El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha declarado este martes ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, en el marco de una causa que investiga las muertes en residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. Reyero ha señalado que los protocolos de derivación a hospitales aplicados en ese periodo incurrieron en criterios discriminatorios en la atención sanitaria.
Durante la jornada también han prestado declaración como testigos Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales; el exasesor Antonio Burgueño, designado por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en marzo de 2020; y las dos querellantes del caso.
El foco del procedimiento está en los protocolos que impidieron la derivación hospitalaria de ancianos en residencias con alta dependencia o discapacidad. Reyero ha sido tajante: "Si esos protocolos se aplicaban, las personas morirían de forma indigna".
Uno de los momentos más relevantes de la jornada ha sido la declaración de Antonio Burgueño, quien ha revelado haber sido citado por Ayuso en una reunión el 11 de marzo de 2020, donde se le propuso asumir un mando único sanitario. Ante esta afirmación, la Fiscalía ha solicitado suspender su declaración como testigo para valorar si procede investigarle penalmente.
Investigados por posible delito de discriminación sanitaria
El próximo 17 de junio están citados como investigados tres antiguos altos cargos del Gobierno madrileño: Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, firmante de los polémicos protocolos; Javier Martínez Peromingo, geriatra y posterior sucesor de Mur; y Pablo Busca, director gerente del SUMMA 112, cuya labor fue clave, ya que se alega que las ambulancias dejaron de acudir a recoger a residentes enfermos. También deberá comparecer María Jesús Molina, geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.
A todos ellos se les atribuye la posible comisión de un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal. Aunque el caso fue archivado inicialmente, la Fiscalía Provincial solicitó su reapertura el pasado 1 de abril.
Frente a los juzgados se han congregado decenas de personas convocadas por la plataforma Marea de Residencias, que han lanzado gritos de "¡7.291 muertos!" al paso de Juan Abarca.
El abogado de las asociaciones de víctimas, Carlos Castillo, ha afirmado que las querellantes han ratificado su relato y ha destacado que "los hospitales privados no recibieron derivaciones directas desde residencias", algo que contradice la posibilidad de un uso pleno del sistema sanitario en la pandemia bajo el mando único.
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