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Campus de la Justicia
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La Comunidad saca a información pública un Campus de la Justicia que costará 1.170 millones

Por Enrique Villalba
martes 09 de diciembre de 2014, 22:00h
La Comunidad de Madrid saca este miércoles a información pública el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia. Los trabajos comenzarán en verano de 2015, durarán cuatro años y costarán 483 millones que abonará la adjudicataria de las obras.

Los planes del Gobierno regional pasan por sacar a concurso el proyecto en el mes de febrero para que puedan adjudicarse las obras en verano. El adjudicatario sufragará la construcción, cuyo coste se calcula en 483 millones de euros, y se encargará, además, del mantenimiento del recinto. A cambio, recibirá una concesión por 30 años en la que recibirá un canon de 45 millones anuales (el coste que actualmente paga por el alquiler y los servicios de 28 sedes judiciales), a lo que habrá que añadir los réditos que obtenga de la explotación de los 60.000 metros cuadrados de superficie terciaria y de infraestructuras con que contará el ámbito, ubicado en el barrio de Valdebebas.

La concesión se empezará a contabilizar desde el día en que se adjudiquen las obras y no desde su entrega, como se hace habitualmente. Por su parte, la Comunidad de Madrid se reserva el derecho a tener cuatro años de carencia. Es decir, que comenzará a pagar el ámbito en julio de 2019, con lo cuál el canon se pagará durante 26 años y no durante 30 años. Así, el Gobierno regional pagará 1.170 millones en 26 años que servirán para pagar las obras y el mantenimiento del campus. En el momento en el que se extinga la concesión, la Comunidad de Madrid recibirá las sedes sin coste alguno para el erario público.

La nueva Ciudad de la Justicia tendrá variaciones sustanciales con respecto al proyecto que idearon en un principio Esperanza Aguirre y Alfredo Prada. Solo se mantendrán el edificio destinado al Instituto de Medicina Legal (que será objeto de pequeñas obras y que costó 19,3 millones) y los túneles e infraestructuras subterráneas del complejo, ya terminadas; y la idea de acoger una pequeña central eléctrica propia que provea de energía al complejo. El resto de edificios que se previeron, diseñados por prestigiosos arquitectos como Norman Foster o Zaha Hadid, entre otros, serán desechados y sustituidos por los inmuebles que proponga el adjudicatario. Fuentes de la Comunidad de Madrid explicaron a Madridiario que estos contarán con un diseño de calidad arquitectónica y serán sostenibles económicamente, concepto que no cumplían adecuadamente las sedes planteadas antiguamente. La Comunidad de Madrid asegura que no venderá, por ahora, las actuales sedes judiciales, sino que las reservará para un hipotético traslado de otras instalaciones regionales o para futuribles enajenaciones.

Reserva de superficie

El Gobierno regional no impondrá una urbanización determinada, ni un número o diseño de edificios concreto. Su objetivo es concentrar los 356 órganos judiciales del Partido de Madrid, que ocupan 178.000 metros cuadrados, dispersos en 28 edificios, en un solo ámbito, cuya parcela tiene más de 300.000 metros cuadrados. Por si fuera poca reserva de suelo, una de las condiciones de construcción que pone la Comunidad a los adjudicatarios es que los edificios cuenten con una cimentación que permita en un futuro, si fuese necesario, ampliar una planta el inmueble que lo necesite. De esta manera, el Gobierno regional se ahorrará tener que pagar el mantenimiento de espacios vacíos hasta el momento que los necesite. Esta concentración supondrá un ahorro extra en forma de eliminación de gastos en taxis y envíos postales, que hoy día ascienden a 15 millones anuales.

El complejo se compondrá de un bloque penal que albergará los juzgados de lo penal, incluido el juzgado de guardia, que funcionará 24 horas y 365 días al año; los juzgados de instrucción; las secciones penales de la Audiencia Provincial; la Vigilancia Penitenciaria; los juzgados de Violencia sobre la Mujer; los juzgados de Menores; y la Fiscalía. Otro bloque se dedicará a los juzgados de lo Civil (incluidos Primera Instancia y secciones civiles de la Audiencia Provincial); los juzgados de lo Social y la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; los juzgados de lo Mercantil y la sección Mercantil de la Audiencia Provincial; los juzgados y la sala del TSJM de lo Contencioso Administrativo; y el Registro Civil. Otro bloque acogerá un edificio institucional con las sedes del TSJM, el área de Administración Pública, y las Salas Civil y Penal del TSJM. El proyecto está concebido como un espacio práctico. Por esa razón, se dejará atrás la división tradicional por juzgados para implantar la agrupación por áreas juridisccionales, que lo harán mucho más cómodo para los profesionales y los ciudadanos.

Gastos del pasado

Las previsiones del equipo de Ignacio González pasan porque las obras de la nueva Ciudad de la Justicia crearán 2.200 puestos de trabajo y generarán unas ganacias de actividad de 118 millones. Esas cifras se multiplicarán en el momento en que se pongan en marcha las sedes, ya que se espera que diariamente visiten la zona 25.000 personas. También habrá que contar la actividad urbanística del desarrollo de Valdebebas, que posee una enorme reserva de suelo terciario (el diez por ciento de toda la ciudad), que está fundamentalmente pensado para satisfacer a los negocios relacionados con el ámbito jurídico, además de aquellas relacionadas con el aeropuerto (el barrio tendrá una conexión directa con la Terminal 4 de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a través de una pasarela) y un centro comercial. La puesta en marcha de esta infraestructura, unida a la llegada masiva de vecinos y la ampliación de la  Ciudad Deportiva del Real Madrid podrían acelerar la apertura de la estación de Cercanías del barrio y la construcción del intercambiador previsto en el proyecto original de Valdebebas.

La idea de un Campus de la Justicia surgió en 2004, cuando la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, anunció la creación de una ciudad de la justicia construida en base a edificios de primeros espadas de la arquitectura. En 2007, el proyecto 73737 de los arquitectos Frechilla y López Peláez, se hizo con el concurso internacional de ideas, gracias a un diseño que planteaba un ámbito basado en edificio circulares de diseño. Poco después se colocó la primera piedra del complejo, que empezó con fuerza pero fue languideciendo hasta su paralización en 2009 a causa de la crisis. En 2012, la entonces consejera de Justicia e Interior, Regina Plañiol, revitalizó el proyecto, planteando la construcción de un campus 'low-cost', algo que no fue bien recibido por los profesionales del sector. En septiembre de 2014, el Gobierno regional anunció la disolución de la empresa pública (que tenía pérdidas) creada para el desarrollo del campus y anunció que se retomaría el proyecto, sin coste presupuestario para los ciudadanos. No obstante, el Gobierno regional ya ha reconocido en varias ocasiones que la operación de la Ciudad de la Justicia ha costado hasta ahora entre 100 y 200 millones de euros, entre construcción de infraestructuras, pago a los arquitectos, pagos de mantenimiento y seguridad, y sentencias judiciales, entre otros aspectos.

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