Garzón pide al Ayuntamiento y al Valle de los Caídos información sobre los muertos en la Guerra Civil

El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron en la Audiencia Nacional, solicitando la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

En una providencia hecha pública este lunes, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre "el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento".

Además, pide al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado "alzamiento nacional" de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

El requirimiento se extiende a otros alcaldes como los de Granada, Córdoba, y Sevilla, así como al rector de la Universidad de Granada. En él documento están incluidos la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Centro Documental de Memoria Histórica.

Información de otras instituciones
Garzón pide "las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público". Solicita también una relación de informes al centro Nacional de la Memoria Historia (sobre los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo), el Ministerio de Defensa y la Dirección de Registros y Notariado

En su providencia, el magistrado requiere a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a través de los libros de difuntos de los que dispongan.

Además, requiere a una de las partes personadas que aporte "toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas" para que "estas exhumaciones puedan ser controladas" por su Juzgado, tanto en su ejecución, como en su resultado una vez que resuelva si procede o no admitir a trámite la causa.

La Fiscalía pidió el archivo
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.

Los familiares de las víctimas, que se manifestaron el pasado 26 de febrero a las puertas de la Audiencia Nacional, defienden que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada "no es conforme al Derecho Internacional".

Los colectivos que impulsan esta iniciativa son la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra), Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria).

Precisamente, Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en una fosa común, en la localidad granadina de Víznar, junto al poeta Federico García Lorca, explicó la semana pasada que acudir a la vía judicial es "prácticamente la única salida que le queda" para promover la exhumación de la fosa en la que podrían encontrarse los restos de su abuelo tras "más de 16 de años de lucha" y ante la reiterada negativa de la familia Lorca a desarrollar esta actuación.