El exconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Pedro Calvo, ha comparecido este viernes en la comisión de investigación de la corrupción política de la Asamblea de Madrid. El responsable del Canal de Isabel II en 2001, cuando se produjo la compra de Inassa, ha aprovechado para criticar al expresidente Ignacio González.
Día de nombres y apellidos en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política. Antes de la llegada del expresidente de la Comunidad de Madrid, exalcalde de la capital y exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la Cámara ha vivido con una inusual expectación esta jornada dedicada a ahondar más sobre la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.
El exconsejero de Medio Ambiente Pedro Calvo, que ha comparecido a las 11, ha asegurado sentirse "muy orgulloso" de haber colaborado a cumplir uno de los "más grandes sueños" de la sociedad de aguas, el de "tener una gran posición internacional" y "grandes beneficios". "Soy responsable de la decisión que tomó el Canal de Isabel II", ha afirmado antes de reiterar que, aunque él fuera el presidente del Consejo de Administración, esta fue, en todo caso, "colegiada".
Ataque a González
Calvo, que ha recordado que no está investigado por esta causa, ha aprovechado para deslizar más de un ataque al expresidente Ignacio González. "Yo estoy aquí respondiendo preguntas porque un supuesto corrupto en unas conversaciones telefónicas no hace más que difamar a todo el mundo", ha asegurado en una respuesta al diputado de Ciudadanos (Cs), César Zafra. "Aunque hayamos ocupado el mismo puesto, eso no nos pone al mismo nivel", ha respondido luego a la parlamentaria socialista María Encarnación Moya.
Así, ha asegurado que la operación de compra de Inassa "se dio cuenta a todo el mundo", "también" de la de Sociedad de Aguas de América -propietaria del 75 por ciento de aquella-. "El Canal hizo una operación fantástica", ha afirmado, argumentando que dos entidades bancarias prestaran dinero para financiarla.
El también exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid ha insistido en que "la operación en Panamá fue legal, fiscalmente neutra y muy beneficiosa para el Canal y la Comunidad de Madrid". "Nadie fue a comprar ni con bolsas de plástico ni con maletines: pagaron a través de transferencias internacionales", ha agregado el también exdiputado. "Es verdad que Panamá era un paraíso fiscal -ha admitido-, pero el Canal no jugó con ese factor".
Viaje a Colombia
Calvo ha tirado de desmemoria -los hechos investigados ocurrieron en 2001- en muchas de sus respuestas y ha criticado la "falta de documentación" con la que asegura se ha encontrado. Además, ha afirmado que no conoce el sumario de la Lezo.
No obstante, sí ha reconocido que viajó a Colombia en dos ocasiones junto al entonces director gerente del Canal de Isabel II, Arturo Canalda, primero para entrevistarse "con el ministro de Industria" del Gobierno de Andrés Pastrana y luego para "conocer las instalaciones" que iban a adquirir. Además, ha negado que llevara una "tarjeta de gastos" de la Comunidad.
La comisión parte de la investigación abierta por la Audiencia Nacional investiga en el marco de la operación Lezo por presuntos delitos relacionados con la actividad del Canal de Isabel II en Latinoamérica, como es el caso de la compra de la empresa brasileña Emissao.
Olmos defiende que fue un "buen negocio"
El primero en comparecer este viernes en la Asamblea de Madrid ha sido Francisco Olmos Fernández-Cornugedo, exgerente de AGBAR en Colombia, y posteriormente alto directivo de Inassa. Él ha asegurado que la compra de esta empresa por el Canal de Isabel II en 2001 fue un "buen negocio" y que el importe que se pagó contemplaba la revalorización de la compañía (que triplicó beneficios) en una operación que fue "legal" y "transparente", informa Europa Press.
Además, ha asegurado que la operación se efectuó en Panamá, que era considerado entonces un paraíso fiscal, porque era una forma de actuar habitual por las condiciones de seguridad que ofrecía el país respecto a Colombia, unido a que era una exigencia de los vendedores.
Así lo ha manifestado a los medios de comunicación tras su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid en relación con el proceso de compra de Inassa por parte del Canal y para aportar detalles de la operación.
Los grupos de la oposición consideran que hubo "sobrecoste" en esa transacción y han aludido a que el exgerente del Canal de Isabel II manifestó a la en UCO que el compareciente fue una figura clave en dicha operación.
El primer socio de Inassa fue el grupo Aguas de Barcelona y decidió vender su participación en el año 2000 por un importe de siete millones de dólares mientras que también había socios colombianos en la entidad. Posteriormente, el Canal adquirió la empresa por una cantidad de 73 millones de dólares, que tenía participación mayoritaria del 60 por ciento de Triple A de Barranquilla. Los socios colombianos pagaron un año antes 6,8 millones de dólares.
Olmos ha asegurado en su comparecencia que la operación fue "transparente", "justa", "legal" y un "buen negocio" para el Canal de Isabel II, para relatar a su vez que el importe de la operación contemplaba el aumento de actividad de Inassa, con planes de aumento de negocio en Colombia y otros países, y había triplicado beneficios.
El compareciente ha detallado que llegó a Colombia en 1996 por la propuesta de incorporarse como gerente con la integración de Inassa y Triple A Barranquillas, si bien en 1999 estaba en situación de excedencia en Agbar. Con la venta de las acciones de Agbar en Inassa, se desvinculó de esta sociedad, luego fue consejero ejecutivo de Inassa en 2002 a solicitud de Canal Extensia, la sociedad que compró el 75 por ciento de las acciones, y Tecvasa obtiene el 25 por ciento.
Respecto a la variación de precio, Olmos ha asegurado que una de las diferencias residen en que la compra implicaba el control mayoritario de Inassa y que se exigía que se incorporará un socio cualificado para los planes de extensión.
Sobre el hecho de que la operación se realizará en Panamá, ha explicado que el país ofrecía entonces más seguridad a los inversores, pues en aquella época había unas 1.000 muertes violentas al año, y que había más cercanía física con Barranquilla (en relación a Bogotá). Además, el banco que financia la operación estaba en Panamá y que la diferencia de precio se explica por la relación entre socios más que por las condiciones del mercado.
Olmos ha indicado que él tenía un porcentaje "muy minoritario" de Inassa, que en ningún momento participó en las decisiones estratégicas de compraventa por su participación minoritaria y que por tanto él no tenía conflicto de intereses. Respecto a las manifestaciones de Ildefonso de Miguel, simplemente ha espetado que "ese señor es un mentiroso enfermizo".
El exrepresentante de Agbar ha relatado también que la banca Rotschild avaló la operación y que él no ha sido "juez ni parte". El diputado de Podemos Miguel Ongil ha subrayado que el compareciente estaba en la parte vendedora y compradora. Ha insistido en que el negocio era "creciente" y ello puede explicar el importe pagado por adquirir Inassa.
A su vez, la diputada Encarnación Moya y el parlamentario de Ciudadanos Roberto Núñez han aludido a posible sobrecoste en esa operación en un periodo de menos de un año y han incidido en que Panamá era un "paraíso fiscal".
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