El juicio por la pieza separada de la 'Gürtel', que aborda las adjudicaciones irregulares de la trama en Arganda del Rey, se lleva a cabo en la Audiencia Nacional desde este lunes. En el banquillo de los acusados se sentarán Francisco Correa, líder de la trama, junto a varios excargos de la localidad madrileña.
De los 21 acusados, muchos ya han presentado escritos en los que reconocen los hechos, incluyendo al principal implicado en la trama, Francisco Correa, y a su mano derecha, Pablo Crespo. Estas conformidades con la Fiscalía Anticorrupción facilitarán el avance del juicio, programado inicialmente hasta finales de abril del próximo año.
En uno de los documentos a los que Europa Press ha tenido acceso, Crespo describe -en consonancia con la política de colaboración que ha estado llevando a cabo- que estaba al frente de las empresas del grupo Correa, coordinando y proporcionando "las instrucciones a quienes dirigían de derecho estas compañías", mientras recibía las directrices directamente del líder de la Gürtel.
Crespo afirma que estaba al tanto de la entrega de dádivas y sumas de dinero en efectivo a las personas implicadas en este caso. En particular, menciona a tres acusados: el exalcalde de Arganda, Ginés López Rodríguez; Benjamín Martín Vasco, quien fue teniente de alcalde y diputado en la Asamblea de Madrid; y Juan Fernández Caballero, que ocupó el cargo de responsable de Sociedad de Fomento y Desarrollo.
Crespo afirma que "las entregas en efectivo a los dos primeros las hizo siempre personalmente Correa", mientras que él se ocupaba de manera más directa de las donaciones de otro tipo, ya sea en viajes o en cuestiones relacionadas con la asunción de costos por parte de las empresas que gestionaba.
El banquillo de los acusados
En septiembre de 2019, el entonces magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, decidió enviar a juicio oral a 21 personas investigadas por las adjudicaciones realizadas en el municipio entre 1998 y 2009. A algunos de los acusados, el juez les impuso fianzas que alcanzan hasta los 80 millones de euros, en función del monto de las multas que tendrían que enfrentar si resultan condenados.
El auto emitido por De la Mata establecía una fianza de 78 millones de euros para Correa y Crespo, mientras que al empresario de la construcción Fernando Martín se le imponía una fianza de 79,1 millones. Estas medidas se debían a las actividades realizadas durante casi diez años con el objetivo de enriquecerse de manera ilícita mediante la manipulación de la contratación pública y utilizando los fondos de las entidades municipales de la localidad madrileña.
Además de Joaquín, hermano de Benjamín Martín Vasco, en el banquillo se encontrarán la exdiputada madrileña María Josefa Aguado y varios empleados de empresas públicas de la localidad. Entre ellos están Juan Fernández Caballero (de la Sociedad de Fomento y Desarrollo), César Tomás Martín Morales (de Suelo), así como Álvaro García del Río, Isaac García Requena y José Ramón Gutiérrez Villar (de Fomento).
El contable de la trama, José Luis Izquierdo; la administradora del Grupo Correa, Isabel Jordán; el 'cerebro financiero', Ramón Blanco Balín, quien enfrenta una fianza de 75 millones de euros impuesta por el juez; y Pablo Collado Serra, exgerente de la Fundación Baleares Sostenible y trabajador de Easy Concept, una de las empresas de Correa, serán juzgados en relación con las empresas de 'Gürtel'.
Los empresarios Luis Bremond, José Luis Martínez Parra, Manuel Salinas y Amando Mayo enfrentarán juicio, siendo que los dos últimos tienen fianzas de 75 y 80 millones, respectivamente. También serán juzgados Alfonso García Pozuelo, exresponsable de Constructora Hispánica, así como las empresas Special Events, Easy Concept, Good & Better, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Teconsa, Constructora Hispánica y Martinsa.
Una "banda" con afán "depredatorio"
También se llevó a cabo una investigación en esta pieza separada sobre un intrincado entramado de sociedades que, presuntamente, tenía como objetivo la obtención irregular de contratos públicos. Esto se realizaba a cambio de valiosos obsequios o significativas sumas de dinero entregados a funcionarios y autoridades con poder en el área de contratación pública.
Los delitos que se juzgarán incluyen prevaricación, fraude continuado a las administraciones públicas, cohecho pasivo continuado, falsedad en documento mercantil continuada, cohecho activo continuado, así como delitos contra la Hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.
En el auto de apertura de juicio oral, De la Mata explicaba que los investigados llegaron a un acuerdo con el fin de defraudar a las entidades públicas de Arganda del Rey, centrándose especialmente en el propio municipio y la Sociedad de Fomento. Para llevar a cabo esto, participaron en una serie de actos que incluyeron tanto la planificación como la ejecución de la "actividad depredatoria" que realizaron en conjunto.
El exalcalde, junto a Martín Vasco y Fernández Caballero, era ubicado por el juez en una posición privilegiada dentro de la administración pública de Arganda, con competencias significativas en el ámbito de la contratación. El magistrado indicaba que esta situación facilitaba a la red garantizar que los contratos "se adjudicaran conforme a los designios de la banda", lo que ocasionaba "enormes perjuicios al ente público".
Los demás investigados que desempeñaban funciones en las sociedades municipales de Arganda contribuyeron al proceso al presentar informes técnicos o de valoración, aprobando así procedimientos, facturas y pagos que favorecían a toda la red.
Según el juez, los cargos públicos fueron "corrompidos activamente" por la gente de Correa mediante promesas y dádivas, lo que los llevó a comprometerse "como miembros de la comunidad criminal". De este modo, se estableció un acuerdo "permanente y sistemático" para el desfalco del ayuntamiento y sus sociedades públicas.
Finalmente, para lograr que se les adjudicaran los contratos públicos, los empresarios presentaban ofertas ya manipuladas, conscientes de que resultarían ser los ganadores. Estas propuestas incluían precios exorbitantes, plazos de cumplimiento inalcanzables y un conocimiento previo de las condiciones estipuladas en los pliegos, además de estar involucradas "comisiones millonarias".
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