Los forestales aportan datos para poder seguir entrando a fincas privadas

A finales de noviembre el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente el artículo número nueve de la Ley de Medidas Urgentes, aprobada con los votos del Partido Popular en la Asamblea, según solicitaba el Estado en el recurso que presentó contra la norma regional.

El plazo de cinco meses de esta medida temporal cumple en marzo, por lo que los abogados del Estado y de la Comunidad tendrán que defender sus posiciones ante el Tribunal, que decidirá si mantiene o alza la suspensión cautelar, según explicó a Madridiario, José Luis Díaz, adjunto a la Secretaría de Política Territorial de Comisiones Obreras.

La aprobación de la Ley de Medida Urgentes supuso que los agentes forestales dejasen de poder acceder libremente a fincas privadas para realizar su función de investigación y persecución de delitos medioambientales, recogida en la Ley de Montes. La norma autonómica les obligaba a solicitar autorización judicial para ello.

Precisamente, el número de autorización judiciales concedidas es uno de los datos que los agentes forestales han aportado al dossier que Ministerio de Medio Ambiente utilizará para defender la continuidad de la suspensión del artículo nueve. En concreto, según Díaz, "de los 32.000 autorizaciones para entrar en montes privados se han resuelto sólo 4 por los juzgados".

Además, han aportado al dossier del Ministerio una de las conclusiones a las que llegaron los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo durante una convención celebrada en Fuerteventura en diciembre. Aunque no se cita a la Comunidad de Madrid expresamente, los fiscales pusieron de manifiesto que la Ley de Montes debe cumplirse y, en concreto, que la administración regional debe garantizar las funciones de policía judicial de los agentes forestales.