En 2010 el Gobierno de Esperanza Aguirre eliminó diferentes órganos autonómicos mediante su Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público de la Comunidad de Madrid. Uno de ellos fue la Defensoría del Paciente, una figura con estatus de autoridad sanitaria, con capacidad de investigación, de sanción y que centralizaba los procesos de reclamaciones ante problemas en el acceso y el servicio sanitario. Para recuperar estos mecanismos y reforzar derechos, Unidas Podemos lleva al Pleno de esta semana esta Proposición de Ley que contará con el apoyo de la izquierda.
A pesar de que en la formación morada son conscientes de la dificultad del apoyo o abstención del Partido Popular o de Vox en esta iniciativa, confían en que pueda haber algún tipo de negociación para acordar el texto de la propuesta y llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos. Uno de los argumentos que la diputada de UP, Vanesa Lillo, enarbolará para tratar de convencer a la Cámara y a la bancada conservadora es la utilidad de esta Defensoría del Paciente, en términos de agilización de los procesos de reclamación por parte de algún paciente del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
“De aprobarse, la Defensoría obligaría a que en todos los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid tendría que haber acceso físico a ella y a una centralización del mecanismo de resolución de los problemas”, explica esta diputada, encargada de la iniciativa. Asegura que sería difícil entender que el Grupo Parlamentario Popular se negara a aceptar la recuperación de esta figura, que traería consigo un sistema más racional a su juicio de la atención en todos los niveles asistenciales.
Un mecanismo orgánico y centralizado
En la actualidad, cuando un paciente del Sermas considera que no ha tenido un acceso fácil o un tratamiento adecuado o cualquier otro problema relacionado con este servicio público sus únicas opciones son dirigirse a la ventanilla de atención al paciente del centro sanitario que le ha atendido o, en casos graves, tomar la vía judicial y enfrentarse a la Consejería de Sanidad en un tribunal. En el primer caso, el más común, esa queja o reclamación pasaría a la Unidad de Atención del Paciente de dicho centro donde es analizada y evaluada.
Un problema común de la primera vía, asegura la diputada en base a los datos de las memorias de las quejas y reclamaciones, es que una cantidad importante “caen en el olvido”. “Nos encontramos con mucha gente, los datos así lo avalan, que han puesto una reclamación y que nos cuentan que cae en un olvido. Con esta Defensoría la Administración tendría que responder obligatoriamente al paciente reclamante y comunicar si se admite o no se admite, en base a una argumentación”, detalla.
"Muchas reclamaciones se olvidan"
En este sentido, una novedad importante que traería este órgano al servicio es la centralización de la gestión de estas reclamaciones. Es decir, ya no serían las Unidades de Atención al Paciente propias de cada uno de los centros de salud u hospitales los que tendrían que asumir de forma individual los casos, sino que estaría tutelado por esta Defensoría con el fin de garantizar una respuesta acorde a cada caso.
“Ahora, tú mandas un correo, que es como una queja, que queda en la persona que recibe el correo y te contesta con lo que considera. No, esto debe tener un número de registro y que exista una centralización de todas las reclamaciones con el mismo mecanismo”, explica Lillo.
Aquí, señala la diputada que es necesario que la Administración recupere esta figura porque a pesar de que existe alguna asociación privada que ejerce alguna de estas funciones, debe ser el Estado quien asuma las competencias sobre este servicio público.
Un régimen sancionador
Además de modificar el tipo de gestión de las reclamaciones, la Defensoría del Paciente trae consigo un régimen sancionador que se aplicaría contra la Administración regional en los casos en los que se probara alguna negligencia o mala actuación. La diputada Lillo explica que este régimen es parte de un proceso “garantista” para que cuando proceda se pueda aplicar en estos casos. El problema actual es que “ahora no hay quien vele por el cumplimiento de esas leyes”, asegura, a la vez que incide en la capacidad de esta figura para iniciar investigaciones dentro del Sermas, gracias al estatus de autoridad sanitaria.
"Hay que centralizar el sistema"
En cualquier caso, comenta que esto tiene que ver también con la Ley de información al paciente, con su regulación, ya que esta norma es la que establece cómo y cuándo se incumple una sanción., así como el importe. Es decir, para evitar que los expedientes se eternicen, la normativa estipula un tiempo máximo de tres meses para las resoluciones, una medida que limitaría las esperas de las partes implicadas.
En este punto, la proposición también plantea la necesidad de un proceso formativo para los profesionales. Explica la parlamentaria que la garantía de acceso físico o virtual implica previamente un proceso de información, para que, por ejemplo, al acudir a un centro de salud el paciente tenga la garantía de poder acceder a esta Defensoría. “Tener identificados esos centros y la posibilidad de aclarar dónde ha tenido ese problema de todas las personas de la atención al paciente”, expone.
Negociación política en marcha
Para que esta Proposición de Ley salga adelante se necesita una mayoría simple. Es decir, sin el apoyo o la abstención del PP o de Vox sería imposible que la Defensoría del Paciente fuera una realidad. Según fuentes cercanas al Grupo Parlamentario Popular, aún no tienen decidido el sentido de su voto o no están dispuestos a revelarlo hasta que la fecha se acerque un poco más. En concreto, será el próximo jueves cuando se debata esta iniciativa en sesión plenaria, por lo que es previsible que se conozcan más detalles al respecto en los próximos días.
Al igual que el Partido Popular, el PSOE tampoco quiere desvelar aún su apoyo a la recuperación de esta figura. En su caso, es la diputada Matilde Díaz Ojeda, portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid, quien mantiene conversaciones con su homóloga dentro de Unidas Podemos. De acuerdo a fuentes socialistas, el apoyo es previsible aunque todavía quedan “flecos” por negociar.
Una postura diferente mantienen en Más Madrid, que “celebran y apoyan” cualquier iniciativa o medida encaminada al refuerzo de los derechos de la ciudadanía, como esta. Aseguran que están trabajando en alguna posible enmienda dentro del texto legislativo pero que el entendimiento con los morados en esta materia sanitaria es muy alto. En cuanto a la persona que pudiera dirigir la Defensoría, especula Lillo, debería ser “alguien blanco, neutro” y que no despertara recelos ideológicos para poder obtener el apoyo de una mayoría simple del hemiciclo.
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