El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no falta a su palabra y cumple con su socio de investidura. Tal y como figura en el acuerdo de los Presupuestos de 2022 entre el Partido Popular y Vox, la Comunidad de Madrid fiscalizará 300 millones de euros repartidos en 260 líneas de subvenciones concedidas a entidades de los ayuntamientos de la región, a instituciones sin ánimo de lucro y a personas físicas. La encargada de esta auditoría será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que tiene la tarea de comprobar si esos 300 millones que salen de las arcas públicas se emplean de forma debida y justificada.
Sin embargo, la Administración regional no aporta el detalle de las líneas de ayuda concretas que se van a fiscalizar, ni de qué ayuntamientos, ni de qué organizaciones sin ánimo de lucro. Lo que sí explican es que las cuantías que serán fiscalizadas no tendrán relación ni con el empleo, ni con la educación, ni con el transporte, ni con el Plan de Inversión Regional.
En cualquier caso, aseguran desde la Puerta del Sol que además de cumplir con el acuerdo entre PP y Vox, esta auditoría servirá para revisar el gasto público en materia de subvenciones y ayudas, y hacer más eficaz el gasto público.
Si (
No(
A favor (
En contra (
