Respecto a la nueva fijación de plazos, Jiménez explicó que en aquellas comunidades, como Madrid, que tengan establecido un proceso en dos pasos —en el que primero se reconoce el grado de dependencia y después el derecho de prestación— aunque el proceso global debe desarrollarse en los seis meses marcados, el dictamen tendrá que hacerse efectivo en un plazo "no superior a tres meses".

Además, según anunció este lunes el departamento que dirige Engracia Hidalgo, los dependientes madrileños podrán elegir la residencia concertada que deseen gracias a un cheque o tarjeta monedero cargada con dinero de la administración autonómica que quiere poner en marcha el Ejecutivo regional.

El dependiente recibirá en su tarjeta el dinero que le corresponda en función de su grado de dependencia, con la que podrá afrontar los costes de la residencias concertada que elija. En el caso de que desee un centro que cueste más de la asignación de la tarjeta, será el propio dependiente el que ponga la diferencia.

Desde la Consejería explicaron que lo que se busca con este proyecto es que los dependientes puedan elegir plaza en la residencia que deseen. Esta medida de momento se aplicará a las residencias concertadas, y Familia y Asuntos Sociales quiere que entre en funcionamiento antes de verano.

La portavoz socialista de Familia y Asuntos Sociales, Pilar Sánchez Acera, tachó de "ocurrencia lamentable" la creación de la nueva tarjeta monedero. "Cuando sufren determinadas situaciones los ciudadanos necesitan un gobierno cercano, una administración inteligente y sensible, y no una presidenta que les diga ‘toma el dinero y búscate la vida’.

Según el informe 'Financiación y Costes de la Ley de Dependencia', realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, los dependientes de la Comunidad de Madrid son los que más contribuyen a cofinanciar los servicios que perciben, concretamente el 24 por ciento (7,2 puntos por encima de la media nacional), además de estar a la cola en cuanto al número de beneficiarios atendidos. Un extremo que negó la Consejería, según la cual el Ejecutivo económico asume el 70 por ciento de los costes, frente al 20 por ciento del Estado y el 10 por ciento del usuario.