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Este sábado entra en vigor el real decreto que deja fuera del Sistema Nacional de Salud, salvo excepciones, a inmigrantes 'sin papeles'

Concentración contra la reforma sanitaria en el Gregorio Marañón

Concentración contra la reforma sanitaria en el Gregorio Marañón

sábado 01 de septiembre de 2012, 00:00h
Convocados por la plataforma 'Derecho a tener derechos', cientos de ciudadanos disconformes con la reforma sanitaria que dejará sin atención gratuita a inmigrantes 'sin papeles' se han concentrado a las 12.00 horas frente al hospital Gregorio Marañón.
Desde este sábado, 1 de septiembre, los centros de salud y hospitales tendrán menos pacientes con derecho a cobertura sanitaria gratuita. Entra en vigor el real decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que deja sin cobertura sanitaria completa -salvo excepciones- a los extranjeros que no posean la documentación que les autoriza a residir legalmente en España.

Muchos ciudadanos consideran esta medida discriminatoria e injusta
. Por ello, en diversas ciudades españolas se han convocado concentraciones de protesta. En Madrid, el punto de encuentro ha sido el hospital Gregorio Marañón. Los asistentes, muchos de ellos extranjeros que residen en España, han coreado proclamas como "ningún ser humano es ilegal" o "Partido Popular, Ku Klus Klan", al tiempo que han pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Mientras se gritaba "no son recortes, son ejecuciones", los asistentes han escenificado la supuesta desatención que van a sufrir a partir de ahora cayendo desfallecidos en el suelo, con la música de fondo de una ambulancia que nunca llegaba. Finalmente, han rodeado el hospital unidos por sus manos.

En la calle Doctor Esquerdo, donde se ha desarrollado la concentración, el tráfico se ha visto interrumpido varias veces, por lo que los agentes de la Policía Nacional se han visto obligados a exigir a la gente que desalojara la vía, especialmente ante la imposibilidad de las ambulancias de acceder al centro sanitario.

Al mismo tiempo, los organizadores han pedido a los indocumentados que obedecieran sus órdenes dado el peligro de que si tenían conflictos con los agentes pudieran ser expulsados del país. Yoro, de 22 años y procedente de Gambia, ha querido hablar en nombre de su mejor amigo, que padece cáncer de hígado y que no tiene papeles, ante el temor de que se quede sin tratamiento. "Vamos a morir si no nos atienden, el Gobierno tiene que rectificar, no puede abandonarnos a nuestra suerte porque no tenemos dinero para pagar los tratamientos", ha declarado este joven.

Un inmigrante senegalés de 30 años, de nombre Fallou, rodeado de un grupo de amigos indocumentados y sin trabajo, ha pedido a las autoridades sanitarias que no les dejen "tirados" porque han llegado a España buscando "una situación mejor" y no tienen "a donde ir". "Si tenemos enfermedades infecciosas y no nos tratan, al final se va a contagiar más gente y el problema va a ser peor", ha aseverado, para agregar que cuando lleguen a urgencias "lo mismo es demasiado tarde".

Desde Médicos del Mundo, un portavoz, Mario Pérez, ha exigido al Ejecutivo la derogación del decreto porque vulnera el derecho a la salud, además de advertir de que "se van a colapsar las urgencias" ahora que los inmigrantes irregulares no tienen otro lugar al que acudir, generando "gasto en lugar de ahorro". Para este médico, las personas con enfermedades graves quedarán abocadas a una posible muerte mientras que las que tienen infecciones llegarán tarde a las urgencias, con el consiguiente daño para la salud de la población general.

A la protesta se han sumado representantes del PSOE e IU, que han pedido al Gobierno central que tome nota del rechazo de algunas comunidades autónomas ante esta decisión sobre la atención sanitaria y que devuelva a la Sanidad pública su carácter de "universal y gratuita".

El portavoz de la plataforma, Iván Forero, ha denunciado que "con esta medida, la modificación de la cartera de servicios y la liberalización progresiva de medicamentos, la ministra Ana Mato encubre un proceso profundo de privatización del sistema público de salud".
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