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La diputada Tesh Sidi, respaldada por las portavoces de Más Madrid en el Ayuntamiento y la Asamblea, Rita Maestre y Manuela Bergerot.
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La diputada Tesh Sidi, respaldada por las portavoces de Más Madrid en el Ayuntamiento y la Asamblea, Rita Maestre y Manuela Bergerot. (Foto: María Vera de Road Experience Audiovisual)

Más Madrid defiende blindar el suelo público de la Operación Campamento y “frenar el despilfarro de recursos"

Por Daniel Jiménez Vaquerizo
lunes 21 de octubre de 2024, 13:56h
Actualizado: 29/10/2024 11:08h

Con uno de los grandes desarrollos urbanísticos dando sus primeros pasos tras el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo municipal de José Luis Martínez-Almeida para desbloquear la Operación Campamento, a la izquierda del PSOE hay aspectos de este proyecto que se le quedan cortos por lo que este lunes, desde el grupo parlamentario de Sumar, donde se integran los diputados de Más Madrid, han registrado una proposición no de ley (PNL) ante el Congreso para la creación de un parque público de vivienda de alquiler social permanente en la operación Campamento y que pase por blindar el suelo con el fin de frenar "el despilfarro de recursos" y la "especulación urbanística", tal y como han subrayado a las puertas de la Cámara Baja la diputada de la formación, Tesh Sidi, junto a las portavoces de Más Madrid en el Ayuntamiento y la Asamblea, Rita Maestre y Manuela Bergerot.

Con la manifestación del pasado 13 de octubre en favor del derecho a la vivienda como trasfondo, desde Más Madrid y Sumar se hace un llamado a "priorizar la vivienda como un bien de interés social", en particular en la Operación Campamento, donde está prevista la construcción de unas 10.700 viviendas, de las cuales el 60 por ciento serán de protección pública. Además, puntualizan que las viviendas con algún tipo de protección "estarán sujetas al módulo de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid, el cual presenta dos características preocupantes: primero, después de 15 años, estas residenciasse privatizarán y pasarán al mercado, y segundo, los precios de las viviendas protegidas resultan claramente inasequibles", según la PNL consultada por Madridiario.

La líder de la oposición en el Ayuntamiento, Rita Maestre, frente al Congreso de los Diputados. Foto: María Vera-Road Experience

La diputada nacional Tesh Sidi insistían el situar el proyecto urbanístico como “una gran oportunidad para poner la vivienda en el centro, para demostrar que este gobierno progresista lucha por una justicia social y por un clamor social que, independientemente del color político, la ciudadanía española ya ha hablado en diversas manifestaciones a lo largo de este mes” ha remarcado antes de registrar la iniciativa.

Sidi: “Es una oportunidad para poner la vivienda en el centro”

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Consistorio insistía junto a la puerta del Congreso que la formación trae “una propuesta para hablar de vivienda en serio. Desde Madrid creemos que no es momento de pedir solidaridad ni a los rentistas, ni a los caseros, ni a los fondos buitres, porque ya sabemos lo que va a haber en el otro lado".

Para Maestre, la Operación Campamento debe permitir a su parecer “pasar de las buenas palabras a los hechos" y así “garantizar que el cien por cien de los suelos que hoy son públicos sigan siendo de todos los madrileños que no empecemos otro ciclo especulativo con esas viviendas que se construyen sobre suelo público y que a los 15 o 20 años pierden su calificación y por lo tanto pasan a ser viviendas libres y de mercado", ha defendido ante los medios de comunicación.

“Abandonar” la política de vivienda de los últimos años

"Es crucial reconocer y aplicar esta premisa, dado que el modelo actual de vivienda protegida en Madrid no responde a la crisis habitacional que enfrentamos", afirman en la PNL, donde critican la inversión histórica de "grandes cantidades de suelo y recursos en la construcción de viviendas que, al cabo de pocos años, se privatizan".

Según Sumar, esto ha provocado "un notable despilfarro de recursos públicos, lo que ha afectado el acceso a la vivienda para las futuras generaciones. La política de vivienda debe abandonar el modelo predominado en los últimos 25 años para detener "las diferentes formas de especulación inmobiliaria". Señalan que este cambio es responsabilidad de SEPES y del Ministerio de Vivienda. "Es fundamental diferenciar entre el cumplimiento de la normativa (estándar urbanístico) y el destino final y precio de venta, alquiler o derecho de superficie que el propietario (SEPES) se compromete a establecer para sus parcelas", explicaron.

Defienden una protección permanente de las viviendas

La PNL solicita que se asegure que SEPES utiliza las herramientas, como la cesión de derechos de superficie o concesiones administrativas, para garantizar la titularidad pública de su patrimonio inmobiliario en los acuerdos que pueda firmar con otras administraciones públicas y entidades de suelo destinados a promover vivienda para crear parques públicos de vivienda.

Asimismo, exigen que en los pliegos de licitaciones de suelo en derecho de superficie o concesión administrativa en la fase de construcción, se asegure que la mayoría de las viviendas sean de alquiler, que todas tengan protección permanente, que se realice una considerable reducción del precio de las viviendas protegidas para que sean efectivamente sociales y asequibles, que en ningún caso se venda suelo público, y que los pliegos de derechos de superficie se elaboren en colaboración con promotores de lucro limitado, cooperativas y empresas públicas de vivienda, se puede leer en el texto

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