Su imputación por dos delitos contra la Hacienda Pública se basa en el papel que ejerció en la sociedad 'Aizoon', de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido, Iñaki Urdangarin, quien habría utilizado esta empresa para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.
Lo hacía mediante la facturación a través de la misma empresa, en forma de rendimientos de actividades económicas, las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor. Todo ello con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta.
José Castro, instructor del caso Nóos, llegó a considerar 'Aizoon' como una sociedad pantalla de la que se valió Urdangarín para cobrar las asesorías como si se tratara de rendimientos profesionales y no de servicios personales.
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