Una vez rechazas las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos regionales para 2026, la oposición a Isabel Díaz Ayuso ha decidido activar -aunque, en honor a la verdad, sin demasiada esperanza- su plan B: tratar de modificar en fondo y forma las cuentas por la vía de las enmiendas parciales. En suma, este año se han registrado cerca de 3.600 recursos. Más Madrid se consolida como la fuerza más activa en este sentido con un total de 1.350, seguida de cerca por el PSOE-M, con 1.325, y Vox, con hasta 924.
Aunque con matices en función de la orientación política de cada formación, el foco se sitúa en cualquier caso sobre los servicios públicos. Especialmente en áreas como la Sanidad, la Educación, la crisis de acceso a la vivienda o los cuidados para personas vulnerables. Los progresistas, como de costumbre, van de la mano al exigir el incremento del gasto destinado a todas estas partidas. En Vox, por su parte, prefieren seguir apostando por el principio de "prioridad nacional" como receta frente a un "colapso" y "saturación" de los servicios públicos que bebe, a su juicio, de la presión migratoria.
Entre las propuestas estrella de Más Madrid destaca un plan de mejora de la Atención Primaria que garantice citas con el médico de Familia o pediatra en un plazo máximo de 48 horas desde su solicitud, la ampliación del parque regional de vivienda con especial grado de protección o que la financiación universitaria aumente de manera progresiva hasta alcanzar el uno por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

Desde una óptica municipalista, el partido capitaneado por Manuela Bergerot ha registrado también enmiendas junto a más de 40 concejales de distintas localidades. Propuestas, apuntan, que "son la traducción legislativa de lo que necesitan los municipios y de la falta de inversión y planificación que sufre el territorio". Entre ellas se incluye la construcción del décimo colegio público de Tres Cantos o la restauración integral del IES Aldebarán en Alcobendas. También la construcción de un nuevo IES en Pedrezuela, otro en el barrio del Puerto de Coslada o la climatización del CEIPSO de Chapinería.
En materia social y sanitaria, Más Madrid propone que el actual consultorio de Alpedrete pase a ser un centro de salud, que Boadilla del Monte cuente con un centro de día, una residencia pública y un tercer centro de salud, o que Getafe cuente con un centro de día adicional y una residencia pública para mayores. Dentro del catálogo de propuestas en movilidad y transportes se encuentran la extensión de la Línea 10 de Metro hasta el Ensanche Sur de Alcorcón, la ampliación de la Línea 11 desde La Fortuna hasta su conexión con la L12 en Leganés, y la creación de un autobús directo desde Morata de Tajuña.
Siguiendo un sendero muy similar, en el Partido Socialista ponen la lupa sanitaria en "modificar el actual sistema privatizador, cuyas consecuencias son largas listas de espera de más de un millón de habitantes, una sobrecarga asistencial de los hospitales y una mínima inversión en Atención Primaria". Para resolverlo, se apunta a la necesidad de invertir 50 millones en hospitales públicos. Cifra que "se retrotraería de los hospitales de gestión privada". Además, otros 156,3 millones irían destinados a la construcción de 35 centros de salud.

En vivienda, los socialistas inciden en alcanzar un parque de vivienda próximo al nueve por ciento del total, para lo que se propone una inversión de 900 millones, además de otros 40 para ayudas al alquiler. Los planes en Educación, otra de las prioridades, pasan por incrementar las transferencias a las universidades públicas hasta los 315 millones, 40 millones para la contratación de profesorado y 144 para la apertura de centros o el lanzamiento de nuevas becas al estudio.
Finalmente, en el apartado fiscal los de Mar Espinar defienden "bajar el IRPF al 96 por ciento de los madrileños" mediante ajustes orientados a gravar a los ciudadanos que mayores recursos económicos ostenten. A tal fin se ajustaría el régimen impositivo a las rentas más altas para diferenciar con claridad los estratos verdaderamente "ricos" de aquellos con ingresos próximos a los 57.000 euros anuales. El objetivo último, por ende, "devolver la progresividad al sistema".
En el seno de Vox, por el contrario, las casi mil enmiendas suscritas aspiran a liberalizar más suelo público para construir hasta 10.000 viviendas extra, que se ejecuten "de una vez por todas" los 30 centros de salud prometidos años atrás, la gratuidad total de la educación pública y concertada o recuperar las más de 1.200 camas "perdidas" en los hospitales de la región desde 2019.
Todo ello bañado con diferentes propuestas para devolver a sus países de origen a todos los inmigrantes ilegales, incluyendo, claro, a los menores extranjeros no acompañados, a quienes culpan directamente de la "creciente inseguridad en nuestros barrios".

A la espera de los perceptivos encuentros en comisión, que bien podrían terminar por alterar el número total de enmiendas que lleguen vivas a la votación final, está previsto que el debate definitivo en torno a los recursos parciales tenga lugar en sendas sesiones plenarias los próximos 18 y 19 de diciembre.
Fuera como fuese, no resulta previsible que el Partido Popular vaya a ceder demasiado terreno. En la práctica, al menos de seguir el modelo de años anteriores, esto bien podría suponer la aprobación de apenas una veintena de enmiendas, con capacidad de movilizar más bien pocos recursos. Como tope, en torno a un millón de euros. Una cifra tildada por la oposición de "aguinaldo" encaminado a justificar que desde el PP no ejercen el tan criticado "rodillo" parlamentario.