Por una parte, el abogado del Estado señala que, en principio, estos siete acusados deberán restituir los 36.214.049,74 euros que han sido abonados por el Estado al amparo de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo "a los perjudicados por todos los fallecimientos (192) y a los lesionados" en los ataques a los trenes, que, según los cálculos de la Fiscalía, ascienden a 1.824. Además, la Abogacía del Estado les reclama el pago de 1.754.826,22 euros que han sido ya abonados a los perjudicados por los daños materiales que ocasionó el suicidio con explosivos de siete de los autores del 11-M en Leganés.
También indica que estas personas deberán indemnizar al consorcio de compensación de seguros "por las cantidades pagadas a los perjudicados por daños materiales" y que asciende a 2.642.368,96: 146.699,04 euros en relación con el 11-M y 2.495.669,92 euros por la explosión del piso de la calle de Carmen Martín Gaite en Leganés. Añade, además, que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) "habrá de ser indemnizado por los perjuicios causados" con 297.559 euros y Renfe-Operadora con 6.268.564,04 euros.
En lo que respecta a las penas solicitadas para los 29 acusados, a los que previsiblemente se comenzará a juzgar en febrero, la Abogacía del Estado hace suya la petición de la fiscal de la Audiencia Nacional Olga Sánchez, que reclama un total de 270.000 años de cárcel para todos los procesados como autores de 191 asesinatos consumados y 1.824 intentados, aunque no podrán cumplir más de 40 años efectivos en prisión.
El abogado del Estado también hace suyo el relato de hechos contenido en el "escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal" y propone además que se acuerde el decomiso de los efectos intervenidos los acusados "vehículos, teléfonos, sustancias estupefacientes, cantidades de dinero intervenidas, explosivos, detonadores, material documental, videográfico e informático".
Si (
No(
