Había ganas de debate entre los concejales para enfrentarse en el ring político del salón de plenos del Consistorio madrileño. Los ediles han aprovechado los 53 puntos del órden del día para repasar la actualidad política municipal, nacional e incluso internacional en una sesión donde los bloques de la izquierda y la derecha han mostrado su división a cuenta de la aprobación de la Operación Campamento unos y otros, por la política medioambiental en la ciudad. Una jornada donde Gobierno y oposición municipal han chocado por la financiación territorial y el papel de la capital con los debates abiertos de una futura reforma de la Ley de Capitalidad.
Contraste de emociones en los rostros de los concejales del Ayuntamiento de Madrid que este lunes se enfrentaban a su primer Pleno tras el parón vacacional. El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith entraba en el en salón de plenos con una sonrisa amplia tras el éxito judicial cosechado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que el pasado martes anulaba varios artículos de las tres Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) implementadas por el Ayuntamiento de la capital, tras un recurso interpuesto por su grupo municipal. Ayer mismo, Ortega se paseaba con una furgoneta recorriendo el centro de la capital al grito “de Almeida, trilero, ¡devuelve ya el dinero!”, a su paso por los pasillos del Palacio de Cibeles algún cargo del Ejecutivo municipal apuntaba la posible consecuencia de su acción “la multa le va a llegar igual si no tiene la etiqueta”, y es que, como no se cana en insistir el equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida las sanciones siguen vigentes en los treinta días que tiene de plazo para recurrir la sentencia.
Otro ejemplo de felicidad lo ponían este martes los ediles del grupo municipal socialista que este Pleno han unido sus votos a los del Partido Popular y los de Vox para dar luz verde definitiva a la Operación Campamento, que tras más de treinta años de paralización construirán en estos antiguos terrenos militares del distrito de Latina 10.700 nuevas viviendas, de las cuales más del 65 por ciento estarán bajo algún tipo de protección, para la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, que calificaba este proyecto urbanístico como la "esperanza" para que los vecinos de Madrid tengan viviendas. Sacaba pecho del papel del Gobierno estatal para desencallar esta brecha al suroeste de la capital. Al finalizar la votación, Maroto atendía a los medios de comunicación junto a la presidenta de Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Leire Iglesias, a quien agradecía que " en ocho meses" se haya conseguido que se pueda dar el pistoletazo de salida a esta oportunidad de "hacer las cosas distintas" y poder dotar a 10.700 familias de "una vida asequible".
Un escenario de acuerdo entre la administración local y estatal que parece imposible si repasamos los contínuos choques entre PP y PSOE y que ha sido posible con la titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodriguez, con quien el alcalde lleva meses sentándose para desatascar la Operación Campamento, pero que parece se queda únicamente en esa cartera ministerial, “desde el Ayuntamiento de Madrid tenemos las puertas abiertas”, insistía Martínez-Almeida al ser preguntado por Madridiario si esta vía de acuerdo y negociación era extensible a otros ministerios con quien el regidor se ha intercambiado mensajes, en ocasiones vía carta y otras a golpe de Tweet, como es el caso del titular de Transportes, Óscar Puente a quien el alcalde volvía a mandar un recado desde las puertas del Pleno, “la pregunta es si Puente tiene las puertas abiertas a resolver los problemas de los madrileños”. Almeida daba su particular estocada final a la portavoz del PSOE en el Consistorio, al señalar que está "amortizada en términos políticos" y no ha tenido "ningún papel" en la aprobación de la operación Campamento, que ha salido adelante en el Pleno de Cibeles.
Enfrentamiento entre “socios” y una hija sin perspectivas
La alegría generalizada por el acuerdo para desbloquear esta operación urbanística chocaba con el rechazo de los ediles de Más Madrid al acuerdo. Su único voto en contra lo explicaba su portavoz, Rita Maestre que se lamentaba por afrontar lo que a su parecer supone "una oportunidad perdida enorme para cambiar la política de vivienda de la ciudad en un momento en el que no hay reto ni problema más acuciante para las familias y jóvenes madrileños como es acceder a una vivienda". La líder de la oposición tiraba de argumento generacional para señalar que su hija, quien ahora tiene un año y medio de edad, "cuando termine el instituto no tendrá acceso a terrenos que ahora son suyos como madrileña", ya que señala, “sólo el siete por ciento de los terrenos serán públicos en 15 años".
Mientras, la mirada atenta del regidor seguía la intervención de las dos líderes de la izquierda. Como el que observa un partido de tenis, giraba sus ojos a un lado y al otro de los asientos de Maestre y Montero y se regocijaba en las divisiones de ambas, “hemos asistido de manera incomprensible a un enfrentamiento entre los dos socios de gobierno en España” e insistía “es llamativo la ferocidad y el encarnizamiento que ha habido hoy en la izquierda, esperamos que no tenga consecuencias negativas”.
De Cibeles a Caracas
El Pleno del Ayuntamiento no iba a ser menos y la situación en Venezuela ha sido objeto de debate este martes en el Palacio de Cibeles a través de una proposición presentada por Vox que defendía exigir al Gobierno de Pedro Sánchez el reconocimiento a Edmundo Gonzalez como “presidente legítimo” del país latinoamericano. Un debate donde la política nacional se ha entremezclado con la internacional. La concejala del PP, Yolanda Estrada, ha afirmado que en estos momentos la libertad y la democracia "está amenazada" por Sánchez. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Ortega Smith, encargado de presentar esta iniciativa, elevando el tono del debate ha indicado que el Gobierno de Maduro ha procedido a "la friolera de 19.000 ejecuciones extrajudiciales, 15.000 casos de detención arbitraria y 700 casos de desaparición formal", en un país que carece de "los mínimos estándares democráticos" y sometiendo a la población a "una terrible crisis alimentaria y médica". Por su parte la izquierda, ha coincidido en el voto en contra de esta proposición y ha cargado contra lo que consideramos “hipocresía” de los ‘populares’.
Más Madrid y PSOE rechazan la iniciativa
Desde Más Madrid, que ha expresado su oposición a esta propuesta, la concejala Pilar Sánchez ha censurado que la situación política de Venezuela se haya incorporado a la política de España, ya que la derecha y la ultraderecha "utilizando torticeramente" el contexto de dicho país con el fin de obtener beneficios electorales en lugar de buscar una mejora efectiva. Por otro lado, el concejal del PSOE Enrique Rico ha reprochado al PP por usar "el dolor del pueblo venezolano" con el propósito de atacar al Gobierno central, además de manifestar su "rotundo rechazo a la hipocresía y demagogia".
Financiación madrileña y capitalidad
Aunque la política nacional y sus tensiones se han traspasado a los muros del salón de plenos municipal, el papel de la ciudad y su capacidad de gestión propia ha protagonizado otro de los debates más intensos entre el Gobierno y los grupos de la oposición a cuenta de la financiación singular catalana y la petición de la izquierda de dotar a la capital de una "asegurar al municipio de Madrid la atribución de las competencias procedentes de acuerdo con su capacidad de gestión, así como la financiación correspondiente por parte de la Comunidad para garantizar el buen desarrollo de las políticas públicas", como ha defendido la concejal socialista Enma López al proponer que el Consistorio crease un grupo de trabajo que sacase adelante una Carta Municipal de Madrid, una ley autonómica inexistente en la actualidad y que para López su supone "una anomalía y una discriminación histórica que sufre Madrid" y que además evitaría duplicidades al aclarar competencias, que "cada año cuestan al año 700 millones de euros que debería pagar Isabel Díaz Ayuso y que no paga".
La encargada de dar la contra a la propuesta socialista, que sí contaba con el apoyo de Más Madrid, ha sido la titular del área de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, que se ha espetado a la izquierda que la propuesta ahora "es un error ahora en paralelo a la Ley de Capitalidad" y es que durante todo el debate, además de las constantes referencias al acuerdo de financiación singular firmado entre el PSOE y ERC que permitió la investidura de Salvador Illa, la elaboración de una nueva Ley de Capitalidad que por ahora continúa en los despachos del Ejecutivo municipal en un borrador donde trabajan expertos y técnicos municipales antes de que inicie su camino hacia el Congreso de los Diputados donde debe debatirse. Una norma que sustenta el artículo quinto de la Carta Magna y del que Hidalgo, ha defendido la necesaria modificación y actualización porque "Madrid necesita mayor autonomía, concretamente en materia fiscal, queremos que se desarrolle el régimen financiero que estaba en la ley de Haciendas Locales", ha subrayado.
El asunto de la financiación también se ha tratado en el Pleno mediante una propuesta presentada por el PP, en la que solicitaron instar al Gobierno a defender "la igualdad y la solidaridad como principios irrenunciables del ordenamiento constitucional". La vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, opina que la financiación especial de Cataluña es "el mayor acto de corrupción política de la democracia" junto con la amnistía a los líderes del golpe.
"Pedro Sánchez compra la Presidencia del Gobierno de España y la del Gobierno autonómico catalán. Y el coste es ni más ni menos que la igualdad y la solidaridad entre los españoles. Esto no se trata de territorios, se trata de personas, se trata de que los que más tienen contribuyan para que los más vulnerables no se queden atrás", afirmó.
Como madrileña, señaló que no puede exigir que todos sus impuestos permanezcan en Madrid, pero como española no le es "indiferente" lo que ocurra. "El concierto fiscal para Cataluña rompe ese vínculo y diluye esa responsabilidad al otorgar un privilegio injusto que, además, no tiene cabida en la Constitución", criticó en un Pleno que concluye como terminó la última sesión en julio, con más disensos que acuerdos entre los grupos municipales, esta vez también entre los bloques de la izquierda y la derecha.
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