Inicios de curso político hay muchos y cada uno con una intensidad diferente. Si el Congreso de los Diputados arrancaba sus debates, tras el parón vacacional, agitados por la financiación territorial y la situación en Venezuela, y la Asamblea de Madrid lo hacía con dos jornadas intensas en su Debate del Estado de la Región, ahora llega el turno del Ayuntamiento de Madrid que retoma su Pleno con los ecos todavía de la sentencia que anula varias disposiciones de la Ordenanza de Movilidad Sostenible puesta en marcha por el alcalde José Luis Martínez-Almeida y echando al traste las Zonas de Bajas Emisiones. Un veredicto judicial sobre el que estos días el Consistorio ultima su recurso, por lo que el debate entre los 57 ediles repasará las políticas medioambientales de la capital a lo largo de una jornada que, como sucedió la pasada semana en el Congreso, debatirá de política internacional con una propuesta de Vox para instar al Ejecutivo nacional a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.
Día largo en el Palacio de Cibeles donde los concejales de Gobierno y oposición retomarán el debate político con un punto clave en el orden del día: las repercusiones de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) que anula la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el municipio de Madrid, así como las que crean las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección en Centro y Plaza Elíptica, que enfrentará al Ejecutivo municipal y a los grupos de la oposición con Más Madrid y PSOE pidiendo al regidor no apurar los 30 días y recurrir cuanto antes la sentencia. Mientras tanto, Vox, con sabor a victoria y tras el éxito de su iniciativa judicial que defiende la dimisión de Martínez-Almeida y exige al Consistorio abandonar las “políticas del fanatismo climático”, como ha venido defendiendo su portavoz, Javier Ortega Smith, desde que se conoció el contenido de la sentencia. Todo ello, mientras el Ejecutivo municipal trabaja ya en una nueva ordenanza que proteja lo esencial de la norma, al tiempo que Almeida saca pecho por un modelo medioambiental que califica “de éxito”.
Entre los 53 puntos del orden del día del Pleno ordinario de este mes de septiembre, la política nacional y, de nuevo, la internacional, también se colocarán en los debates de los concejales. Sobre financiación territorial, será el portavoz de los ‘populares’ en el Consistorio, Carlos Izquierdo, quien intervenga en una proposición para que la capital inste al Gobierno estatal a que “defienda la igualdad y la solidaridad como principios irrenunciables del ordenamiento constitucional y del Estado autonómico en la toma de decisiones”. No será esta la única oportunidad en la que confronten los representantes de la derecha y la izquierda en Cibeles. La inmigración y las políticas de vivienda protagonizarán momentos de máxima tensión. Los de Vox defenderán que el Ejecutivo municipal “reformule” las preguntas que plantea en la consulta pública abierta en formato digital sobre el Plan Estratégico en esta materia, donde el Gobierno de Martínez-Almeida defiende que la ciudad debe "dotarse de instrumentos que faciliten el desarrollo de procesos de acogida".
Cumplir la Ley de Vivienda y poner coto a los pisos turísticos
La oposición municipal defenderá dos proposiciones centradas en materia de vivienda, que se entrelazan con las políticas de control de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la ciudad. El PSOE defenderá que el Ayuntamiento de Madrid inste al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso al cumplimiento de la Ley de Vivienda impulsada por el Ejecutivo estatal y la no aplicación de la Ley de medidas urbanísticas impulsada por Ayuso. Una norma que, para la portavoz de los socialistas, Reyes Maroto, se aprobó en junio por procedimiento de urgencia y lectura única,”lo que indica, cómo hace las cosas la señora Ayuso, deprisa y corriendo”.
Sobre los pisos turísticos y tras la reunión que sostuvo el titular de Urbanismo, Borja Carabante, con los portavoces de la oposición para trasladar la línea de acción del Ejecutivo municipal. En este encuentro les planteó la propuesta de que las futuras Vut se ubiquen en edificios dedicados únicamente al alojamiento turístico y no en pisos dentro de otras comunidades de propietarios, lo que para Más Madrid desembocará en la compra de edificios completos por fondos de inversión que “carecen de escrúpulos a la hora de desalojar a sus inquilinos”.
Más Madrid se opondrá a la Operación Campamento
Donde sí parece que habrá consenso, al menos mayoritario, será en la aprobación definitiva de la Operación Campamento, que se traducirá en la construcción de 10.700 nuevas viviendas, de las cuales más del 65 por ciento estarán bajo algún tipo de protección (VPPL, VPPB y régimen de alquiler). Una votación contará con el apoyo asegurado de PP, PSOE y Vox y el voto en contra de Más Madrid que ha señalado este proyecto como una “oportunidad perdida” para la puesta en marcha de más vivienda pública en este enclave en el este de la ciudad. En palabras de su portavoz, Rita Maestre, esta operación nace con un “modelo fracasado” en materia de parque público de vivienda en este nuevo desarrollo público, “se venderá al privado, ya que en 15 años el 93 por ciento de vivienda dejará de ser pública”. Para la líder de la oposición, "no hablamos de una operación que uno se encuentra en marcha, sino que Entidad Pública Empresarial de Suelos (Sepe) está vendiendo terreno en la ciudad de Madrid", declaró a la prensa antes del Pleno.
Carta municipal y Ley de capitalidad
El debate sobre financiación será uno de los puntos clave, no solo a raíz del acuerdo entre el PSOE y ERC para un financiamiento singular para Cataluña que ha tensado el debate político estatal, también por el protagonismo de la capital para gestionar y aumentar sus propios recursos. Desde el grupo municipal socialista defenderán la puesta en marcha de un grupo de trabajo para la elaboración de una Ley de Carta Municipal de la ciudad con el objetivo de “asegurar al municipio la atribución de las competencias procedentes de acuerdo con su capacidad de gestión”, tal y como recoge la proposición. Para Reyes Maroto, su puesta en marcha “beneficiará el buen desarrollo de las políticas públicas”. Una propuesta que tiene difícil prosperar, ya que para el portavoz de los ‘populares’, Carlos Izquierdo, cree que Maroto está "tratando de distraer la atención de lo importante, la Ley de Capitalidad", reclamando "una ley especial para que la Comunidad dé más financiación pero es que la Comunidad necesita más financiación".
La oposición denuncia "opacidad" en la Ley de Capitalidad
La reforma de la ley que regula el artículo quinto de la Constitución Española será también objeto de debate. Los de Vox preguntarán al regidor si considera que cuando la reforma de esta norma llegue al Congreso de los Diputados, “Pedro Sánchez y sus socios van a aprobar lo mejor para Madrid”. La reforma de esta norma, que regula las singularidades de Madrid y que como reza el éxito actual de la norma “reclaman un tratamiento legal especial que haga posible un gobierno municipal eficaz”, es un trabajo ingente que se apoya en el trabajo de altos funcionarios del Consistorio y expertos en urbanismo y otras especialidades con un grupo de trabajo donde no están invitados los grupos políticos municipales, lo que ha provocado la queja tanto de Más Madrid como PSOE. Ambas formaciones políticas coinciden en denunciar que no han recibido “ni una sola noticia por parte del Gobierno”, con “mucha opacidad” por parte del Ejecutivo de Martínez-Almeida.
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