En la línea de lo expuesto por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el último Debate del Estado de la Región (DER), el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid conocerá este miércoles durante su reunión semanal el proyecto de decreto que, una vez aprobado, permitirá establecer una fecha de caducidad en las leyes autonómicas de carácter organizativo, así como la obligación de evaluar el resto de las normas cada cuatro años.
Todo, apuntan fuentes del Ejecutivo regional, con el objetivo de simplificar y modernizar el marco normativo existente, verificar su eficacia y velar al mismo tiempo por su correcta aplicación en pos de una mayor seguridad jurídica para todos los madrileños, incluyendo ciudadanos, empresas e inversores.
La iniciativa, cuya aprobación está prevista para el primer semestre del año, establece la obligatoriedad de llevar a cabo al menos una evaluación de la legislación antes de que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor de cada disposición, salvo en aquellos casos con rango de ley que establezcan otro plazo. De este modo, explican mismas fuentes, se podrá "verificar si las medidas adoptadas han alcanzado los objetivos previstos" o si por el contrario "resulta necesario ajustarlas al contexto actual".
Además, la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá formular en el periodo de un año desde la puesta en marcha del decreto una propuesta de revisión de los procedimientos administrativos. Una medida encaminada a priorizar el silencio positivo en defecto de resolución expresa en plazo y hacer, además, "en beneficio de los ciudadanos".
El procedimiento de evaluación de la normativa incluye una fase de consulta pública para fomentar la participación de los ciudadanos y las empresas y concluirá con un informe elaborado por la consejería competente. El resto de criterios se fijarán en la ya citada Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa.
Asimismo, el nuevo mecanismo establece la pérdida de vigencia de las disposiciones reglamentarias de carácter organizativo -con la única excepción de los decretos de estructura orgánica- y aquellas que regulen la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados, transcurridos los cinco años desde su entrada en vigor, salvo que, como resultado de la correspondiente evaluación, se considere necesario mantenerlas.
Por último, la iniciativa incorpora un procedimiento abreviado para determinadas leyes que, "por su simplicidad", así lo permitan. En la práctica, aquellas que no requieran de informes jurídicos previos y siempre habiendo superado "todos los controles y consultas pertinentes".
El mecanismo, aseguran, será similar al de tramitación de los proyectos y proposiciones de ley en lectura única en la Asamblea, sin eliminar ningún procedimiento pero recortando los tiempos, lo que traerá consigo una "reducción sustancial en los plazos de gestión".
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