El Ayuntamiento insta a la Comunidad a rehabilitar la Colonia Experimental de Villaverde

El edil ha exigido al Gobierno regional la firma del pacto bilateral con el Ejecutivo central para que se entreguen las subvenciones a las que está sujeta la Comunidad de Madrid. La segunda es la derogación de la ley que echaba mano de la "austeridad" para justificar la denegación de ayudas a las que la Comunidad se había comprometido en materia de rehabilitación. El coordinador de distritos ha explicado que el Ejecutivo regional es responsable porque ha de cumplir el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, la regeneración y la renovación urbana 2013-2016. Esto texto impone a la comunidad autónoma, en su artículo 3.1, la competencia en la tramitación y resolución de los procedimientos de concesión y pago de las ayudas del plan y la gestión del abono de las subvenciones.

Murgui no ha escondido que le llama la atención que las administraciones públicas pidiesen austeridad cuando "los que mejor la conocen son los vecinos". La consecuencia de esos recortes públicos fue que se dejó a los vecinos "plantados y en una situación delicada". La tercera exigencia pasa por instar a la Conunidad a que cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 2005, "donde se reconocía los derechos de los vecinos y se insta a la Comunidad a cumplir con sus obligaciones".

La Colonia Experimental de Villaverde fue construida en 1957 por la Obra Sindical del Hogar. Se componía de 28 bloques y 408 viviendas en el barrio de Villaverde Alto. Los vecinos, que pagaban un alquiler social con derecho a compra, tomaron las viviendas en calidad de adjudicatarios de contratos de acceso en diferido a la propiedad. Posteriormente, pasaron a depender del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que en 1994 impuso su compra al haber vencido los plazos de la mayoría de esos contratos. Los vecinos tuvieron que hacerse cargo entonces de viviendas en estado ruinoso, que adía de hoy sufren humedades, grietas, fosas sépticas deterioradas, baches y cristales rotos, además de otros problemas. Los vecinos llevaron el asunto a los tribunales. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló en junio de 2005 a favor de ellos condenando a la Comunidad a arreglar las deficiencias existentes en las viviendas de los demandantes. La rehabilitación ha sido parcial ya que sólo ha llegado a algunos pisos.

Tras reunirse con la asociación de vecinos, junto con el presidente de la Junta de Distrito, Guillermo Zapata, y el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, Murgui ha explicado que el Ayuntamiento se ha comprometido a asumir medidas dentro de su competencia e incluso ir más allá, no en términos económicos pero sí "en términos políticos, de iniciativa e impulso".