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Celebración del juicio en la Asamblea Provincial de Madrid.
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Celebración del juicio en la Asamblea Provincial de Madrid. (Foto: Europa Press)

La auxiliar de enfermería de Alcalá, culpable de uno de los asesinatos

Por MDO/E.P.
miércoles 26 de junio de 2019, 14:13h

El Jurado Popular del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid contra la auxiliar de enfermería Beatriz L.D. ha declarado a la acusada culpable de un delito de asesinato en relación con la muerte de una paciente ingresada en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, mientras que la absuelve por unanimidad de la muerte de otra paciente que murió en 2015 y por mayoría de ocho de once de la tentativa de asesinato de otra de las supuestas víctimas.

Con la acusada presente y atenta a la lectura, el portavoz del Tribunal del Jurado ha leído esta mañana el veredicto de culpabilidad e inocencia. Las partes habían sido citadas a las 11.30 horas a la Sala para escuchar el veredicto final del Jurado, compuesto por dos mujeres y nueve hombres, tras estar deliberado desde la tarde del pasado lunes.

La acusada ha recibido con tristeza y lágrimas la decisión fiscal ante la esperanza de poder ser exonerada tras escuchar el veredicto de inocencia de los primeros delitos. Tras concluir, ha podido dar un abrazo a sus familiares. "Me voy a morir, me quiero morir", ha gritado desconsolada. Cuando la acusada iba a salir, ha podido dar un abrazo a su padre y a otro familiar. En ese momento, se ha tirado en una de las sillas y ha empezado a gritar, mientras su padre increpaba a los periodistas que han cubierto el juicio.

La condena podría rondar los 22 años, ya que se le aplicará la agravante por su condición laboral de personal sanitario. Con buena conducta y dependiendo de los años de cárcel que se le imponga, podría salir a los 15 años de cárcel, según fuentes jurídicas.

Se desconocen sus motivos

No se saben los motivos acerca de por qué lo hizo. El fiscal se refirió en su informe final a que pudo ser el hecho de que sea "una persona que piense que la eutanasia tiene que ser legalizada", una motivación que fue respaldada por las psicólogas que examinaron a la procesada en la cárcel.

La duda razonable se planteó en la última sesión del juicio al modificar el fiscal y las acusaciones su relato de los hechos en el sentido de que la enfermera pudo usar una máquina de oxígeno y no unas jeringuillas para dar muerte a sus presuntas víctimas, una circunstancia que no se habría investigado en la instrucción.

Sin embargo, el Jurado cree que este hecho no empaña las pruebas para destruir su inocencia en cuanto a uno de los asesinatos, al igual que opina el fiscal y las acusaciones. El Jurado cree que hay indicios respecto a la muerte de la fallecida de 2015 pero sostiene que no tiene la fuerza suficiente para determinar que Beatriz introdujera el gas.

Los miembros del Jurado dan por probado que la auxiliar de enfermería introdujo el gas en el cuerpo de Consuelo, una de sus víctimas mortales, para "provocar su muerte". "A consecuencia, sufrió un embolia que provocó su muerte como atestiguan médicos y peritos forenses", han señalado.

En su intervención, el fiscal ha mantenido la petición de pena de veinte años de prisión y la medida de libertad vigilada para que no desempeñe ejercicio médico durante diez años. Además, ha replicado al Jurado que sí hay indicios sobre la muerte de la mujer que falleció en 2015.

Por su parte, la acusación popular de la Asociación El Defensor del Paciente ha mantenido la solicitud de prisión permanente revisable ante la vulnerabilidad de las víctimas, mientras que la particular que representa a la fallecida en 2017 reclama veinte años de cárcel. La defensa ha solicitado la puesta en libertad de su clienta hasta que haya sentencia firme.

La acusada ha defendido su inocencia

Durante el juicio, la acusada defendió su inocencia e insistió en que a ella le gusta dar vida y no quitarla. "Beatriz, alias el ángel de la muerte" como se le ha apodado "no ha matado a nadie", sino que ha dado "vida y paz a sus pacientes", asevero.

El Jurado Popular ha tenido que determinar si inyectó o no aire en el cuerpo de sus víctimas. El fiscal solicitó 40 años de cárcel por dos delitos, mientras que las acusaciones pedían prisión permanente revisable ante la vulnerabilidad de las afectadas.

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