, motos y patinetes. Nos parece muy bien, pero también deben atender a nuestras necesidades. Da la sensación de que las personas con movilidad reducida jugamos en quinta división", denuncia.

"Las personas con movilidad reducida jugamos en quinta división"

Por si esto fuera poco, existe un importante desfase en virtud de aquellas tarjetas de personas beneficiarias directas que han fallecido y que, sin embargo, no han sido devueltas a la Administración por parte de las familias. "Nos consta que, en la última comprobación del Ayuntamiento, se detectaron cerca de 5.000 tarjetas que fueron reclamadas a las familias de sus propietarios, aunque aún no han sido entregadas todas", apuntan desde FAMMA.

Otra de las reclamaciones de la Federación pasa por la intensificación de la vigilancia de estos actos indebidos que abundan en los centros comerciales y otros lugares de ocio donde la Policía municipal no vigila, aunque esta medida ya se encuentre contemplada en la actual legislación. "Los centros comerciales suelen optar por no enfrentarse a los clientes que aparcan de manera fraudulenta en plazas reservadas. Es una política, cuanto menos, insolidaria, porque las personas con movilidad reducida tienen el mismo derecho a acudir a un centro comercial que el resto de usuarios", señala Font.

Madridiario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid para conocer la versión municipal sobre el uso indebido de las tarjetas de aparcamiento de las personas con movilidad reducida, pero no se ha pronunciado al respecto.

Comercios inaccesibles

Por otro lado, desde FAMMA muestran su malestar por la inacción sistemática de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid (ADA) ante la gran cantidad de locales de la capital que continúan presentando barreras arquitectónicas que dificultan o impiden el acceso a su interior a las personas con movilidad reducida.

"Es inaceptable que la propia agencia reconozca el incumplimiento de una normativa que lleva vigente en la Comunidad de Madrid desde 1993 -Ley de Promoción de la Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas de 1993- y se quede de brazos cruzados sin obligar a que se eliminen las barreras", denuncian.

"Queremos dejar claro que nuestra intención no es que se sancione a los pequeños comercios, sino que poquito a poco se eliminen las barreras y, para ello, es el Ayuntamiento quien debe brindar ayudas y subvenciones a los propietarios. Debería hacerlo, a fin de no colaborar en la discriminación a personas por su situación de discapacidad, pero no lo hace. No hay voluntad política. Estamos dispuestos a llevar esta cuestión a los tribunales si es necesario", concluye Font.