Caza furtiva en Madrid, ¿problemática real o caso aislado?

El punto final al veto sobre la caza del lobo al norte del Duero aprobada la semana pasada por el Congreso de los Diputados -con los votos a favor de PP, Vox y los nacionalistas Junts y PNV- ha despejado de un plumazo el debate político en torno a esta problemática que ganaderos y otros trabajadores del campo venían denunciando históricamente. No así la polémica social sobre la actividad cinegética y su necesidad -o no- real.

Partidarios de la abolición o, al menos, de la prohibición del uso de otros animales, en especial galgos y otros perros, frente a cazadores, ya sean profesionales o aficionados, y simpatizantes de la actividad. Todo un clásico. En lo que sí existe consenso, no obstante, es en señalar el furtivismo, o lo que es igual, la caza sin licencia ni ningún otro tipo de control o regulación, como un mal a extirpar.

La Comunidad de Madrid no es, ni mucho menos, la excepción y, como el resto de regiones del país, sufre también las consecuencias de esta "lacra" medioambiental. Así lo defienden, al menos, desde la Plataforma Ecologista Madrileña, situando el foco sobre especies como el conejo, la liebre, el corzo, el jabalí y, sobre todo, la cabra montés.

"Los principales problemas están en la caza ilegal de conejo y liebre, bien con galgos, bien por la noche deslumbrando a los animales con focos de vehículos o con sensores. En caza mayor también hay furtivismo sobre la cabra montés, hasta tal punto de haber reducido drásticamente la población en la Sierra de Guadarrama. En corzo y jabalí también se furtivea, pero tal vez algo menos", asegura la portavoz de la asociación, Nines Nieto, en conversaciones con Madridiario.

Desde Ecologistas en Acción, otra de las entidades más sensibilizadas con la cuestión, suman a la ecuación otro desdichado protagonista: el erizo. Tanto es así que a mediados de mes ya denunciaron una "cacería furtiva nocturna con perros" entre la finca de Fuente Cisneros, en Alcorcón, y Prado Ovejero, en Móstoles. El modus operandi expuesto es sencillo: "Desde hace algunos años y amparándose en la oscuridad de la noche, pequeños grupos de furtivos, de tres a cinco individuos, realizan caza de erizos en zonas con presencia de los mismos".

La actividad no se limita, sin embargo, a la zona suroeste de la región, registrándose episodios similares en otros municipios de la Comunidad como Coslada o Torrejón de Velasco. "Anteriormente, los cuerpos policiales han detenido y puesto a disposición judicial a individuos que han sido sorprendidos practicando esta modalidad de caza", advierten los ecologistas, para, a renglón seguido, reclamar mayor vigilancia y persecución de esta "actividad ilegal".

Poco antes, en febrero, Ecologistas en Acción apuntaba también a un posible envenenamiento premeditado de zorros tras la aparición de un cadáver en el Parque Forestal de Las Presillas, en el término municipal de Alcorcón, aunque colindante con Leganés. Pese a que el zorro figura dentro del catálogo de especies cuya caza está permitida, el uso de veneno en batidas es considerada en la actualidad una práctica "masiva", "no selectiva" y, por ende, contraria a la normativa.

Consultados por la relevancia del furtivismo en la región, Agentes Forestales de la Comunidad restan importancia al fenómeno y lo reducen a casos puntuales. "No es una problemática real. Sí se dan casos, pero ahora mismo la caza furtiva no está afectando a ninguna de las especies protegidas que tenemos en la región. No es el principal problema que tienen y, por tanto, no resulta especialmente preocupante para su conservación. Son casos aislados", relata a este digital el jefe del operativo en la Comunidad, Miguel Higueras.

"No es una problemática real"

Así parecen ratificarlo las cifras descritas y que apuntan a unos "15 o 16 casos de furtivos que disparan a una especie protegida" cada año en nuestra región. A este respecto destacan dos posibles casuísticas. La mayoritaria, matiza Higueras, para "eliminar competencia". O lo que es igual, con vistas a reducir la población de una determinada especie que es depredadora de otra. Ejemplo de ello sería el furtivismo sobre águilas a fin de proteger, en origen, a las perdices que los propios cazadores buscarán a la postre. Por otro lado, la minoritaria, se relaciona con su posterior exhibición como "trofeos".

A ello habría que sumar además hasta una veintena de casos relativos al empleo de "artes ilegales", tales como el uso de cepos, lazos, jaulas, trampas o veneno y que, pese a no sen considerados como un delito de furtivismo al uso, continúan constituyendo una falta penal "contra la biodiversidad". En suma, el número de infracciones anuales vinculadas al mundo de la caza supera ligeramente las 50.

Pese a lo positivo del escenario descrito, aseguran desde la Plataforma Ecologista, el "problema sigue siendo real" aunque las distintas administraciones se empeñen en "negarlo", "ocultarlo" o, en el mejor de los casos, "minimizarlo": "La caza furtiva es una realidad que las administraciones tienden a ocultar o minimizar por el poder del sector cinegético. Por eso hay pocos datos al respecto. Como digo, la Consejería de Medio Ambiente -Agricultura e Interior- tiende a negar el problema".

"Cuando vemos las principales causas de muerte en especies protegidas como el águila real, el buitre negro o el lobo, la caza furtiva nunca figura entre ellas. Hay que prevenir y, por supuesto, hay que investigar, pero no es un trauma acuciante a nivel de conservación de estas especies" insisten, por su parte, los Agentes Forestales.

Prueba del calado que mantiene la caza furtiva en nuestros tiempos sería también su inclusión manifiesta entre las "debilidades" del sector recogidas en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética elaborada por el Gobierno en el año 2022. En concreto, el apartado 'Formación y fomento de las buenas prácticas' recoge entre sus "metas" la "diferenciación de la caza de otras actividades ilegales calificadas como delitos", tales como el furtivismo, el uso de venenos o el maltrato animal.

Este punto aborda asimismo la importancia de "concienciar" a cazadores y otros gestores del ámbito sobre la "necesidad de denunciar y erradicar el furtivismo, así como de las repercusiones negativas de las prácticas ilegales en el estado de conservación de las especies y en la propia actividad".

Ámbito nacional

A escala nacional, de acuerdo con los datos publicados por el colectivo Anima Naturalis, el número de licencias de caza se habría reducido de manera drástica en las últimas décadas. Un escenario que, sin embargo, no habría puesto ni mucho menos freno a la actividad. Tampoco, claro, al furtivismo.

"El balance anual de la afición a la caza en España es de 30 millones de animales muertos. Aunque el número de licencias de caza se ha reducido en un 61 por ciento en los últimos 25 años, siguen saliendo a cazar en nuestro país 850.000 licenciados, que, junto a aquellos furtivos y sin licencia, fácilmente doblan esta cifra (...). Anualmente se da permiso para cazar 4,4 millones de conejos, 1,4 millones de liebres, cinco millones de perdices, 90.000 ciervos y 3.664 rebecos, entre otros, y gran parte del territorio nacional es coto de caza", argumentan.

En la actualidad, continúan, diversas administraciones públicas estarían además otorgando "generosas subvenciones con dinero público" pese a los "perjuicios ambientales" derivados de la actividad. Por un lado la "ruptura" del "equilibrio ecológico" en "nuestra fauna y nuestros ecosistemas". Y es que "han eliminado especies depredadoras" para, a posteriori, introducir "híbridos".

Por otro, el "sufrimiento animal", de la mano de prácticas como el uso de trampas, cebos y lazos donde "caen todo tipo de animales, también domésticos, muriendo de manera terrible" y dejan huérfanas a las crías que "pueden llegar a morir de inanición. A ello se añade el "estrés" que supone para la fauna salvaje los ruidos derivados de los disparos en cacerías y batidas.

El tercer y último factor es la contaminación del entorno fruto del plomo que desprenden los cartuchos. "El plomo, metal pesado altamente contaminante, provoca un grave impacto medioambiental y provoca la muerte a decenas de miles de aves acuáticas. Los 300 millones de cartuchos que se disparan cada temporada dejan en el campo 5.000 toneladas de plomo. Junto a este plomo, quedan esparcidos en campos, montes y riberas, cantidades de latas, bolsas de plástico y papel de aluminio dejando en entredicho el manido argumento ecologista de los cazadores", sentencian.

Pese al interés de Madridiario, la Federación Madrileña de Caza ha rechazado en repetidas ocasiones aportar cualquier tipo valoración a este respecto.