Multas de 600.000 euros con la nueva ley de transparencia hipotecaria

Durante la inauguración de unas jornadas sobre esta nueva normativa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha explicado que tiene como objetivo "garantizar la protección de los derechos de los consumidores mediante el fomento de la transparencia en la contratación hipotecaria de la Comunidad de Madrid".

Con esta nueva ley autonómica, a partir del próximo lunes, todo ciudadano que contrate una hipoteca en la Comunidad de Madrid tendrá información clara en las tres fases de la contratación. Primero, con carácter previo a la elaboración del contrato, la entidad de crédito deberá facilitarle por escrito una información detallada y sencilla de todas las cláusulas de la hipoteca.

Después, una vez que haya sido tasada la vivienda o el bien de que se trate, la oferta en firme que hagan los bancos deberá especificar claramente las condiciones en que se da el crédito. "Y sobre todo, debe quedar claro si es un crédito garantizado con todos los bienes presentes y futuros del firmante o si la deuda quedará saldada con la entrega de la vivienda", ha señalado Aguirre.

Por último, la presidenta del Ejecutivo madrileño ha explicado que el consumidor tendrá tres días para examinar el documento contractual que será entregado al notario. Así, podrá hacer todas las consultas que estime necesarias antes de firmar la hipoteca.

Además, en caso de que haya un avalista, algo que, según la presidenta madrileña, suele ocurrir con las parejas jóvenes, donde entran como avalistas "los padres de él o de ella", éste también quedará informado de los riesgos que asume al avalar el pago de la hipoteca. "Quiero recordar que hasta ahora el avalista no estaba protegido por la normativa nacional de protección al consumidor, y eso que era el responsable último, y por tanto, el más vulnerable, de la hipoteca", ha resaltado Aguirre.

En este punto, Aguirre ha indicado que esta ley es "tan contundente" que prevé multas para los incumplidores de hasta 600.000 euros, algo que no está recogido en otras normativas autonómicas o estatales, por lo que ha destacado que se trata de una ley pionera en España en este sentido.