El Grupo Municipal Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por un supuesto delito de prevaricación relacionado con los pisos turísticos ilegales en la ciudad.
La portavoz de la formación, Rita Maestre, ha explicado que con este paso se proponen "acabar con la impunidad" de las viviendas de uso turístico ilegales que "Almeida ha permitido durante cinco años".
"Con respecto al Consistorio y a la Agencia de Actividades, hay un delito de prevaricación. En concreto, el artículo 320 del Código Penal habla explícitamente de que cuando los funcionarios, los cargos políticos o las administraciones conocen que se está cometiendo una ilegalidad, tienen el deber de actuar", ha subrayado.
La información que posee el Gobierno municipal, proporcionada por asociaciones vecinales, el Ministerio de Consumo y plataformas turísticas, es considerada por la líder de la oposición en el Ayuntamiento como "suficiente y relevante como para proceder al cierre inmediato de esos pisos turísticos ilegales".
"Nos parecería impensable que en Madrid funcionaran, por ejemplo, 15.000 clínicas dentales que no tienen una licencia o 15.000 farmacias que no tienen ninguna licencia municipal. El Ayuntamiento conoce los pisos turísticos ilegales, pero no los cierra", ha lamentado.
Maestre ha señalado que "solo se han cerrado 200 pisos turísticos ilegales y se han abierto a la vez 2.500", lo que indica que la actividad de estas viviendas "está muy lejos de acabar con este negocio ilegal".
La portavoz de Más Madrid ha añadido que la plataforma Airbnb está incurriendo en un delito contra los consumidores al "permitir de forma explícita que se publicite la actividad de los pisos turísticos ilegales, que carecen de una licencia municipal".
La ilegalidad no solo se manifiesta en la práctica de estos pisos, sino también en la publicidad que reciben en esta plataforma, de acuerdo con el reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea y la Ordenanza de Consumo del Ayuntamiento de Madrid. "De alguna manera, se aprovecha de la confianza que los consumidores pueden tener en el control y la regulación de las administraciones públicas, que no existe", ha explicado.
Maestre ha trasladado su deseo de que la Fiscalía inicie "cuanto antes" una investigación para "confirmar" esta situación. "Creemos que hay un delito de omisión del deber de responsabilidad por parte de las administraciones y que hay que actuar de forma inmediata", ha zanjado.
Almeida recuerda que Carmena no cerró ninguna VUT ilegal
Por su parte, Martínez-Almeida ha calificado el movimiento judicial de Más Madrid como "parte de una estrategia política basada en tratar de sacar un titular" y ha advertido que va a aportar información completa a la Fiscalía no solo de sus años en el Gobierno municipal, sino también de la etapa en que estuvo Rita Maestre. "Lo digo porque a efectos de defensa, pero también de valoración de una posible reproche penal, estoy seguro de que la Fiscalía valorará tanto todas las actuaciones que hemos llevado a cabo, todas las inspecciones que hemos hecho y todas las viviendas clausuradas, como el número de viviendas clausuradas por el equipo de gobierno de Rita Maestre, que fueron cero", ha advertido.
El regidor ha subrayado que "el Gobierno de Rita Maestre, el Gobierno de Manuela Carmena no cerró una sola vivienda turística ilegal, ni una". Además, ha afirmado: "Vamos a aportar a la Fiscalía el número de inspecciones realizadas por Más Madrid, así como la cantidad de expedientes sancionadores que instruyó. También proporcionaremos el número de sanciones impuestas y el total de viviendas clausuradas por Más Madrid, que fueron cero".
"Si a nosotros nos reprocha una actuación omisiva y hemos clausurado y hemos inspeccionado y hemos impuesto medidas y hemos multiplicado el importe de las sanciones, ¿qué será de aquellos que no hicieron nada, que fueron incapaces de clausurar una sola vivienda?", se ha preguntado.