Restricciones judicializadas y dispares entre autonomías tras el fin del estado de alarma

El estado de alarma vigente desde noviembre de 2020 decae a las 00:00 horas de la noche de este sábado al domingo, 9 de mayo. Ante la ausencia de una ley que dote a las autonomías de amparo legal para establecer restricciones orientadas a frenar el avance del Covid, los gobiernos regionales dependen del aval judicial para aplicarlas. La Comunidad de Madrid ha renunciado a solicitar la autorización para fijar un toque de queda y limitaciones al número de participantes en reuniones sociales al entender que los magistrados no respaldarán que se coarten derechos fundamentales cuando termine el excepcional régimen actual.

"Llevamos meses pidiendo una ley de pandemias que evite recurrir a la excepcionalidad del estado de alarma para la gestión de la crisis", apuntó este viernes el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López. El "negacionismo legislativo del Gobierno, que prefiere judicializar las medidas, nos empuja a trabajar sobre un vacío legal en el alambre jurídico", afeó al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

La Administración central no ha dispuesto en estos 14 meses desde el estallido de la pandemia un marco legal común que se aplique de forma uniforme a todos los territorios y cada región deberá adoptar las determinaciones que considere oportunas y que los magistrados les permitan. En Madrid, la Consejería de Sanidad ha emitido una orden con "medidas de contención" que estarán operativas desde este domingo. Entre ellas, destaca la continuidad del cierre perimetral de las Zonas Básicas de Salud (ZBS) en las que se supere una incidencia acumulada a 14 días mayor de 500 por cada 100.000 habitantes.

En este caso, también se limitan derechos fundamentales, pero los tribunales lo han admitido en otras ocasiones por su casuística especial y de riesgo. "No se puede comparar restringir derechos en zonas de alta intensidad de contagios que una restricción generalizada, indiscriminada, la cual ha sido cuestionado por el TSJM", enfatizó López.

Las restricciones, en manos de la Justicia

Como se ha apuntado, las comunidades autónomas carecen de un marco regulatorio que las habilite para implantar las limitaciones que estimen oportunas. Esta situación las obliga a depender del aval de los tribunales superiores de Justicia de cada territorio para activarlas. No obstante, el Gobierno central aprobó el pasado martes un decreto-ley por el cual permite a los Ejecutivos autonómicos recurrir ante el Tribunal Supremo las sentencias cuando los TSJ se nieguen a dar su consentimiento a las medidas propuestas. Contarán con un plazo de cinco días para dictar criterios.

Varios presidentes autonómicos se han manifestado en contra de​ "judicializar" el tema y trasladar a los magistrados esta responsabilidad. Las voces más críticas se han alzado desde las regiones regidas por el Partido Popular, así como desde el País Vasco y Cataluña. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha afeado al Ejecutivo nacional que se comprometiera a desarrollar una legislación "que nos pudiese señalar el camino a las comunidades y no haber hecho absolutamente nada".

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha destacado que este decreto-ley "unificará doctrina". Con el fin del primer estado de alarma el 21 de junio de 2021 quedó a criterio de individual de cada juez la decisión de permitir o no las medidas sanitarias regionales. Esto condujo a dictámenes contradictorios entre las comunidades autónomas que ahora podrían evitarse, según la dirigente socialista.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, órgano que tiene la última palabra, emitió el pasado jueves un informe en el cual alertaba de los "numerosos interrogantes" de este recurso exprés. Su gabinete técnico aludía a un "problema de inconstitucionalidad" que se puede generar al hacer de los tribunales "una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas, al modo de competencias administrativas compartidas”. También se reflejaba en el texto una "posible insuficiencia" de un decreto ley para regular cuestiones que atañen a los derechos fundamentales.

Resoluciones judiciales dispares

En paralelo, ya han comenzado a darse casos dispares en las sentencias judiciales sobre las medidas de protección que pueden disponerse. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares dio luz verde este jueves a que se mantenga el toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas y la limitación a seis personas en las reuniones tras el fin del estado de alarma, como había solicitado el Gobierno liderado por Francina Armengol.

Tras el archipiélago, la Comunidad Valenciana ha corrido con la misma suerte este viernes cuando su TSJCV ha dado el visto bueno a las restricciones que prevé implantar desde este domingo y hasta el 24 de mayo la Generalitat, entre las que se recoge el toque de queda de 00:00 a 6:00 de la mañana o limitar a un máximo de diez personas las reuniones de carácter social.

Por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha fallado en contra de la propuesta presentada por el Gobierno de Íñigo Urkullu de prolongar el cierre perimetral de Euskadi y el toque de queda. El magistrado titular ha determinado que no es jurídicamente viable porque implica una limitación de derechos constitucionales. Por su parte, Navarra espera a que se pronuncie el TSJN sobre la continuidad de la prohibición de circular entre las 23:00 y las 6:00 horas.

Refuerzo policial para atajar botellones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reprobado en numerosas ocasiones que el Gobierno nacional no haya fijado un "marco jurídico en el que nos podamos mover en la lucha eficaz contra la pandemia". Esa falta de herramientas normativas "hará más difícil controlar las fiestas ilegales", según el también portavoz nacional del PP.

En consecuencia con este punto, la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha anunciado que se readaptará el dispositivo especial de Policía Municipal operativo estos meses "enfocando todos nuestros esfuerzos al cumplimiento del horario de los locales y a las posibles aglomeraciones que se puedan producir en vía pública y en los botellones". Ahora que además entramos en un periodo de buen clima que suele propiciar estos comportamientos, hasta 200 agentes de refuerzo trabajarán para disuadir y disolver estas concentraciones.

Por su parte, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas ha recordado que el consumo de alcohol en la calle está prohibido. "Se aplicará la ley y se hará cumplir", ha advertido. Para ello, el próximo lunes se ha convocado una reunión del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam) para coordinar los instrumentos de control de las normas dictadas por las autoridades sanitarias, incluido el plan 'antibotellón'.

La incidencia acumulada de coronavirus en Madrid encadena más de días con tendencia a la baja, situándose en 317 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y de 130 a siete días. No obstante, las autoridades hacen hincapié en que el término del estado de alarma no se corresponde con el fin de la pandemia. "No debemos olvidar que el coronavirus sigue aquí y que aún debemos aumentar la cobertura de vacunación", ha señalado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. "Hasta entonces, pido responsabilidad".