Todo ello después de que conocerse que el Ejecutivo central, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha considerado que dos artículos de la Ley de Transexualidad se exceden de las competencias de la Comunidad. Concretamente el artículo 7 que regula lo relacionado con la documentación administrativa y el artículo 48 que regula la inversión de la carga de la prueba. De esta manera se establece que en el momento que una persona sufra una discriminación por razón de identidad y género corresponde al presunto agresor aportar la justificación de que no ha sucedido.
Ambos artículos se debatirán en una comisión bilateral y según afirma Cifuentes, “la Comunidad de Madrid va a defender la ley, porque, además, sólo están en cuestión dos puntos. No habrá recurso de inconstitucionalidad porque el texto no peligra”.
Por su parte, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha cuestionado que el Gobierno de Rajoy pueda estar planteándose un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Transexualidad que se aprobó en marzo y que ni siquiera contó con el voto en contra de la presidenta regional. En declaraciones en el Congreso, Villegas, ha indicado que en temas que tienen que ver con la sexualidad y la libertad, “siempre hay elementos que al partido conservador le cuesta adoptar”, en alusión a anteriores recursos del PP en el Tribunal Constitucional contra el matrimonio homosexual o la legislación sobre el aborto.
Quien sí ha mostrado un “profundo malestar” por la decisión tomada desde el Gobierno central es la asociación LGTB Arcópoli. Su coordinador, Yago Blando, ha afirmado que “la interposición de un recurso a esta ley es un ataque hacia el colectivo transexual ya que esta ley pretendía salvar una discriminación histórica hacia el colectivo”. Asimismo, Blando ha manifestado su deseo de que el futuro gobierno de España apruebe una Ley de Transexualidad con ámbito nacional y otra de no discriminación hacia el colectivo LGTB.
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