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Antonio Miguel Carmona
Antonio Miguel Carmona

Carmona pone como "línea roja" para pactar la creación de una oficina antifraude

martes 02 de junio de 2015, 11:55h
El cabeza lista de la candidatura del PSM al Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha instado en sus conversaciones con todos los grupos políticos que conformarán el futuro Ayuntamiento de Madrid a la creación de una Oficina Antifraude, que es una de las "líneas rojas" que el PSOE pone sobre la mesa a las demás formaciones para contar con su apoyo.

"Es una línea roja a la que debe comprometerse todo grupo político que aspire al apoyo del PSOE. Será una medida central en la lucha contra la corrupción y por la transparencia, como también lo es la publicación de la renta de los representantes locales", ha asegurado el candidato en un comunicado.

Carmona ha subrayado que ésta es una de las principales líneas de actuación que su formación considera "imprescindible" para el futuro de la ciudad y así lo está poniendo sobre la mesa dentro de las conversaciones para conocer la posición de cada una de las fuerzas políticas respecto al programa electoral de los socialistas. En coherencia con este planteamiento, ha indicado que "la Oficina Antifraude ha estado especialmente presente en las conversaciones mantenidas hasta el momento con Manuela Carmena".

El dirigente socialista ha recalcado que esta Oficina Antifraude "debe existir con carácter independiente del Ayuntamiento" y debe ser presidida por un magistrado o magistrada en excedencia de reconocido prestigio, no afiliado a ninguna organización política, quien ejercerá el cargo con plena independencia y objetividad, siempre con sometimiento a la Ley y al Derecho.

Entre sus competencias estará prevenir e investigar los posibles casos de uso ilegal de fondos públicos y de aprovechamiento privado de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del Consistorio madrileño. También se ocupará de impulsar la aplicación de buenas prácticas en relación a la transparencia en la gestión pública y en la prevención y lucha contra el fraude.

Pero en cualquier caso, "esta Oficina Antifraude no sustituirá a ningún organismo administrativo ni las funciones inspectoras y posibles sanciones de los tribunales: su misión será actuar como órgano de control, nuevo y específico, que se coordinará con los entes ya existentes, entre ellos los judiciales", ha explicado.

Su ámbito de aplicación alcanzará a todas las actividades propias del gobierno del Ayuntamiento de Madrid, a la acción de los concejales, personal de libre designación, asesores, vocales y a toda acción técnica que todo funcionario pueda realizar en el ejercicio de sus funciones.

También atenderá a todas las entidades vinculadas y empresas públicas municipales, así como fundaciones y consorcios, concesionarias de servicios o perceptoras de subvenciones públicas y actividades de contratistas que ejecuten obras de y para la Administración Local.

"Todo ciudadano podrá dirigirse a la Oficina Antifraude, manteniendo la confidencialidad sobre su identidad, para comunicar presuntos actos de corrupción, prácticas fraudulentas o conductas ilegales que afecten a los intereses generales o a la gestión de los fondos públicos", ha explicado Carmona, quien considera que "para que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones y en los políticos que las integran, es imprescindible actuar con honradez y transparencia".

"Por eso ponemos sobre la mesa esta medida, que es útil tal y como la planteamos, con la características y funciones que definimos", ha apuntado.

Publicación de la renta de altos cargos

Del mismo modo, el cabeza de lista del PSM al Ayuntamiento de la capital ha reclamado a todos los grupos que en respuesta a la transparencia que demanda la sociedad madrileña asuman la publicación de la renta de los cargos públicos como otro compromiso de decencia.

Los socialistas consideran que "debe producirse la publicación anual en un modelo único, de las declaraciones de bienes de los y las representantes locales, que deberán reflejar como mínimo los datos relativos a todos los bienes y derechos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas, todos ellos con desglose de los mismos y cuantificación de su valor, así como de seguros, deudas y obligaciones patrimoniales, con identificación del acreedor, de los que sean titulares".

La propuesta socialista subraya, también, que los representantes locales declararán sus bienes patrimoniales, rentas y participaciones que pudieran tener en todo tipo de sociedades, así como cualquier actividad que les proporcione y pueda proporcionarles ingresos económicos ajenos al ejercicio de sus funciones.

Igualmente, se publicarán de forma íntegra los certificados, expedidos por la Agencia Tributaria, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, con el único límite de aquellos datos especialmente protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

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