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Ayuntamiento de Galapagar (archivo)
Ayuntamiento de Galapagar (archivo)

Galapagar ya tiene preparada la privatización de sus servicios sociales

lunes 28 de octubre de 2013, 13:40h
El Ayuntamiento de Galapagar (PP) se ha adelantado a la reforma local (prioriza la iniciativa privada en servicios sociales) y será el primer municipio madrileño en privatizar toda su red básica de atención social. Oposición, sindicatos, trabajadores sociales y vecinos se oponen radicalmente a una medida que consideran "supondrá un retroceso hacia los tiempos de la beneficencia y el asistencialismo".
En el centro de atención social galapagueño trabajan once personas. Como en el resto de municipios de la región, está financiado en parte con dinero del gobierno autonómico (66 por ciento) y en parte con dinero del ayuntamiento (34 por ciento). Allí se gestionan las rentas mínimas que concede la Comunidad de Madrid (ayuda económica que pueden solicitar personas que no tienen ingresos ni propiedades), la teleasistencia y los servicios de ayuda a domicilio para mayores, se orienta sobre centros de acogida y de atención a drogodependencias o se conceden ayudas económicas de carácter puntual en situaciones de emergencia, entre otros servicios. En abril de este año se aprobó sacar a concurso su gestión. El municipio, de 33.000 habitantes, está gobernado con mayoría absoluta del Partido Popular. Su presupuesto para servicios sociales supera los 350.000 euros entre programas específicos (prevención, atención al menor, emergencia social...) y mantenimiento de la red básica.

Desde entonces, las protestas vecinales contra la privatización se han sucedido y actualmente el proceso se encuentra paralizado. Los vecinos tachan propuesta de "experimento" que "dinamitará todo el sistema público de servicios sociales". Maribel López, miembro de la junta directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid, acusa al primer edil galapagueño, Daniel Pérez, que lleva cinco años al frente del Consistorio, de no haber dado explicaciones de la medida y de querer "desmantelar" la red pública. El sindicato CSI-F apunta que el gobierno ni siquiera haya esperado a que la reforma de la administración local esté lista y denuncia que la única intención que, a su juicio, tiene el alcalde sea la de "hacer caja" con unos servicios "que son básicos y en la mayoría de los casos vienen a paliar las necesidades y las carencias de los más débiles". "Se han basado en los borradores de un anteproyecto, es una justificación absurda", apunta por su parte el concejal de Izquierda Unidad-Los Verdes, Juan Pretel.

La secretaria general de organización de UGT en la Comarca Oeste, Concepción Rodríguez, recuerda que el caso de Galapagar es singular. En enero de 2001 la localidad se separó de la mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Oeste y comenzó a gestionarlos directa e individualmente. "Desde entonces, han existido multitud de deficiencias", indica la portavoz del sindicato. "En 2008 se llevó a cabo la privatización del equipo de violencia de género, en 2009 se prescindió de la educadora de familia y de la mediadora intercultural y en 2012 se despidieron más trabajadores cualificados siendo sustituidos por personal de otros departamentos no relacionados con la atención social primaria", añade.

Reforma local
La semana pasada el Consejo General del Trabajo Social (CGTS), que representa a más de 40.000 trabajadores sociales en toda España, avisó de que la reforma local que planea aprobar el Gobierno de la Nación supondrá "retroceder al modelo de la beneficencia franquista, atentar contra el Estado del Bienestar e incrementar de forma desmesurada el despido de empleados públicos". La medida pretende evitar duplicidades pero supondrá que las administraciones locales pierdan toda competencia en sanidad, educación o servicios sociales, que se gestionarán directamente por las comunidades autónomas. El Grupo Parlamentario Popular propuso, en una de las 21 enmiendas registradas en el Congreso, retrasar la implantación del proyecto hasta 2016. La presidenta del CGTS, Ana I. Lima, cree que esta propuesta tiene un claro tinte electoralista: "No quieren que les afecte a las elecciones de 2015, en los pueblos siempre se ha jugado con los servicios sociales para ganar votos".

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