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Josefa Amat, portavoz de IU en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea

'Madrid hace caja con la Ley de Dependencia'

"Madrid hace caja con la Ley de Dependencia"

jueves 04 de marzo de 2010, 00:00h
La Ley de Dependencia sigue dando que hablar en Madrid. La portavoz de IU de Familia y Asuntos Sociales, Josefa Amat (Madrid, 1956), analiza para Madridiario los retos que plantea su aplicación en la región, así como la situación de los menores y las familias en estos tiempos de crisis.
¿Qué pasa con la Ley de Dependencia?
La situación en la Comunidad de Madrid es tan caótica como cuando entró en vigor la ley. La Comunidad retrasó su aplicación, no solo por la pelea directa que tiene con el Gobierno de la nación, sino también como estrategia política general. Y no ha funcionado nunca, pero además lo han hecho de una manera consciente.

¿Cómo ha ocurrido esto?
Han mezclado dependencia y servicios sociales, basándose en que la Comunidad tenía una gran cartera de servicios. Evidentemente no se puede ser la locomotora de España y tener los servicios de una aldea. Es lógico: tenemos más servicios porque tenemos calidad de vida. Pero no han atendido a los 'nuevos' dependientes porque dicen que ya disfrutan de servicios. Es mentira: tú puedes tener a una persona dependiente atendida en determinadas condiciones, pero la Ley de Dependencia le da un derecho que en esta Comunidad no se aplica.

Entonces, ¿cuál es la situación?
Madrid lleva mal la aplicación de la ley en todos los niveles: ha necesitado tres decretos, el último en diciembre, que se sustituían unos a otros, para arrancarla. Lo que otras comunidades han hecho de inmediato, que es adaptar su legislación, ha necesitado aquí tres decretos. Con el último han aprovechado la Ley de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa, que es increíble que sea allí donde haya que buscar las aplicaciones de esta ley, y se han cargado de un plumazo la Ley de Acreditación de Centros. Y es donde han regulado los silencios positivo y negativo, con el varapalo judicial que les dieron cuando decidieron que a todo aquel que transcurridos seis meses no tuviera reconocido su grado, se consideraba dependiente. Nosotros no defendemos que todo el que lo solicite, si pasa un período, tenga derecho a dependencia, porque no todos somos dependientes. Si a la vez se agilizara la tramitación, sería una manera de aplicar la ley. Pero lo que no puede ser es que la Comunidad tenga parada una ley en la que el silencio es negativo, porque deja a los madrileños sin armas de ningún tipo.

¿Y qué recursos tienen los dependientes para reclamar su derecho?

Los mismos de siempre. Lo positivo de la ley es que es un derecho subjetivo y puedes reclamarse judicialmente, pero hay que pelearse con la Administración, buscar un abogado, un procurador, y pleitear. La ley está hecha para que funcione, pero de forma que se controle hasta dónde pueden exigir los ciudadanos.

¿Hay dinero suficiente para aplicarla?
Es una ley muy ambiciosa y todo el mundo la considera muy buena, pero si nació sin un presupuesto suficiente se convierte en una declaración de buenas intenciones. Es verdad que se va ampliando el dinero que el Estado da a la Comunidad, pero también es verdad que las comunidades tienen complicada la financiación, y más en la situación actual. En cualquier caso, no se puede decir que no se tiene dinero para los dependientes pero sí para hacer rebajas fiscales, externalizar los servicios y dar dinero para hospitales para que los gestionen empresas ajenas, incluso, al sector. El problema es que hacemos rebajas fiscales por un lado y recortamos el presupuesto por otro. A la hora de cobrar cuentan a la baja y a la hora de decir lo que se gastan mezclan lo de todas las Consejerías. Cuentan varias veces el dinero y eso no responde a la realidad.

Pero el Estado está financiando una parte de la dependencia.
Yo creo la Ley de Dependencia les está sirviendo para hacer caja. Al principio tenían a una serie de personas atendidas por servicios sociales y el verano pasado, en las residencias regionales de mayores, se obligó a los trabajadores a valorar a todas las personas que tenían internas en las residencias, sí o sí. Y todas esas personas que estaban en servicios sociales pasan a dependientes y entran dentro del censo de las personas por las que Madrid cobra del Estado, cuando ya las estaba atendiendo. Se incorporan al listado, pero no les dan una nueva prestación, porque ya se la estaban dando; es decir, Madrid empieza a gastarse menos en servicios sociales. Cada uno que pase a dependencia les  deja un dinero para cubrir otras necesidades.

Los discapacitados temen que la aplicación de la Ley de Dependencia termine con la gratuidad de la atención a estas personas.
Sí, esa es una vieja historia. En esta Comunidad, la atención a los discapacitados gravemente afectados ha sido gratuita, por un acuerdo de todos los grupos políticos: había una voluntad política de que esto fuera así. La Ley de Dependencia recoge un copago según la renta que se tenga. Pero no tiene por qué cambiar esa situación; si ahora empiezan a cobrar a los discapacitados, es porque quieren. Solo aplican la ley a rajatabla para lo que les interesa.

Todos estos pormenores son muy complicados, pero los ciudadanos no entienden nada cuando van a pedir los servicios.

Habría que publicitar la Ley de Dependencia. Izquierda Unida lo ha pedido y nos contestan que es raro que nuestra coalición pida dinero para publicidad, pero una cosa es eso y otra información.  En la Comunidad de Madrid no se ha dado información sobre la ley y la gente no sabe a qué tiene derecho. Y hasta hace poco los propios trabajadores de servicios sociales no sabían cómo 'meter mano' al tema. Ahora sigue habiendo bastante desinformación, porque los ayuntamientos deben coger la documentación, pero luego no intervienen en nada y tampoco ven el resultado. Está muy mal coordinado; yo entiendo que a todo el mundo no se le puede dar todo, y que una persona que está en un pueblecito muy pequeño de la sierra y necesita algo muy específico no van a levantar un centro para ella sola, pero sí debería acercar un poco los servicios sociales a los pueblos y las comunidades pequeñas.

En las circunstancias actuales, ¿es aplicable la Ley de Dependencia?

Aparte de que venía mal financiada, y eso es lo único en lo que estamos de acuerdo con el PP, a perro flaco todo son pulgas. Con la situación económica actual esto se complica un poco más. Al existir la ayuda para el cuidador familiar o informal, hay personas que la piden cuando la economía familiar atraviesa una mala racha. Y eso es injusto, porque una persona que cuide a su padre, a su padre o a su hijo, desde hace muchos años y sin cobrar nada, si le ofrecen 450 euros los coge. Pero con ese dinero no va a contratar a nadie y la persona va a pasar a las estadísticas oficiales de 'atendidos', cuando a lo mejor lo que necesita es un centro de día que deje al cuidados unas horas libres para vivir. Esas ayudas económicas que deberían ser excepcionales se están utilizando para dar por zanjados los expedientes.

¿Porque no hay recursos?
Sí, y porque sale mucho más barato.

¿Qué opina de la nueva 'tarjeta monedero' que va a lanzar el Gobierno regional?
Es como aquella película, 'Toma el dinero y corre'. La Comunidad tiende a dar a cada uno lo que cree que le corresponde y que se busque la vida, basándose en la libertad de elección. Pero hay cosas, como los servicios sociales, la educación o la sanidad en las que no se puede decir eso.  Por mucho que digan que van a mejorar los centros y rebajar los gastos, con las modificaciones que se hicieron en la Ley de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa, va a haber mucho más descontrol.

¿Por qué?

Ahora una empresa avisa a la Consejería de que va a abrir una residencia y, si en dos meses no ha recibido contestación, se entiende concedido el permiso, y después ya inspeccionarán. Me dijeron que eso iba a estar mucho más controlado, pero no sé con qué inspectores ni en qué condiciones. Así que podría ocurrir como con las guarderías 'piratas' que algunos se montaban en pisos, porque cada vez que en esta comunidad nos dicen que todo va a estar mucho más controlado pasa lo contrario.

La Consejería dice que aumentará la calidad de los servicios.
Yo creo que no. Si ellos dan un cheque de 800 euros a un dependiente para que vaya a una residencia y este tiene dinero, irá donde quiera, y si tiene que arreglárselas con lo que le dan, irá donde pueda. Y ese tipo de centros tiende  a ajustar precios, siempre de la misma forma: menos calidad, menos personal y menos servicios. En el pliego de condiciones figura el número de trabajadores que tiene que tener una residencia, pero tienen que asegurarse de que se cumple. Entonces nos dicen que nosotros solo creemos en el gobierno controlador, pero una cosa es eso y otra un gobierno que asegura los servicios de las personas que dependen de él.

Cambio de tercio. ¿Qué ocurre con los menores tutelados?
Creo que es un error, pero al final es cuestión de números y de ahorrar. Hace un par de años empezamos a ver los centros de menores tutelados y presentamos iniciativas porque no nos parecía justo que el tratamiento en cada centro sea distinto. Nosotros hemos visto muchísimas carencias cuando hemos ido, porque el tratamiento varía según la asociación que lo gestione. No es la empresa la que debe hacer el programa, sino que esta tiene que aplicar el que ponga la Comunidad de Madrid, que incluya qué recursos debe tener, con cuánto personal debe contar, qué condiciones ofrece y qué van a hacer con esos niños.

¿No hay un reglamento unificado?
Sí, hay unas condiciones mínimas, pero el programa lo valoran aparte dependiendo de cada centro.

¿Qué opina del cierre del Programa de Vida Independiente?
Creo que esa iniciativa funcionaba muy bien para que los chavales compartieran una vida normal, porque a los 18 años no puedes abrirles la puerta y dejarlos en la calle sin más. Eso les ayudaba a convivir, a hacer una vida normal en familia, iban a la compra, se hacían la cama y vivían en comunidad. Es curioso que siempre nos enteremos de estas cosas por las noticias, no porque tengamos información.

¿Y la Cañada? ¿Qué soluciones proponen para ese problema social?
El realojo no soluciona el problema. Hay otros problemas y esta comunidad, que yo sepa, todavía no ha hecho nada. Allí hay muchísimos niños, y lo del colegio parecía que estaba bien, pero a los cuatro días más de la mitad ya no iban. Lo que tienes que hacer es un seguimiento. A mí me alucina que el Defensor del Menor, Arturo Canalda, diga que él solo puede opinar sobre este tema pero no gobierna. Muy bien, pero si cuando hablamos de modificar la Ley del Menor el señor Canalda aparece en todas partes y opina, y no solo opina sino que 'insta a', lo mismo debería hacer con los niños de la Cañada. En noviembre dijo que no había podido dormir el día que vio el asentamiento. Y yo le pregunté dónde había estado en los últimos años, porque llevamos mucho tiempo diciéndole los problemas de la Cañada Real, y hay noticias, es decir, que no soy la única persona que la conoce. Que no me diga que no puede dormir, porque al día siguiente ha debido de tomar un somnífero. Yo no le he oído instar a nada, ni dar una rueda de prensa diciendo que es prioritario abordar este problema. Se lo está tomando con mucha calma.

Los ayuntamientos se quejan de tener que ocuparse del aspecto social.
Es que no es un problema de terrenos, es un problema de integración social; está clarísimo. Y el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido que entre los tres grupos insten a que tenga que haber políticas sociales también.

¿Les han adelantado ya en qué van a consistir?

Supongo que los periodistas os enteraréis antes que nosotros. Los que nos contestan a las preguntas son el equipo del 'Camera Café'. Si preguntas cuánto dinero está destinado a un centro de salud en Coslada, por ejemplo, te contestan: “En la partida de los PGE, en la partida tal, subpartida cual, dentro de la que junta varios centros, está el presupuesto de Coslada”. Lista de espera en atención temprana: lo he preguntado de cuarenta maneras. Me han contestado desde que la atención temprana no es un servicio social sino que depende de Sanidad, hasta qué era una lista de espera: “Son los niños que están esperando una atención temprana dada su discapacidad”. Pero yo no sé cuántos niños están esperando. En su momento la consejera nos dijo que eran unos 120, pero nunca he conseguido que nos den una lista. Tampoco he conseguido saber cuántos inspectores hay.

¿Qué ocurre con ellos?
Los inspectores son los únicos que  pueden levantar acta. Claro que un inspector necesita personal de apoyo, un administrativo o diez, yo en eso no me meto. Pero no me contestan cuántos inspectores hay, a pesar de que lo pregunto de forma directa. Y serán muchos o pocos en función del trabajo que tengan que hacer.

Hace poco conocimos los datos de la Renta Mínima de Inserción (RMI). ¿Hay recursos suficientes para hacerle frente?
No. La Renta Mínima de Inserción es un derecho y si al final hay más beneficiarios tienes que aportar más dinero.Este año, al final, hubo una ampliación presupuestaria de cuatro millones de euros para pagarla; tuvieron que ajustarla porque la había solicitado más gente, y sin embargo en los presupuestos de este año venía la misma cantidad que el año pasado.

¿Qué ocurre con las familias?

En esta comunidad se han basado en las familias numerosas; las van a incluir absolutamente en todo. Creo que hay que ayudar a las familias pero las ayudas en general están bajando. Todavía no sabemos nada de las ayudas para prótesis, para gafas, para un montón de cosas. No hay suficiente dinero ni ayudas.

¿Es una cuestión de prioridades o no hay de donde sacarlo?
A nadie le sobra el dinero y a esta Comunidad tampoco, pero se trata de cómo lo repartes. Cuando dan una subvención a Adevida para atender a 60 personas en un año y decirles que no aborten, no ponen problemas con el dinero, pero sí los ponen para otras cosas, como las familias monoparentales. Ellos dicen que ya reconocen a todos los tipos de familia, pero no es así: no conozco ninguna familia monoparental, o muy pocas, que además sean numerosas.

Si usted fuera consejera de Familia y Asuntos Sociales, ¿qué haría?

Lo primero, enterarme del número de inspectores que hay, y después montar una plantilla amplia de inspectores, y hacer una revisión exhaustiva de todos y cada uno de los centros de esta comunidad. No somos partidarios de los centros privados. Puede haberlos y cada cual va donde cree conveniente, pero no creemos en concertar plazas con empresas privadas. Intentaríamos que las cosas volvieran a depender del Servicio Regional de Bienestar Social y no dejar que se desmantele, como está ocurriendo.
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