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El juez Pedreira interrogará a González Panero, Ulibarri y Fernando Martín

La acusación por delito fiscal se extiende entre los imputados en la Gürtel

La acusación por delito fiscal se extiende entre los imputados en la Gürtel

martes 28 de junio de 2011, 00:00h
Las acusaciones de delito fiscal se extienden entre los implicados en la red Gürtel. El juez Antonio Pedreira, instructor del caso de supuestos sobornos a cargos públicos del PP de Madrid, interrogará en los próximos días al ex alcalde popular de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y a los conocidos empresarios Antonio Martín y José Luis Ulibarri. Todos ellos son sospechosos de evasión o delito fiscal en distintos grados.
Los primeros en pasar por el Tribunal Superior de Justicia serán el ex primer edil de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y su esposa, Elena Villaroya. Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción, ambos habrían defraudado a Hacienda 361.825 euros entre 2005 y 2006 a través de una cuenta abierta en una sucursal bancaria con sede en Suiza. La cuenta, cuya existencia fue adelantada la semana pasada por la Cadena Ser, fue abierta en 2005 y en ella aparece Villarroya como apoderada y ex alcalde, que ya está imputado en el caso Gürtel por un delito de cohecho y por prevaricación, como gestor.

El empresario J.L. Ulibarri saliendo de la Audiencia Nacional.El tándem González-Villaroya no está, sin embargo, solo en esta acusación. Este mismo martes Pedreira imputaba también al constructor José Luis Ulibarri por un delito contra la Hacienda Pública relacionado con la compra de una finca en San Lorenzo de El Escorial. Según el auto divulgado por la agencia Europa Press, Ulibarri no pagó al fisco cerca de 565.000 euros en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La imputación se basa en un informe de la Agencia Tributaria que se emitió el pasado 25 de mayo sobre la venta de la finca Monte El Valle de El Escorial por parte de Proyedicon S.L. a UFC.

Ulibarri es uno de los empresarios imputados desde el inicio de la investigación por pagar presuntamente comisiones a la trama de Francisco Correa a cambio de adjudicaciones públicas. El próximo 14 de julio, será la tercera ocasión en la que preste declaración. Ya lo hizo el pasado abril y en marzo de 2009 ante el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón precisamente en relación a la concesión de una parcela en Boadilla del Monte a la empresa UFC. En esta operación, el entonces alcalde Arturo González Panero habría cobrado una sustanciosa cantidad por parte de UFC para hacerse con dicha adjudicación. A las anteriores acusaciones por cohecho y falsedad documental Ulibarri une ahora la del delito fiscal.

Ginés López, ex alcalde de Arganda del Rey.El gran 'pelotazo'
El 14 de julio el juez Pedreira también tiene previsto interrogar a otro constructor, Fernando Martín, ex aspirante a la presidencia del Real Madrid y presidente de Martinsa-Fadesa. Al máximo responsable de la inmobiliaria, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal le imputa delitos de delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Según la UDEF, la sociedad Cedargrove, de la que era beneficiario Fernando Martín, era titular de una cuenta bancaria en Mónaco, otro paraíso fiscal, desde donde se realizó en junio de 2006 una transferencia de 12.870.000 euros a otra cuenta en Suiza de la sociedad Golden Chain Properties, propiedad de presunto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa. "El motivo de dicho movimiento era una comisión por la intervención de Martinsa S.A. en un proyecto inmobiliario en la localidad de Arganda del Rey", especifica el informe policial recogido por la agencia EFE.

El de esta parcela de Arganda ha sido calificado como el mayor 'pelotazo' urbanístico de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid a tenor de las cifras. De acuerdo a la investigación, Martinsa resultó adjudicataria en diciembre de 2004 del concurso para la compra de unos terrenos de 166.528 metros cuadrados. Por dicha superficie, en la que  estaba prevista la construcción de 2.676 viviendas, la empresa de Fernando Martín pagó 77 millones de euros. Dos años después, Martinsa vendió un tercio de ese terreno por 73 millones, recuperando así casi de forma íntegra la inversión y gozando aún de más de la mitad del terreno para edificar. En la fecha en la que se desarrolló la compraventa el alcalde de Arganda era Ginés López (PP), que dimitió tras ser imputado en el caso en la trama.

La Policía también vincula a esta operación a los empresarios Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo Rebollo, quienes habrían participado pagando a Correa, otros 12 millones de euros en diciembre de 2004, también a través de una cuenta abierta en Mónaco. La UDEF sostiene que los dos pagos que recibió Correa -un total de 24,8 millones de euros- están vinculados entre sí porque parte del dinero de la cuenta de Cedargrove Investments S.A, de Fernando Martín, era aportada por las sociedades Fairway International y Arthington Investments, cuyos beneficiarios serían Salinas y Mayo, respectivamente.

Estas actuaciones y los interrogatorios que tendrán lugar en las próximas semanas ponen de manifiesto que el juez Antonio Pedreira no detiene las pesquisas en un caso que se inició hace dos años pero que pronto dejará de estar en sus manos. Pedreira se mantiene a la espera de que la investigación pase de nuevo a la Audiencia Nacional toda vez que ya no hay personas con la condición de aforados imputadas en la causa.
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