Según ha informado un portavoz de Zarzuela, Don Juan Carlos realizó dos transferencias de 600.000 euros cada una desde su "cuenta particular" a la cuenta de Doña Cristina. El préstamo se llevó a cabo con escritura y ante notario, y está declarado ante Patrimonio Nacional. Esta información ha sido desvelada por la Agencia Tributaria (AEAT) en un informe presentado ante el juez instructor del caso Noos, José Castro, en el que aparecen transferencias bancarias del Rey en favor de los Duques de Palma.
La Fiscalía pide la imputación de Camps y Barberá
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado, mediante un escrito que prevé presentar en próximas horas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la imputación de Francisco Camps y Rita Barberá a raíz de su intervención en las negociaciones dirigidas a contratar al Instituto Nóos para la organización del evento Valencia Summit.
Concretamente, el Ministerio Público atribuye a Camps y Barberá la presunta comisión de delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial, en la línea de la exposición razonada, de 70 páginas de extensión, que elevó el juez instructor del caso Nóos a la máxima instancia judicial de Valencia para pedir que asumiera la instrucción de estas pesquisas.
En su escrito, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, subrayaba cómo la contratación del Instituto Nóos de cara a impulsar el Valencia Summit, por cuyas tres ediciones la entidad percibió unos tres millones de euros públicos, respondía "sólo al deseo" de ambos de "doblegarse a las exigencias de Don Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de S.M. El Rey". A partir de ahí, aseveraba el magistrado, las contrataciones de Nóos fueron actos "estrictamente voluntaristas en la medida en que no obedecían a procurar el interés general" sino "sólo al deseo de doblegarse a las exigencias, que por muy cortésmente que se planteasen no dejaban de serlo", del Duque de Palma.
Así, el juez recalcaba el hecho de que, sin que se iniciara "absolutamente ningún procedimiento administrativo de contratación" y "en exclusiva atención" a que por parte de Camps era "hartamente conocido" que al frente de Nóos estaba Urdangarin, el expresidente valenciano "entendía que era obligado acceder [a las pretensiones del Duque] en atención a que era el yerno de S.M. El Rey". Asimismo, aludía a la presunta intervención de Camps en las negociaciones de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar pero por los que Nóos percibió 382.000 euros del gobierno valenciano.
El magistrado destacaba en esta línea la "sorprendente celeridad" con la que fue tramitado este expediente en la medida en que "tres días consecutivos, navideños por demás [a finales de 2005], lo que un es un impedimento jurídico pero sí una no muy usual práctica", bastaron para que en distintos ámbitos administrativos "perfectamente sincronizados entre sí se pudiera informar, concertar y aprobar" el convenio de colaboración para la organización de los JJEE.
Un convenio rubricado por un importe de seis millones de euros que, "al modesto entender" del juez, es "difícilmente conciliable con la serenidad y profundidad con la que se deben abordar cuestiones de tal importancia". Aspectos de los que "deliberadamente se prescindió para contratar arbitrariamente a quien estaba detrás del Instituto Nóos, Don Iñaki Urdangarin, al objeto de que desplegara toda su área de influencias tanto en su condición de vicepresidente del Comité Olímpico Español como en razón de su parentesco con la Casa Real, intencionadamente utilizado para vencer cualquier resistencia".
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