Aunque en la votación del veredicto no ha habido unanimidad entre los nueve integrantes del Tribunal Popular. Sobre el edil pesaba la acusación de la supuesta comisión de un delito de cohecho en la concesión de una licencia municipal de taxi a cambio de un montante económico. La Fiscalía de Madrid solicitaba una pena 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público además de una multa de 45.000 euros.
En su declaración, el procesado ha reconocido que que pidió esa cantidad, pero sostuvo que era para "el pueblo". Y señaló que era habitual que cuando los concejales debatían sobre decisiones que afectaran a los ciudadanos se mirase el dinero que éstas podrían reportar a los residentes de la localidad madrileña.
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